La emboscada final para el narco que intentó acercarse al fútbol argentino y a otros negocios
Carlos Yorelmy Duarte Díaz fue asesinado en Bogotá, Colombia, por un sicario
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El sicario ingresó en el bar, situado frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, y cumplió el encargo que le habían hecho. Ejecutó de cuatro balazos a Carlos Yorelmy Duarte Díaz y escapó sin dejar rastros. La víctima había sido investigada en la Argentina en una resonante causa de narcotráfico y lavado de dinero.
El homicidio ocurrió a las 15.40 del lunes pasado en un bar del Capital Towers Centro Empresarial de Bogotá, justo frente al búnker de la Fiscalía General de Colombia, en el barrio de Teusaquillo.
Duarte Díaz estaba almorzando con dos mujeres cuando el sicario ingresó. Sin decir una palabra le disparó y se fue. Las autoridades colombianas manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas.
Lo que no dicen los comunicados oficiales es quién era realmente este hombre de 52 años que murió a metros de uno de los edificios más vigilados de Colombia, y por qué su nombre aparece en cientos de páginas de expedientes judiciales argentinos relacionados con una de las operaciones de narcotráfico más sofisticadas que se descubrieron en el país: la causa conocida como Narcoarroz.
Durante casi siete años, la víctima estuvo prófuga de la Justicia argentina. Pero cuando la causa ya estaba elevada a juicio, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, su defensa se presentó en los tribunales argentinos y después de depositar el dinero que le fijaron como caución, “quedó a derecho”.
En septiembre de 2015, cuando la Justicia argentina desbarató una red que intentaba exportar 46 toneladas de arroz impregnadas con cocaína hacia África bajo la fachada del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas, Duarte Díaz ya no estaba en el país.
No fue el único. Los hermanos Erman y Williams Triana Peña, líderes del cartel, también escaparon. Trece miembros de la organización fueron detenidos, pero once lograron fugarse –según se sospecha- a través de la Triple Frontera.
Lo que la investigación judicial reveló después fue un entramado criminal de una complejidad que pocas veces se ve en Argentina. Y en el centro de esa maquinaria de lavado de dinero aparecía el nombre de Carlos Yorelmy Duarte Díaz. No como un narco de película, sino como un financista discreto, un operador sofisticado que manejaba empresas, firmaba contratos, invertía en clubes de fútbol y construía negocios aparentemente legítimos mientras blanqueaba millones de pesos del narcotráfico.
Los expedientes judiciales lo ubican en el “primer estamento” de la organización, el nivel jerárquico más alto, junto a los hermanos Triana Peña y Carlos Olmedo Silva Cárdenas, alias “El Mono”. Pero mientras los Triana Peña eran los jefes visibles, Duarte Díaz operaba desde las sombras, moviendo los hilos del dinero.
Duarte Díaz nació el 5 de septiembre de 1973 en Colombia. Llegó a Argentina en 2010, en plena expansión del Cartel del Norte del Valle hacia el sur del continente. Obtuvo un DNI argentino –el número 94.302.381– de forma irregular, como ocurrió con varios miembros de la organización. Ese documento le permitió crear sociedades, firmar contratos y moverse con total libertad por el país mientras lavaba dinero del narcotráfico.
Su empresa insignia era International Trade and Commerce (ITC) SA, constituida en 2011 junto al abogado Guillermo Heisinger, un exsubsecretario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. Entre 2011 y 2015, esa empresa administró un patrimonio millonario. Los estados contables eran impecables, auditados por un contador matriculado. Todo parecía legal. Pero los fondos provenían del narcotráfico.
Duarte Díaz también era presidente de Agro Beef SA, una empresa supuestamente dedicada a la actividad agropecuaria, y socio de Hard Business SA. Tenía oficinas en Viamonte 611, séptimo piso, en pleno microcentro porteño. Vivía en Nordelta, en el exclusivo lote 225 del complejo Los Sauces, aunque la propiedad estaba a nombre de un testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay. Firmaba contratos millonarios. Hablaba con políticos, empresarios y dirigentes de fútbol. Era, en apariencia, un exitoso hombre de negocios colombiano radicado en Argentina.
Las escuchas telefónicas y los documentos secuestrados durante los allanamientos de 2015 permiten reconstruir el modo operativo de Duarte Díaz. Su estrategia era infiltrarse en sectores legales que estuvieran en crisis o necesitados de inversión: clubes de fútbol en bancarrota, servicios funerarios en municipios pobres, infraestructura portuaria, agroindustria. Lugares donde nadie haría demasiadas preguntas si aparecía un inversor con dinero fresco.
En febrero de 2015, por ejemplo, ITC firmó un un acuerdo con el club El Porvenir de Gerli, Buenos Aires, que atravesaba una crisis terminal. La empresa de Duarte Díaz aportaría 2.160.000 pesos en cuotas mensuales de 80.000 pesos a cambio del 70% de los derechos económicos de todos los jugadores del club. El negocio nunca tuvo sentido deportivo. El Porvenir jugaba en la categoría D del fútbol argentino y no tenía ninguna posibilidad de ascender. Pero sí tenía sentido como vehículo para lavar dinero.
El mismo esquema se intentó replicar con Rosario Central. En una escucha telefónica del 12 de septiembre de 2014, Aldo Roque Corizzo –un intermediario financiero que había recibido 150.000 dólares de Duarte Díaz en un contrato de mutuo– le pregunta a Heisinger si “llegó Duarte porque tiene el tema de Central”. Heisinger le responde que está en Uruguay firmando papeles. Corizzo insiste: “Si este fin de semana está Duarte que le diga que lo junto con el vicepresidente del club”. Y agrega: “Primero firmó el crematorio y el puerto firma la semana que viene”.
El proyecto del crematorio es, probablemente, una de las maniobras más oscuras de toda la investigación. En 2013, Duarte Díaz, Heisinger y Corizzo intentaron construir un crematorio en el cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80.000 habitantes en el sur del Gran Rosario. La inversión era de 2.000.000de pesos, que se aportarían a través de la mutual Provincias Unidas. A cambio, obtendrían los ingresos generados por la explotación del crematorio.
En una reunión del Concejo Deliberante, el 7 de octubre de 2013, el presidente del cuerpo, Diego Garavano –del Partido Justicialista–, urgió a los ediles: “Pidan lo que quieran, pero esto tiene que aprobarse hoy”. Solo un concejal, Carlos Dolce del Partido Socialista, se abstuvo. Dijo que sospechaba que detrás del crematorio había “algún negociado del intendente”, aunque lo vinculaba con el tema inmobiliario. No imaginaba que se trataba de una operación de lavado de dinero del Cartel del Norte del Valle.}
El proyecto nunca se concretó. En septiembre de 2015, cuando cayó la organización, se allanó la oficina de Heisinger y se encontró una carpeta verde con el rótulo Proyecto Crematorio V.G.G. sobre el escritorio. En esa misma oficina había fotos del abogado con el papa Juan Pablo II y con el expresidente Menem.
El 16 de septiembre de 2015, efectivos de Gendarmería allanaron el depósito fiscal Binder en Rosario. Actuaban con información precisa de la DEA. Allí encontraron 40 toneladas de arroz listas para ser despachadas hacia Guinea-Bissau. El arroz estaba impregnado con cocaína de máxima pureza. El plan era que la droga viajara a África bajo el programa humanitario de la ONU y desde allí se redistribuyera hacia Europa.
Fue el fin de una operación que había funcionado durante años. Los 55 teléfonos que estaban intervenidos dejaron de sonar. Trece miembros de la banda fueron detenidos. Pero los principales jefes –Erman y Williams Triana Peña, Carlos Olmedo Silva Cárdenas y Duarte Díaz– lograron escapar.
Williams Triana Peña fue capturado en agosto de 2016 en Colombia, cuando viajaba por una ruta entre Bogotá y Chía. Lo extraditaron a Argentina y en 2021 fue condenado a siete años de prisión. Erman Triana Peña sigue prófugo. Carlos Olmedo Silva Cárdenas también. Duarte Díaz ahora fue ejecutado por un sicario
Además de Williams Triana Peña, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 porteño condenó a otros 12 sospechosos y absolvió a cuatro personas: Heisinger, Wilmar Valencia Estrada, Eugenio Ardila Angulo, Carlos Pardey Rozo y Carlos Potes Ramírez.
Hubo penas de entre diez y tres años y seis meses de cárcel. En el alegato, que se había hecho en septiembre pasado, justo al cumplirse cuatro años del descubrimiento de la cocaína, el fiscal general Diego Velasco [en la instrucción intervinieron el fallecido fiscal federal Federico Delgado y su colega Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)-] había solicitado penas de entre cuatro y 16 años de prisión para 17 imputados, además de una absolución.
La absolución de Heisinger no quedó firme. En mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme las condenas, como también una sentencia de Cámara Federal de Casación Penal que ordenó un nuevo fallo.
Las hipótesis sobre el asesinato de Duarte Díaz giran sobre un supuesto ajuste de cuentas. Lo que sí está claro es que Duarte Díaz había sido vinculado al Clan Úsuga, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia y del Cartel del Norte del Valle.
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