Un barra, dos camisetas. Un sicario ejercía el poder narco en las tribunas de Newell’s y de Central

ROSARIO.-Los 32 balazos en la puerta y las paredes de un departamento en barrio Municipal mostraban en 2018 la rabia de la violencia narco. En ese lugar vivía la hermana de Juan Domingo Ramírez y los disparos eran un mensaje hacia él: uno de los sicarios más emblemáticos de la banda de Los Monos, que se había escapado en 2014 de la jefatura de Policía de Rosario, tras entregar un auto, según declaró su pareja, como parte de una coima a los agentes de la brigada de la División Judiciales. Ramírez –quien murió este viernes tras ser blanco de un ataque sicario el 22 de julio pasado- era uno de los gerentes de la banda de Los Monos en la barra de Newell’s, pero su función tenía una extraña particularidad, también estaba vinculado a uno de los sectores del núcleo duro de la tribuna de Rosario Central.

El color de las camisetas, las rivalidades futbolísticas, la pasión futbolera queda desdibujada por el negocio narco. Desde hace por lo menos una década, las dos barras estuvieron unidas por un eslabón pesado: el narcotráfico y los negocios mafiosos, con una relevancia mortífera de Los Monos. Pero ese esquema cambió. La banda Los Menores, sobre la que se sostiene una especie de cooperativa narco, pretende ahora reemplazar la hegemonía de lo que queda del clan Cantero. Y el fútbol es una de las terminales de esa estrategia, aunque en Rosario las rivalidades en el mundo narco se resuelven con balas 9 milímetros, una tendencia que se asienta en la historia reciente, más precisamente desde 2012.

“Cascarita” Ramírez era un veterano y un sobreviviente del universo narco rosarino. Una rara avis, porque a los 51 años estaba en libertad, había surfeado el cementerio y la cárcel, aunque su última condena fue a cuatro años y seis meses en el fuero federal por narcotráfico en 2022. Lo llamativo es que pasó a estar luego en prisión domiciliaria, un beneficio que se le retiró este año luego de que su hermana, la que le habían baleado la casa en 2018, lo denunciara por “delitos contra la integridad sexual”.

Ramírez fue atacado el 22 de julio pasado en la puerta de su casa, en Rueda al 1800, frente al hospital de Niños Victor J. Vilela. En ese momento, este sicario, al que los jueces federales de Rosario desconocían su perfil, estaba con una tobillera electrónica. No está claro porqué tenía ese beneficio, si la fiscalía federal de Rosario había pedido a Gendarmería que lo detuviera. Lo extraño es que concurría a los dos estadios, al de Newell’s y al Gigante de Arroyito, como consigna la foto que ilustra esta historia.

Ramírez atendía su kiosco, que está ubicado dentro de su propiedad, cuando un sospechoso en moto golpeó la puerta y lo llamó. Al asomarse, recibió un disparo en el cuello y otro en una mano. De acuerdo a los primeros indicios, el tirador tenía puesto casco y su moto llevaba una caja de delivery roja. Los peritos forenses que trabajaron en la escena secuestraron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros. A pocos metros de allí, tres días antes del ataque contra Ramírez fue asesinado Brian Figueroa, otro referente de Los Monos en la barra de Newell’s.

El ataque contra Cascarita Ramírez se produjo dos días después de fuera visto en el estadio Marcelo Bielsa como nuevo “referente” de la barra brava de Newell’s. No era la primera herida para Ramírez, que fue baleado en mayo de 2013 y en enero de 2014. Por fuera de sus condenas por asociación ilícita y venta de droga, tiene otros antecedentes. Uno de ellos fue la mediática fuga de la Jefatura de la Policía de Rosario en enero de 2014, cuando pegó un tirón de las esposas que lo tenían sujetado a una baranda y se echó a correr. En realidad, pagó con un auto su huida.

Las bandas coparon los núcleos duros de las hinchadas Newell’s y de Rosario Central por estrategia y necesidad propia del negocio narco, que tiene varias raíces. Una es incrementar la fidelización a partir del “amor” a la camiseta con el grupo criminal, como ocurrió en el club del Parque de la Independencia con la banda de Los Monos. Otra es controlar los negocios paralelos al club, como, por ejemplo, el alquiler para espectáculos del estadio cubierto, como así también el merchandising no oficial, los trapitos, la venta ambulante y hasta los pases de algunos jugadores. A esto se suma, el dominio territorial que tiene la hinchada en determinados barrios, que significa el control de determinadas zonas. Muy pocos se animan a desafiar ese entretejido mafioso.

Ninguna de estas maniobras se podría concretar sin la complicidad de la dirigencia. Esto quedó expuesto el 24 de junio de 2023, cuando, luego de que la banda de Los Monos desplegara una gigantesca bandera en el estadio durante la despedida de Maximiliano Rodríguez, el presidente del club Ignacio Astore controló personalmente que al otro día sacaran sin problemas esa bandera del club, lo que lo llevó a tener que dar explicaciones en la Justicia.

Esta mafia enquistada en esta institución llegó a cometer crímenes terribles y amenazas de extrema gravedad, como la que sufrió el jugador Ángel Di María. En marzo del año pasado, a su hermana le dejaron en la puerta de su inmobiliaria una caja con la cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza. Y el country donde vive la familia del jugador fue tiroteado. Estas intimidaciones buscaban que el futbolista no volviera a Rosario Central, algo que se concretó recién en julio pasado. Quienes llevaron adelante estas acciones eran barras de Newell’s que pertenecen a la banda Los Monos, encabezados por Alejandro Ficcandenti.

En Rosario Central, los asesinatos de Andrés Bracamonte, alias Pillín, y Ricardo Attardo, jefes de la barra, el 9 de noviembre pasado, expusieron que el crimen organizado pretendía quedarse con el control de esa barra, que tenía también una fuerte influencia desde hace tiempo del clan Cantero. Tras la muerte de Bracamonte, que lideró la hinchada durante más de dos décadas, asumió la jefatura de la barra un miembro de un grupo criminal que se denomina Los Menores, que está sospechado de pergeñar el asesinato de Pillín.

El 16 de julio pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó ante los fiscales y jueces federales de Rosario que se ponga en práctica, por primera vez en el país, la ley antimafia en Rosario. Con la aplicación de esta normativa buscarán desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta nueva etapa, luego de que fueran encarcelados y se los mantuviera aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos, Esteban Alvarado, Los Funes y Caminos. La particularidad es que esta nueva generación de narcos está vinculada de manera más cercana a las hinchadas de fútbol de Rosario. El crimen de Ramírez y Figueroa se inscribe en este contexto preocupante.

Uno de los objetivos de la ley antimafia es atrapar a Matías Gazzani, el narco cuya recompensa por datos que favorezcan su detención el Ministerio de Seguridad Nacional fijó en 10 millones de pesos. Luego se sumó la provincia de Santa Fe con una paga de 60 millones de pesos. Es quien ordena a la banda de Los Menores actuar con extrema violencia.

La interpretación que hacen en el Ministerio de Seguridad Nacional es que Gazzani es el referente de una especie de cooperativa narco, que está en plena expansión en Rosario y la región, luego de que los líderes de los principales grupos criminales fueran encarcelados y se encuentren bajo un régimen de aislamiento en las cárceles federales. Lo que buscan evitar es que este narcotraficante, que tiene pedido de captura de Procunar y de la Justicia provincial, siga en un proceso de expansión, con nuevos negocios vinculados a la droga, y el problema de la violencia en Rosario vuelva a generar problemas serios, después de la caída de los homicidios que comenzó el año pasado, cuando los asesinatos bajaron un 65 por ciento con respecto a 2023.

El primero que hizo visible a nivel público el nombre de Gazzani fue, presuntamente, su víctima: Andrés Bracamonte, en una entrevista con LA NACION en octubre pasado, unos días antes de que fuera acribillado en las inmediaciones de la cancha de Rosario Central. Luego, en enero, el núcleo duro de la hinchada se reacomodó y un hombre cercano a la banda Los Menores, como Lautaro “Laucha” Ghiselli, pasó a ocupar la principal referencia de la barra. En la ceremonia de quema de las banderas, que se hizo con una enorme choripaneada, estuvo presente Santino Alvarado, el hijo de Esteban Lindor, el principal narco de Rosario, que está preso actualmente en el penal de Ezeiza. Santino se mueve entre Rosario y Marbella, España. El exjuez federal Marcelo Bailaque renunció el 1° de julio pasado, luego de que se viera acorralado por una investigación en el Consejo de la Magistratura y en la fiscalía de Rosario, que, entre otras causas, apuntaba que el funcionario había dado cobertura en su juzgado a este narco.

Gazzani, ahora cercano a Alvarado, tiene sus orígenes en la banda contraria, como es Los Monos, que durante los últimos meses perdió influencia en la arquitectura criminal de la ciudad, sobre todo después de que murieron varias personas ligadas a Ariel “Guille” Cantero.

En Rosario la muerte “reacomoda” el negocio narco, como ocurre desde hace por lo menos una década y media, cuando a partir del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, el 26 de mayo de 2013, la ciudad empezó a vibrar bajo la conmoción de las venganzas narco que se transformaron en una parte fundamental del negocio ilícito, a diferencia de otros lugares, donde los traficantes buscan tener un perfil más bajo y evitar quedar al descubierto con hechos sangrientos.

La aparición de Gazzani dentro del esquema narco rosarino aporta, según describieron fuentes judiciales y del gobierno, algo distinto, por lo menos al modelo de negocios de distribución de drogas al menudeo que gestaron Los Monos hace dos décadas. Lo que observan es que Gazzani coordina una especie de cooperativa narco, en la que confluyen varios grupos, como Alvarado, Claudio Mansilla y Francisco Riquelme, entre otros. Esta “cooperativa” es la que, según la mirada de los investigadores, comenzó a mover grandes cantidades de cocaína que exceden el abastecimiento de la venta de drogas de la región. La expansión es hacia el conurbano bonaerense y otras provincias, como Córdoba, donde Alvarado tiene una terminal desde hace años, y algunos piensan que hacia el exterior, a través de socios instalados en la hidrovía.

El temor latente es que el escenario criminal de Rosario, que comenzó a cambiar a partir de la baja de los homicidios, vuelva a reproducir un escenario de violencia donde los sonidos de los disparos enciendan el pánico y se conviertan en un ritual natural. No hay un crecimiento desmesurado de crímenes, pero el negocio del tráfico de drogas creció bajo otra modalidad. En el primer semestre de 2025, el departamento Rosario registró 68 homicidios, 10 más que en el mismo período de 2024, cuando hubo una baja pronunciada del 65 por ciento con respecto a 2023. Lo que se ve, según apuntan fiscales que investigan los asesinatos, son “crímenes selectivos”, como, por ejemplo, contra Los Monos.

Algo que encendió la preocupación durante las últimas semanas, y que contribuyó para que se pidiera la aplicación de la ley antimafia, fue el hallazgo de un arsenal en la casa de uno de los familias de Francisco Riquelme. El 12 de junio pasado la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraron un tipo de armamento que no es común ver en manos de los grupos criminales locales. Entre las armas incautadas había tres fusiles Colt M4, una carabina que usa una munición calibre 5,56 mm, que no es muy fácil de conseguir en Argentina. Este tipo de fusil, que es un derivado del AR-15, es fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos, y es el arma principal de infantería del ejército norteamericano, y también lo usan fuerzas policiales de elite, como SWAT.

Esos “fusiles de asalto” no se usaron en Rosario, donde en ningún crimen ni ataque se registró ese tipo de munición que tiene un poder de fuego importante. Riquelme no es un tirador deportivo ni mucho menos. Adquirió ese armamento –probablemente a través de un vendedor ilegal de armas que lo trajo del exterior- porque piensa usarlo en algún momento.

El problema de la violencia narco de Rosario sigue latente, aunque la ciudad experimentó una mejora en la seguridad pública. Sin embargo, estos reacomodamientos en el mundo criminal generan alertas y obligan a las autoridades a actuar con firmeza e inteligencia para evitar que se repita el mismo esquema que hizo sangrar a Rosario durante más de una década. También esta nueva realidad expone desafíos cada vez más complicados para un Estado que siempre parece ir detrás de los acontecimientos, como evitar que se conforme un cartel narco, con capacidad para “exportar” cocaína desde la hidrovía.

Por Germán de los Santos

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