Una brigada asesinó a su hijo y, cuatro años después, un expolicía federal le robó la indemnización
Lucas González fue mortalmente baleado en 2021 por un grupo de uniformados de la fuerza de seguridad porteña; su familia cobró una suma de dinero por el juicio civil y fue estafada
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LA NACIONGustavo Carabajal
El 17 de noviembre de 2021, un grupo de efectivos de la Policía de la Ciudad asesinó a Lucas González, futbolista de las inferiores de Barracas Central. Fue uno de los hechos de brutalidad policial más sangrientos de los últimos años.
Sin mediar palabra, sin impartir la voz de alto, sin identificarse como integrantes de una fuerza de seguridad, los efectivos dispararon más de veinte balazos contra el Volkswagen Suran en el que Lucas y tres amigos regresaban a su casa, después de participar de una prueba de jugadores en el predio del mencionado club.
Según se determinó en la reconstrucción del violento episodio el Volkswagen Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos circulaba por la avenida Iriarte cuando, cerca de las 9.30, fueron interceptados, a la altura de Vélez Sársfield, por un Nissan Tiida sin ninguna identificación. En ese vehículo estaban a bordo, vestidos de civil, tres los policías que abrieron fuego contra el vehículos en el que estaban Lucas y sus amigos.
“Todos los días me pregunto por qué lo mataron. Por qué se ensañaron ellos . Los estigmatizaron porque tenían gorras. Pensaron que salieron de la villa y les dispararon”, expresó Mario González, el padre de Lucas.
Cuatro años después que un grupo de policías de la Ciudad mataron a su hijo, un exintegrante de la Policía Federal que se había acercado a la familia para acompañarlos y contenerlos en los momentos de conmoción por el asesinato de Lucas, le vació las cuentas y le robó el dinero que habían recibido como parte de indemnización en el juicio civil contra la fuerza de seguridad porteña.
“Las cosas salieron mal hermano. Hice inversiones de alto riesgo. Te pido perdón”, le dijo, por teléfono, el expolicía federal estafador al padre de Lucas. Una hora después, cuando Mario González concurrió al banco comprobó que le habían robado, que tanto su cuenta como la de su esposa habían sido vaciadas.
Entonces, Mario radicó la denuncia en la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 19, de Quilmes. Debido a que el acusado, todavía, no fue llamado a indagatoria, su identidad se mantendrá en reserva.
“El asesinato de Lucas nos mató en vida. Tanto mi esposa como yo no entendimos por qué le dispararon. En ese momento, estábamos muy vulnerables y este expolicía se nos acercó. Lo conocía del colegio. Era vecino en Florencio Varela. Dijo que nos iba a proteger porque los compañeros de los policías de la Ciudad que metieron presos por el homicidio de Lucas nos harían la vida imposible. Entonces se metió en la familia. Nos acompañaba a todos lados, nos custodiaba y un día nos dijo que por cuestión de seguridad, para que no manejemos el dinero que le pasemos las claves de las cuentas”, recordó Mario.
En julio de 2023, el Tribunal Oral Criminal N° 25 condenó a los policías Gabriel Isassi, Gabriel López y Juan José Nieva a prisión perpetua por el asesinato de Lucas, al considerar que se trató de un “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrante de las fuerzas de seguridad”.
Isassi, López y Nieva también fueron condenados por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrante de las fuerzas de seguridad en grado de tentativa en perjuicio de Julián Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, tres amigos de Lucas que habían participado de la prueba de jugadores en Barracas Central y habían parado en un kiosco para comprar un jugo y festejar que habían sido seleccionados y jugarían juntos.
Con la sentencia condenatoria contra los policías de la Ciudad, el proceso civil por daños y perjuicios contra el Gobierno porteño siguió adelante, hasta que se llegó a un acuerdo para una indemnización de $ 112.000.000 por el homicidio de Lucas.
Ese dinero fue depositado en dos cuentas a nombre de los padres de Lucas que, en el momento del homicidio tenía 17 años. Con un duelo que no cerraba, dos hijos que también necesitaban atención y los reclamos de Justicia, el exintegrante de la Policía Federal, vecino de los padres de la víctima, comenzó a dominar los movimientos de la familia.
“Se ganó la confianza. Mi mujer cayó en un pozo depresivo por el homicidio de Lucas. Esa tristeza derivó en una patología psiquiátrica que necesitaba de una medicación muy cara para el tratamiento y yo me tuve que hacer cargo de mis dos hijos menores”, recordó, conmocionado, Mario.
Además, de los tres efectivos condenados por el homicidio de Lucas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 dictó duras penas de entre tres y ocho años de cárcel a seis de los otros 11 efectivos de la fuerza que estuvieron en el banquillo de los acusados; cinco fueron hallados culpables de encubrimiento y uno, de torturas.
La cantidad de efectivos involucrados en distintos grados de participación por el homicidio de Lucas puso al descubierto la trama de presiones y coacciones que tuvo que enfrentar Mario González para llegar a una condena contra los uniformados de la fuerza de seguridad porteña.
En ese contexto el expolicía federal amigo del padre de la víctima se convirtió en una figura dominante en la familia de Lucas.
“Los policías mataron a mi hijo y me dejaron muerto en vida. Después vino este estafador y me destruyó. Tengo que pagar alquiler y la medicación para el tratamiento de mi esposa cuesta $300.000 por mes. Trabajo con mi auto, llevo gente y hago lo que puedo para subsistir. Hay una cosa que no entiendo: cómo fue que a los responsables del banco en Quilmes permitieron que el estafador hiciera transferencias y retiros de $ 112.000.000 y no les llamara la atención”, sostuvo Mario, el padre de Lucas.
Por ahora, el sumario N° 001163-25/00 contra el expolicía federal estafador fue calificado como “presunto hurto o robo”. No obstante, esa denuncia será reforzada por la presentación que realizará en los próximos días el abogado Carlos Diéguez, quien representa a los padres de Lucas y ofrecerá testigos y pruebas que avalarían una acusación más grave contra el expolicía estafador.
En su alegato durante el juicio oral que terminó con las condenas contra los policías de la Ciudad, el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente había definido a los tres uniformados como “cazadores que esperan a su presa”.
Sin ejercer la violencia extrema de los efectivos de la fuerza de seguridad porteña, otro expolicía acechaba en la sala de audiencias y acechaba su presa. En este caso, las víctimas no fueron Lucas y sus amigos, sino los padres del futbolista de Barracas que, inmersos en el dolor por el asesinato de su hijo estaban en una situación de vulnerabilidad e indefensión que los expuso ante estafadores como el expolicía federal que vació sus cuentas.
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