Un "arrepentido" reveló un contacto entre un traficante y el juez Soto Dávila

Carlos Soto Dávila, en su despacho del Juzgado Federal de Corrientes
Carlos Soto Dávila, en su despacho del Juzgado Federal de Corrientes Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi
El “imputado colaborador” señaló que Federico “Morenita” Marín fue a “negociar” la liberación de su pareja a la casa del magistrado, que hoy será indagado en Comodoro Py
Gabriel Di Nicola
Germán de los Santos
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10 de diciembre de 2018  

Federico "Morenita" Marín estaba desesperado. Su pareja, Lourdes Alegre, no paraba de presionarlo desde la cárcel: quería quedar en libertad. Corría el invierno de 2016 y él lo tuvo claro: debía negociar un "arreglo" con el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila.

Morenita estaba prófugo desde enero de ese año y la caída de varios miembros de su banda en Itatí, una zona caliente del contrabando de estupefacientes, y los secuestros de marihuana -unos 8700 kilos- habían golpeado muy fuerte sus bolsillos. Federico Grau, uno de los secretarios del juez, se reunió con uno de los abogados de Marín y le puso precio a la libertad de Alegre: 380.000 pesos.

Así surge del expediente judicial a cargo del juez federal porteño Sergio Torres donde Soto Dávila, Grau y Pablo Molina, otro de los secretario penales del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, están imputados como integrantes de una asociación ilícita que cobraba sobornos a narcos a cambio del dictado de resoluciones favorables.

Ese presunto vínculo, descripto en la causa, será uno de los elementos sobre los cuales Soto Dávila será indagado por Torres esta mañana en los tribunales de Comodoro Py. Aunque para el tipo de delitos que se le imputa se prevé la detención, él cuenta con inmunidad de arresto por su condición de juez. El 18 de este mes enfrentará cargos ante el Consejo de la Magistratura, que podría suspenderlo en el cargo.

En cambio, los secretarios de Soto Dávila, Grau y Molina, están presos desde el martes pasado. Ese mismo día fueron detenidos los abogados Humberto "Pochi" Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaban legalmente a los narcos.

El precio de los sobornos se había incrementado porque el riesgo era mayor, según interpretan los investigadores consultados.

"El panorama se complicó", le confesó a Morenita el 12 de agosto de 2016 el abogado Viglione, que, se sospecha, se encargaba del pago de las coimas.

"Ahora la fiscalía trabaja con la Nación y hay una carátula con tu nombre", le contó el letrado. La detención de Lourdes Alegre había tomado por sorpresa a Morenita. Se resquebrajaba el negocio narco e Itatí dejaba de ser una zona liberada para acopiar los cargamentos de marihuana que provenían de Itá Corá y Pedro Juan Caballero, en Paraguay, y se distribuían de Corrientes a siete provincias.

Alegre había quedado presa en la Unidad Penitenciaria N° 3 luego de que Soto Dávila la indagara el 28 de julio de aquel año. Tres semanas antes, la Gendarmería Nacional había allanado su casa y secuestrado un cargamento de marihuana.

"No estoy para nadie porque a mi mujer la dejaron presa", le confesó Morenita a su abogado Omar Serial, que se presentó junto con Pochi Giménez como defensor de Alegre. A la par, el abogado Viglione negociaba en la oscuridad. El día de la detención de la pareja de Marín llamó a Grau. A los investigadores les llamó la atención la comunicación porque hacía tres años que no se hablaban. Otro abogado, Barboza Galeano, se reunió luego con Grau en el café Havanna de Yrigoyen y Mendoza, pleno centro de Corrientes. Allí se juntan "políticos, jueces y policías a ver las carreras de caballos", contó un narco que declaró como arrepentido o "imputado colaborador".

"Barboza dijo que había que pagar 380.000 pesos para que Alegre saliera en libertad", reveló el arrepentido. Y agregó que, según Barboza, para "el juzgado eran 280.000 y para el abogado, 100.000".

Marín tenía otra carta: Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado, que tenía contacto directo con Soto Dávila, según él se jactaba ante Morenita. El 8 de septiembre, a las 16.55, Faraone llamó al juez. La comunicación duró 138 segundos. Al otro día, Morenita habló con su mujer por teléfono.

"¿Sabés quién es el guardaespaldas del juez [Soto Dávila]?: Joselín", le dijo Marín a Alegre. Joselín es Joselo Borjas, un gendarme detenido en octubre pasado junto con su expareja Agustina Faraone Sigel, hija del exjefe comunal de Empedrado.

La cercanía de Faraone con el juez Soto Dávila se tradujo en la temeraria decisión que tomó el 8 de septiembre, cuando tras llamar al tribunal fue a la casa del magistrado con el propio Marín, que estaba prófugo en una causa radicada en su juzgado. "Faraone me dijo que iba a arreglar con Soto Dávila para que Alegre quedara libre, como lo había hecho antes", reveló el arrepentido.

"Soto Dávila dijo que la cosa estaba caliente", contó, y dio detalles de la casa del juez federal para confirmar que, a pesar de tener orden de captura ordenada por ese propio magistrado, lo había visitado en su domicilio junto con Faraone.

"Es una casa blanca, antigua, con puertas grandes, que enfrente tiene un árbol", apuntó ante el juez Torres. Antes de llegar a la casa, Faraone le dijo al magistrado una sugerente frase: "Doctor, no me meta preso..., ahí me fui a pescar con Luciano [su hijo] a Paso [de la Patria], saqué un dorado y quiero convidarlo".

Las conversaciones y los testimonios de Marín y del narco arrepentido constan en un dictamen que presentó ante el juez federal Torres el fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Los antiguos lazos entre Faraone y Soto Dávila fueron revelados por el imputado colaborador, cuando afirmó que el exintendente de Empedrado compraba cocaína "para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistían el juez Soto Dávila y Grau".

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