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Tercera derrota. Vuelven a negarle la libertad al "Madoff argentino"
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LA NACION
La tercera no fue la vencida para el "Madoff argentino". El tribunal que juzgará por asociación ilícita, estafa y lavado de activos agravado a Enrique Juan Blaksley Señorans denegó un nuevo pedido de excarcelación formulado por la defensa del expresidente de la firma Hope Funds en el contexto de la pandemia de Covid-19.
El Tribunal Oral Federal N°4, al dar sus argumentos de la negativa, aludió a riesgos procesales y un eventual peligro de maniobras para eludir embargos vinculados a bienes de Blaksley en Panamá, Marruecos, Indonesia y los Estados Unidos, según el fallo al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.
Blaksley lleva dos años y seis meses detenido. Su defensa argumentó que la situación afecta y provoca perjuicios a sus seis hijos y que, desde el inicio del aislamiento por el Covid-19 en las cárceles, solo cuenta con un teléfono celular para comunicarse con su familia vía Skype.
Sin embargo, el Tribunal resaltó que siguen vigentes los argumentos por los cuales había denegado el cese de la prisión preventiva o su morigeración en dos ocasiones, el 7 de abril y el 13 de agosto. También habían rechazado un pedido de nulidad de la causa y sobreseimiento impulsado por la defensa del acusado.
El hecho de que tenga a su alcance dinero en el mercado financiero clandestino fue un aspecto determinante en la decisión del tribunal. Blaksley contaría con "liquidez por fuera de su universo económico conocido" y, en consecuencia, hay riesgo de "maniobras para eludir embargos", sostuvieron los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel.
Los magistrados realizaron la instrucción suplementaria preparatoria del juicio oral, para lo cual habilitaron, por orden de la Cámara Federal de Casación, la feria extraordinaria por el coronavirus. Ahora deben poner fecha para el inicio del debate.
"Corresponde recordar que en el marco de la presente causa se ventilan importantes maniobras presuntamente perpetradas por numerosos imputados -elevada a juicio con 16 personas- en distintos países y continentes", destacaron.
El empresario quedó procesado tras las denuncias de damnificados de lo que, según reconstruyó la Justicia, se habría tratado de una estafa piramidal al estilo del caso del asesor financiero Bernard Lawrence Maddof, condenado en los Estados Unidos a 150 años de prisión después de haber confesado haber llevado a cabo una de los mayores desfalcos de la historia de Wall Street con una maniobra basada en el esquema Ponzi por valor de US$ 65 mil millones.
El exdueño de Hope Funds habría actuado a través de "sospechadas estructuras organizadas y entramados empresariales y financieros de carácter transnacional, en el cual se investiga un perjuicio económico de inusitada magnitud", remarcó el Tribunal.
El abogado del acusado, Mariano Varela, argumentó que no habría peligro procesal en lo referido a un eventual acceso a Internet para desviar fondos, en caso de quedar libre, porque su cliente ya cuenta con acceso a la web en la cárcel desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio sin que, en aprovechamiento de esa circunstancia, haya cometido ninguna de las maniobras sugeridas.
El TOF4 sostuvo que el acceso de los reclusos a dispositivos electrónicos e Internet para comunicase con las familias en esta "circunstancia excepcional" es monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La causa
Blaksley está procesado por 318 casos de estafas reiteradas calculadas en 184 millones de pesos, captación de ahorro del público no autorizada agravada por haber sido cometida mediante oferta pública, lavado de activos agravado por su origen delictivo y jefe de asociación ilícita.
En el procesamiento en primera instancia, la jueza federal porteña María Romilda Servini de Cubría consideró que Blaksley creó estructuras empresariales complejas que le permitieron defraudar tanto a privados como al fisco, y con las sumas de dinero que le habían sido confiadas "amplió aún más esa estructura mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son solo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno".
Según la investigación judicial, Blaksley, en su carácter de titular de la firma Hope Funds, en un principio cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban a la empresa, sin saber lo que en verdad ocurría en ella, y le acercaban nuevos interesados.
Así se firmaban los contratos mutuos en pesos y dólares, según adónde se dirigiera la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debió haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía.
La asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, habría estado constituida por unas 15 personas que desde sus respectivos roles aportaron para la producción del desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en distintos países, entre ellos, los Estados Unidos y Panamá.
Otro de los productos ofrecidos eran participaciones o construcciones futuras en emprendimientos urbanísticos, como departamentos en Nordelta y en el barrio privado Verazul, de Pilar, que nunca se pudo construir.
Para lograr sus fines, Blaksley se mostraba como un hombre de negocios exitoso: accedió a encuentros con los papas Francisco y Benedicto XVI y organizó eventos deportivos, entre ellos, los partidos de tenis entre Roger Federer y Juan Martín del Potro y la visita del velocista Usain Bolt para correr contra el Metrobús.
Blaksley, que está preso desde el 10 de abril de 2018, será sometido a juicio junto a otros 16 imputados, entre ellos, varios de sus familiares directos: el gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino, y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega.
También quedaron en la misma situación Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley, hermanos de Enrique, a quienes la jueza Servini les atribuyó los mismos delitos y los consideró miembros de la asociación ilícita, al igual que a la mayoría de los 16 imputados.
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