Será televisada la audiencia en la que se definirá el futuro de los detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa

MAR DEL PLATA. Si los ocho jóvenes detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa siguen presos o reciben la prisión domiciliaria comenzará a definirse la semana próxima en los tribunales de Dolores, donde los acusados enfrentarán a los tres camaristas que deberán definir si ratifican o revocan las prisiones preventivas que les impuso el juez de Garantías David Mancinelli por el crimen ocurrido el 18 de enero pasado en Villa Gesell.

El próximo jueves 19, a las 11, será la audiencia preliminar en la que los jueces Fernando Sotelo, Luis Defelitto y Susana Yaltone, integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, escucharán a la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni; a los abogados de la familia de la víctima; al defensor, Hugo Tomei, y a los ocho detenidos, que estarán allí presentes.

La novedad para esta instancia es que, por pedido de la defensa, la audiencia será televisada. El tribunal pidió a un canal local que se encargue de disponer los medios técnicos para la transmisión en vivo de lo que allí acontezca.

Una vez completado ese paso los tres jueces avanzarán hacia la resolución de la situación procesal de Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Ciro, Luciano y Lucas Pertossi. Todos están presos, acusados de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

La audiencia buscará escuchar argumentos de todas las partes, que ya han hecho sus correspondientes presentaciones por escrito. También servirá para dar a los imputados la posibilidad de hablar con los magistrados, aunque lo que allí declaren no será parte del expediente como lo sería una declaración indagatoria. La instancia es similar a la que ya afrontaron frente al juez Mancinelli un día antes de que este resolviera dictar la prisión preventiva de los ocho detenidos.

Fue en aquella oportunidad cuando el grupo rompió el silencio, al menos en cuanto a referirse al hecho que se les imputa. "Ninguno de nosotros quiso que pase lo que pasó", dijo Cinalli, el único que habló en esa ocasión, cuando el juez Mancinelli les dio la palabra.

La definición de las prisiones preventivas que hoy pesan sobre estos ocho acusados es de lo más relevante que tendrá la causa en los próximos días. En términos de peritajes se aguardan los cotejos genéticos y el resultado de la scopometría, estudio forense que comparará una zapatilla de los detenidos con las marcas de una patada que quedaron en el rostro de Báez Sosa.

Será otra oportunidad para que estén cara a cara las partes. Tomei, en la última oportunidad que se cruzaron, no escatimó críticas al desempeño de la fiscal Zamboni. Tanto así, que planteó su recusación, pedido que fue rechazado por el juez Mancinelli y, posteriormente, fue apelado por la defensa.

El particular damnificado insistirá en la responsabilidad de los ocho detenidos y también de Alejo Milanessi y Juan Pedro Guarino, otros dos imputados pero en libertad. Fernando Burlando, a la cabeza del equipo jurídico que representa legalmente en la querella a los padres de la víctima, reclama que los diez estén detenidos y también que se investigue posibles complicidades de al menos una y hasta tres personas más, las cuales nunca han sido citadas a declarar en esta investigación.

Mientras tanto, tal como publicó LA NACION, la Justicia avanza con medidas para prever un posible régimen de prisión domiciliaria. En principio Mancinelli ya lo negó, en función de la gravedad de la acusación y también del comportamiento de los acusados, que escaparon de la escena del crimen e intentaron eludir su responsabilidad cuando la policía fue a buscarlos. Estos comportamientos lo llevaron a presumir que en caso de salir de la cárcel podrían fugarse.

Lo que se hizo durante los últimos días fue una inspección de los domicilios de los ocho detenidos. Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmó que en todos los casos hay condiciones técnicas para que allí se alojen monitoreados con pulseras electrónicas. Ese informe se complementará con otros dos: uno socio-ambiental y otro psicológico, este último a partir de entrevistas individuales a cargo de peritos especializados.