Tras el regreso de Pity Álvarez a los escenarios, denunciaron a Agustín Calleri y a una productora
Las presentaciones fueron hechas por el fiscal general Sandro Abraldes, a cargo de la acusación pública en el juicio que el músico debe enfrentar por un homicidio
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Después de siete años de ausencia, el músico Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, volvió a los escenarios. El sábado pasado se presentó ante 35.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El show ya tiene consecuencias en Tribunales.
En las últimas horas, el fiscal general Sandro Abraldes denunció a Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), y a una productora que participó del recital.
Abraldes es el fiscal que está a cargo de la acusación pública en el suspendido juicio donde Pity Álvarez debería ser juzgado por un homicidio cometido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y por los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas.
“Pity Álvarez tiene un juicio abierto. Hay una disposición en el Código Procesal Penal que establece que para poder enfrentar un juicio el acusado tiene que estar en situación de imputabilidad. No solo tiene que ser imputable ene el momento del hecho, sino también en el juicio. La defensa del músico logró que, bajo la base de su situación psiquiatra y psicológica, se lo haya declarado inimputable provisoriamente. El juicio está suspendido. Álvarez está sometido a una junta médica, que de tanto en tanto lo evalúa. De hecho, el juez le concedió recién la autorización para viajar a Córdoba el miércoles de la semana pasada [72 horas antes del show] porque no se presentaba en el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes. No es que el juicio se borró de un plumazo, está suspendido, pero no anulado”, había dicho a LA NACION, pocas horas del recital, una calificada fuente judicial.
El viernes pasado, cuando faltaban menos de 24 horas para el show, el fiscal Abraldes le envió una notificación electrónica a Calleri, que tiene a su cargo la administración, cuidado y seguridad del estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
“El motivo de dicha comunicación fue solicitarle que arbitrara todos los medios a su alcance para habilitar y asegurar el ingreso a dicho estadio el día 20 de diciembre de cuatro funcionarios policiales que integran la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA), a los que se les había encomendado una serie de tareas en el interior del establecimiento durante el evento musical que allí se concretaría”, explicó el fiscal Abraldes en una denuncia presentada ante el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado.
En su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, el fiscal Abraldes sostuvo: “El requerimiento no fue cumplimentado. El mismo sábado 20 de diciembre pasado, en horas de la tarde, se recibió en la casilla de correo electrónico de la fiscalía una nota (en un archivo de Word, sin firma) en la que se informaba que el evento a realizarse en el estadio Kempes se encontraba a cargo de la empresa En Vivo Producciones SA y eran ellos los responsables del control de ingreso al predio. El personal policial asignado al cumplimiento de las tareas de investigación tuvo serias dificultades en el acceso al estadio, el cual finalmente se concretó merced a una gestión telefónica entre el representante legal de la productora aludida y uno de los funcionarios de la fiscalía".
Según el representante del Ministerio Público, “en el contexto de los intercambios telefónicos que se mantuvieron con el abogado de la citada productora, se tomó conocimiento, no solo de que el presidente de la Agencia Córdoba Deportes no habría realizado gestión alguna para la implementación del requerimiento que le fue cursado, sino que -además- se habría puesto en conocimiento de allegados de Álvarez Congiu acerca de la diligencia policial que se practicaría durante el recital. Ello, así pues, la defensa técnica del nombrado, horas antes del comienzo del evento, habría realizado gestiones para impedir el desarrollo de la actividad policial, mediante comunicaciones a la propia entidad gubernamental. Cabe destacar que la intervención de la División Operaciones Técnicas Especiales de la PFA en el estadio Kempes únicamente era conocida por quien suscribe, los colaboradores de la Fiscalía y las propias autoridades policiales, lo que permite sospechar fundada y objetivamente, a la luz de los hechos ocurridos, que el funcionario indicado -o quien resulte responsable según la investigación- podría haber incurrido, al menos, en el incumplimiento a la manda contenida en el art. 2, incisos c y f -segunda parte- de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que imponen el deber de velar por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, con privilegio del interés público sobre el particular e indica la prohibición de uso de información adquirida en el cumplimiento de funciones en beneficios de intereses privados. Por estos motivos, esta Fiscalía considera que existe mérito suficiente para iniciar una investigación criminal en contra de la persona indicada”.
Además, en paralelo, el fiscal Abraldes presentó una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional contra la productora Pop Art Music porque habría " obstaculizado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo las imágenes que podían ser obtenidas respecto" de Pity Álvarez, “pese a que los efectivos federales le informaron que tenían una orden que cumplimentar en el marco de un proceso judicial”.
El homicidio por el que fue llevado a juicio Pity, debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29, ocurrió en julio de 2018. La víctima se llamaba Cristian Díaz.
“Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado”, había sostenido el juez Martín Yadarola cuando procesó, hace siete años y medio, a Pity Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
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