Aunque sus líderes están presos, la banda del rey de la cocaína peruano sigue activa en el Bajo Flores

Durante años, un tridente condujo con mano de hierro y sin mostrar piedad alguna todas las etapas de la logística del narcotráfico en el corazón de la villa 1-11-14. En la última década, uno a uno fueron cayendo; el último, hace poco más de dos semanas, condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, un reciente operativo dejó en evidencia que la organización criminal de los hermanos Fernando y Marco Antonio Estrada Gonzales y la esposa de “Marcos”, el mítico capo mafioso peruano que dominó por décadas el Bajo Flores, sigue funcionando a pleno y con las mismas reglas.

Días atrás, en una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (Ufeide), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, se le dictó la prisión preventiva a un imputado por comercialización de estupefacientes en el enclave del sur porteño y se descubrió que en ese asentamiento “la forma de clasificación de las drogas obedece al sistema usado por la banda narco que era liderada por Marcos y sus sucesores”.

El foco estaba puesto en las actividades de narcomenudeo en la Manzana 26 del llamado “Barrio Padre Ricciardelli”. Se llegó hasta un sospechoso, que fue detenido. La apertura de su celular permitió descubrir al proveedor de la droga que vendía: un paraguayo de 29 años.

Los investigadores no tuvieron que ir muy lejos para llegar hasta el proveedor: según informó el Ministerio Público de la Ciudad, identificaron su casa de tres plantas ubicada también en la 1-11-14, lugar donde presumiblemente también guardaba la droga que vendía y distribuía a revendedores.

Mientras, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Barriales (UTOB) de la Policía de la Ciudad advirtió que dos personas estaban vendiendo drogas en la misma cuadra de la casa del proveedor investigado por la Ufeide.

Según se informó, los efectivos arrestaron a los dos sospechosos en flagrancia, uno de ellos un ciudadano paraguayo de 25 años.

“Lo que hallaron llamó la atención de los investigadores: envoltorios de estupefacientes con características determinadas y conocidas por la Justicia: eran los mismos que usaba la banda de los peruanos que supo conducir Marco Antonio Estrada González y luego sus herederos, entre ellos Johnny Ray Arnao Quispe, alias Pantro” y Robert Wilmer De la Cruz Aredo, alias Mascarita, explicó el Ministerio Público porteño.

Lo distintivo era el método de clasificación de las drogas: cintas de colores en los envoltorios para identificar rápidamente qué sustancia contenía cada uno. Usaban lienzos negros para los de pasta base, rojos para los de cocaína y verdes para los de marihuana.

Todo ocurría con inusitada rapidez, una velocidad mayor que la de los procedimientos judiciales. Cuando la Ufeide se aprestaba a rubricar las órdenes de allanamiento del proveedor identificado gracias a los datos encontrados en el teléfono móvil del primer dealer arrestado, otro hecho precipitó todo.

Agentes de la UTOB que perseguían a un dealer al que habían visto en pleno “pasamanos” de droga entraron tras él en un domicilio de la villa: no era otro que la vivienda de tres plantas del proveedor investigado por la Ufeide.

Allí encontraron más de 600 envoltorios con drogas que llevaban colocadas las cintas identificatorias típicas de la organización de Marcos y los laderos a los que, una vez detenidos, confiaron la continuidad de las actividades ilegales.

En el allanamiento no solo se encontraron los paquetes con las cintas multicolores acopiados para su distribución en distintos puntos de venta al menudeo, sino al paraguayo de 25 años detenido días antes por la propia UTOB en esa misma cuadra.

También, por supuesto, fue arrestado el proveedor de las sustancias, al que a instancias del requerimiento de la fiscal Amil Martín le fue dictada la prisión preventiva por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

A la cárcel

Hace una década, una impactante redada ordenada por el entonces juez federal Sergio Torres −hoy presidente de la Suprema Corte bonaerense− asestó un golpe formidable al poder de Marcos. En 2020 lo condenaron a la pena única de 24 años de prisión por tráfico de cocaína, marihuana y paco, y dos años después lo expulsaron a su Perú natal. En ese mismo proceso fue condenada su esposa, Silvana Salazar.

Esa vez, el hermano de Marcos, conocido como Piti, logró escapar del brazo de la ley. Eso le sirvió para quedar a cargo de la logística de la banda que, para ese momento, según surgió de los cuadernos en los que se registraban las cuentas de la actividad criminal del clan, tenía un importante volumen de operaciones que le redituaba casi un millón de dólares por mes.

Antes de la caída de Marcos, ambos hermanos se repartían de forma alternada la capitanía de los turnos, de 28 días cada uno. Con uno preso y el otro prófugo, familiares directos y lugartenientes de alta confianza asumieron también el control de muchas operaciones. Así aparecieron Pantro y Mascarita, entre otros nombres propios que cobraron relevancia mientras los hermanos Estrada Gonzales resolvían la estrategia a la distancia.

Cuando el país comenzaba a salir de la etapa más férrea del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19, la banda de los peruanos ya estaba a plena actividad; testigos de identidad reservada situaban en ese momento a Pantro como el jefe delegado de la organización. Un equipo de fiscales lo situaba en ese rol.

Y aunque tenían un férreo control de lo que ocurría en los pasillos de las manzanas del barrio Ricciardelli controladas por la organización de los Estrada Gonzales, tanto Pantro como Mascarita habían elegido, estratégicamente, vivir fuera del enclave del Bajo Flores, donde el número de efectivos policiales y de fuerzas de seguridad federales se había multiplicado tras el megaoperativo de 2016.

Arnao Quispe tenía su domicilio en Villa Celina. Y De la Cruz Arredo también vivía en La Matanza, pero un poco más lejos de la Capital, en González Catán; allí fue apresado por efectivos de la Gendarmería, en una casa situada en la calle Federico Báez al 6700 que usaba tanto como vivienda como de base de operaciones para diagramar el narcomenudeo y la logística de la llegada de cocaína desde Perú, según surge de la causa judicial en la que Mascarita aceptó, en un juicio abreviado, una pena de 7 años y medio de cárcel.

Con ellos al mando, como en los tiempos de los hermanos fundadores del clan Estrada Gonzales, siguieron las operaciones y las formas: supervisores (que bajaban las órdenes al territorio y comandaban a los “contadores” que verificaban los millonarios números del negocio), “picadores” de droga −encargados de reducir los ladrillos compactos de cocaína para convertirlos en polvo y embolsar las dosis divididas con cintas según el tipo de sustancia−, “transas” encargados de vender los estupefacientes, “chalecos” dedicados a recorrer los pasillos como “brigadas” de alerta temprana y a revisar a los compradores, y sicarios, a los que los líderes de la banda recurrían cuando debían dirimir insurrecciones, traiciones o amenazas de rivales.

Esas batallas se han cobrado decenas de vidas en las últimas décadas; una de las más recordadas ocurrió en abril de 2022, cuando un grupo de siete sicarios ejecutó a John Henry Sosa Farfán, al que conocían como Chayanne o El Loco, un nombre “pesado” en las filas de la organización; a su lado estaba Julio César Huaris Pereyra.

Es de Chayanne es un caso típico entre miembros de esta banda: en 2013 lo detuvieron, lo condenaron por tráfico de drogas y acopio de armas y lo expulsaron del país; pero regresó desde Perú y a los seis meses volvieron a arrestarlo. Tres años después recibió la segunda condena y su abogado pidió para él el beneficio del extrañamiento (expulsión del país al cumplirse la mitad de la sentencia), aunque, por razones obvias, la fiscalía se opuso: ya había incumplido la prohibición de volver y nada hacía pensar que no lo hiciera de nuevo, ya que los miembros de la banda de Marcos y Piti tienen claro cómo aprovechar las porosidades de la frontera argentina para ir y volver entre Lima y Buenos Aires.

LA NACION

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