Abren una causa en la Justicia por lavado de dinero en el recital de Solari

OLAVARRÍA.- A la expectativa por los resultados finales de los peritajes forenses sobre los restos de las dos personas muertas en el recital de Carlos "el Indio" Solari, ayer una nueva arista judicial se sumó al caso: el pedido de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático para que se investigue por supuesta evasión impositiva y lavado de dinero al músico, a los productores del show y a otros socios.

Radicada en tribunales de la Capital y a cargo del fiscal federal Federico Delgado, la denuncia de la ONG que preside Fernando Míguez apunta a determinar si la recaudación por la venta de al menos 200.000 entradas -una suma no inferior a 160 millones de pesos- se facturó de manera debida y, previo pago de retornos, parte de ese monto se ocultó en cuentas offshore.

Aquí, con el esclarecimiento de las muertes de Juan Francisco Bulacio y Javier León como prioridad, la fiscal Susana Alonso lleva adelante otra causa que además evalúa posibles delitos contra la seguridad pública y otros por presuntas irregularidades en aspectos de la organización del espectáculo. El intendente de esta ciudad, Ezequiel Galli reconoció anteanoche, al ser interpelado, que en materia de atención sanitaria se habían preparado "para una catástrofe".

El intendente, también alcanzado por esta acusación en tribunales metropolitanos, defendió ante el Concejo Deliberante su actuación en lo concerniente al recital del 11 del actual en el predio La Colmena, Allí se estima que hubo no menos de 300.000 personas, más del doble del máximo autorizado por el propio municipio.

"Tuvo sabor a poco", coincidieron tres concejales de distintas fuerzas sobre las explicaciones del jefe comunal. No quedó claro por qué asumió el municipio el innecesario rol de garante de la productora En Vivo SA, que alquiló el predio perteneciente a la Cooperativa Agraria (en concurso preventivo). Y se abrazó al apoyo previo de políticos, comerciantes y vecinos para la presentación de Solari en Olavarría.

Trastabilló además entre datos contradictorios: por ejemplo, acusar a la productora de vender más entradas de las 155.000 permitidas. Pero su administración le cobró 3,2 millones de pesos en tasa por espectáculos públicos (2%) en concepto de 200.000 tickets ($ 800 cada uno) que reconoció vender En Vivo SA.

La denuncia de Míguez va en buena medida detrás de estas cifras cargadas de dudas. A la fiscal Alonso, que en su expediente también atiende estas cuestiones, le habían confirmado que sólo por Internet se habían vendido 192.000 boletos. Pero también hubo puntos de venta previa en el interior y en boleterías en Olavarría durante todo el día y hasta minutos antes del comienzo del show, primero en la terminal y luego en La Colmena. Los números no terminan de cerrar con claridad.

Delitos

En su presentación a Rodolfo Canicoba Corral, Delgado pide investigar si, como dice Míguez, hay delitos por probar. Enumera posible facturación apócrifa de la productora En Vivo SA, propiedad de los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, únicos imputados a la fecha en la causa de Alonso, pero aún sin una acusación determinada.

Desde la ONG consideran que los productores serían parte de la firma Grupo Dax Recuperación Crediticia en sociedad con Julio y/o Eduardo Carfi e Indio Solari, un dato que, como rumor, había circulado hace ya un par de semanas. Apunta a una posible sobreventa de entradas no registradas (por encima de las 200.000 reconocidas) que, ya como dinero en "negro" o no declarado, implicaría una defraudación al Estado.

La hipótesis incluye un presunto pago de retornos y lavado de dinero a partir de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario y derivación millonaria a cuentas en paraísos fiscales. Plantea también supuestas inversiones en el mercado de bitcoins o moneda digital.

La mira ya estaba puesta en los hermanos Peuscovich y una eventual sociedad con Solari. Alonso incautó documentación de su empresa en dos allanamientos: uno en el hotel que los alojaba en Olavarría y otro en sus oficinas capitalinas de la calle Lavalle. Hasta la Inspección General de Justicia ordenó una fiscalización permanente de En Vivo SA a raíz de incumplimientos fiscales reiterados.

La participación de Galli aparece vinculada al llamativo involucramiento del Ejecutivo local en conseguir y contratar un espacio para el recital y disponer de fondos comunales para acondicionar el predio. En la interpelación reconoció que esas tareas -que también admitió no se cubren en ningún otro espectáculo público- costaron casi 145.000 pesos y otros 48.000 en horas extras de personal municipal.

El conjunto de bloques de la oposición (75% del Concejo Deliberante) consideró que el intendente eludió responsabilidades, mintió o al menos brindó información parcial y discutible. Pero aclaran que el contenido de las 324 consultas del interrogatorio más otras 60 repreguntas será de interés tanto para la causa judicial como para la comisión investigadora que se conformó en el deliberativo para avanzar con mayor profundidad sobre lo actuado por Galli y sus colaboradores.

En lo institucional, el futuro del intendente no parece correr riesgos, salvo que lo complique algún procesamiento derivado de ambas causas judiciales en marcha. Esta comisión investigadora del Concejo Deliberante no tiene atribuciones para definir sobre su suerte en el cargo. Pero sí para condicionarlo, al menos en lo político. Su dictamen se conocerá en 90 días, casi en coincidencia con el comienzo de la campaña electoral de medio término. Opositores se conforman con debilitarlo aún más en el tramo final de su mandato.

La denuncia contra los organizadores

El pedido de investigación en la causa por evasión fiscal agravada por el recital de Carlos “Indio” Solari fue hecho por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Míguez tiene 60 años y radicó varias denuncias contra funcionarios y ex funcionarios de diferente signo político en distintos casos de importante repercusión. “En la tragedia de Once actuamos igual que en esta ocasión. En el caso de que haya víctimas la fundación tiene una alerta y empieza a investigar cómo se sucedieron los hechos. En este caso empezamos a ver que empieza a distinguirse una matriz delictiva de desvío de fondos que ,en vez de ir al Estado, iban hacia otro lugar”, indicó a LA NACION.

La denuncia menciona a una serie de sociedades, entre ellas la organizadora del recital, En Vivo SA, a la que sindica como que “posiblemente evadió el pago de tributos, realizó facturación apócrifa para evadir impuestos de la AFIP”, además de haber “sobrevendido entradas” para el espectáculo.

Míguez realizó varias denuncias desde 2008 como las vinculadas a la tragedia de Once, el contrato de Fútbol para Todos o la supuesta falsedad del título de la ex presidenta Cristina Kirchner. También denunció a funcionarios de la actual administración.