Tras más de 40 años, detienen a cuatro exguardiacárceles por la "masacre de Devoto"

El pabellón 7, arrasado por las llamas el 14 de marzo de 1978
El pabellón 7, arrasado por las llamas el 14 de marzo de 1978 Fuente: Archivo
Tras la declaración de imprescriptibilidad, el juez federal Rafecas indagó a los expenitenciarios por la represión previa al incendio que se cobró las vidas de 64 presos el 14 de marzo de 1978
Gastón Rodríguez
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17 de diciembre de 2018  

"Esta era una causa que estaba perdida, que a nadie le importaba", dice la abogada y escritora Claudia Cesaroni, que encabeza la querella de "la masacre en el pabellón séptimo", la dura represión que provocó la mayor tragedia que el penal de Villa Devoto recuerde: 64 presos murieron quemados, asfixiados o baleados el 14 de marzo de 1978, según el recuento oficial.

Más de 40 años después, la causa, en la que inicialmente, en plena dictadura militar, solo fueron acusados los propios reclusos, salió de su largo letargo de total impunidad. Tras la declaración de crimen de lesa humanidad, el juez federal porteño Daniel Rafecas -que tiene a su cargo la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, del que dependía la cárcel de Devoto- citó a indagatoria a cuatro agentes penitenciarios que estaban de servicio el día del hecho: el exdirector del penal prefecto Juan Carlos Ruiz; el exjefe de requisa Carlos Aníbal Sauvage; el exalcaide mayor y jefe de seguridad interna Horacio Martín Galíndez, y el excelador del pabellón 7 Gregorio Bernardo Zerda.

Acusados de tormentos seguidos de muerte y tormentos a los sobrevivientes, los cuatro negaron los cargos; Ruiz deslindó toda la responsabilidad de lo ocurrido en su segundo, el subprefecto Armando Raimundo Gómez, que además fue el inicial instructor de la causa, el hombre que construyó la versión oficial de los hechos ahora desacreditada por la Justicia porteña.

Rafecas ordenó la detención de los cuatro (a Galíndez y Ruiz los benefició con el arresto domiciliario) y ahora debe decidir si los procesa o no.

"Cuando el juez les informó de qué se los acusaba, hizo un relato de los hechos muy similar al nuestro, que está fielmente documentado y construido sobre la base de los testimonios de los sobrevivientes. Esto no fue un hecho común, no fue un motín, como quisieron instalar, y mucho menos un incendio accidental. Fue una masacre", remarcó Cesaroni.

Según el relato de los sobrevivientes, el 14 de marzo de 1978, poco antes de las 8, una requisa de entre 70 y 80 penitenciarios -cuando lo habitual era que lo hicieran 30- ingresó en el pabellón 7 con palos, cadenas y fierros y comenzó a golpear a los presos. La resistencia obligó a los guardias a retroceder hasta la "pasarela" (el pasillo que da a los ingresos), desde donde dispararon con ametralladoras y lanzaron gases lacrimógenos.

Siguiendo esta versión de los hechos, que la Justicia convalidó, los presos "clavaron" los colchones en las rejas del ingreso al pabellón para obstruirles la visión a los guardias que disparaban. Fue entonces, cuando un penitenciario pateó un bidón con querosene hacia los colchones y desató el incendio.

"La noche anterior -dice Cesaroni-, un guardia les ordenó a los presos que estaban en el comedor apagar el televisor. El Pato Jorge Tolosa, uno de los detenidos más viejos, lo enfrentó y eso generó el escarmiento de la mañana siguiente. Ese guardia que había empezado todo era Zerda, uno de los cuatro que ahora fueron detenidos".

Zerda tenía entonces 27 años y los presos lo habían bautizado Kung Fu, por su afición a las artes marciales, que los presos solían sufrir.

"Me saqué una mochila"

Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes, tenaz impulsor de la investigación
Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes, tenaz impulsor de la investigación Crédito: Santiago Hafford

En marzo de 2013, Cesaroni se presentó en el juzgado de Rafecas para exigir que se consideraran los hechos mortales del pabellón 7 un delito de lesa humanidad. En primera instancia, Rafecas rechazó el pedido con el argumento de que había afectado a presos comunes, no políticos, y que el caso debía continuar en la Justicia ordinaria.

Junto a Cesaroni estaba Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes de la masacre, a quien la abogada había contactado años antes por Facebook para proponerle ayudarla en la investigación del caso. Desde entonces, Cardozo inició una cruzada personal para "reivindicar la memoria de tantos compañeros y lograr justicia". Confiesa: "Cuando me enteré de las detenciones se me cruzaron por la cabeza un montón de cosas. Sentí alegría, angustia, alivio, todo mezclado, porque fue como haber cumplido con todos los compañeros que habían quedado olvidados durante tanto tiempo, todos esos fantasmas que me visitaban y que ahora empezaron a desaparecer. Sentí que me había sacado una pesada mochila, porque ahora hay un montón de almas felices en algún lado".

Para Cesaroni estas detenciones son una "muy buena señal" porque significa que el juzgado construyó "un relato de los hechos verídico coincidente con el de los sobrevivientes como Hugo".

"Es una novedad importante, pero esperamos que haya otras, porque aún quedan muchos responsables que la Justicia no citó. Esta era una causa que estaba perdida, que a nadie le importaba, ni al movimiento de derechos humanos, porque decían que eran presos comunes. Ojalá que se avance con nuevas detenciones porque basta mirar el caso de la comisaría 3° de Esteban Echeverría del mes pasado para saber que estos hechos siguen pasando", concluyó.

La reapertura del caso, fruto de una larga lucha

En agosto de 2014, la Sala I de la Cámara Federal porteña resolvió "declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Villa Devoto configuran crímenes de lesa humanidad". Durante años, la causa había alternado entre la Justicia Federal y la ordinaria, pero nunca fue investigada.

El 30 de julio de 1979, el entonces juez de Instrucción Jorge Valerga Aráoz dictó el "sobreseimiento provisorio" de todos los imputados en el "motín, intento de fuga e incendio autoprovocado", y archivó la investigación.

Uno de los argumentos que convenció a la Cámara de fallar a favor de la imprescriptibilidad fue que entre las víctimas de la masacre estaba el militante uruguayo Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, secuestrado en agosto de 1976.

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