Admiten que falló el sistema de monitoreo

LA PLATA.- El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, admitió ayer que falló el sistema que monitoreaba satelitalmente a uno de los autores del cuádruple crimen de Los Cardales y ordenó separar de su cargo al funcionario responsable del área y ponerlo a disposición de la Justicia. Además, dispuso un relevamiento urgente de los internos beneficiados con el dispositivo de seguimiento electrónico.

Casal desplazó ayer de su cargo a Sergio Buffa, titular del Departamento de Monitoreo Electrónico de la Dirección General del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a quien se le inició un sumario administrativo, ya que se le atribuyó no haber dado cuenta de la falla del sistema.

Luego de que el Ministerio de Justicia provincial informara mediante un comunicado que el sistema no había sido vulnerado, Casal terminó por reconocer ayer que, tras analizar los informes técnicos, se descubrió que el 24 de julio último hubo una "falla de contacto en la pulsera", que no había sido informada por Buffa.

El informe del SPB indica que el detenido Angel Antonio Fernández Rosales, de 47 años, dejó de tener contacto online por medio del dispositivo entre el 12 y el 17 de julio debido a que sufrió la interrupción del servicio telefónico por el cual se transmite la señal de la pulsera a la central del SPB y que el jueves 24 -presumiblemente el día de los primeros crímenes- se sacó la pulsera.

Fernández recibió la prisión domiciliaria y control satelital el 13 de julio de 2007 por orden del juez penal Nicolás Schiavo. Ayer se supo que el delincuente también fue beneficiado con una salida especial laboral otorgada por la Cámara de Apelaciones de San Martín, lo que le permitió egresar de su casa entre el 27 de junio y el 3 de julio pasados.

Nuevas pautas

El ministro también anticipó que la semana próxima realizarán reuniones con magistrados para intentar acordar pautas para la asignación de pulseras electrónicas. En tal sentido, Casal consideró: "Las libertades o excarcelaciones con arresto domiciliario o con este tipo de pulseras deben usarse sólo por cuestiones humanitarias y restringirse a madres embarazadas o con niños pequeños, ancianos y enfermos terminales".

Ayer se inició el relevamiento dispuesto por Casal, quien reveló que el índice de evasión con este sistema es del 2,4%. Según trascendió, hasta anoche asistentes sociales del SPB habían visitado a la mitad de los detenidos que poseen el beneficio, entre ellos, Gregorio Ríos, condenado por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, y Alberto De la Torre, acusado de liderar la banda de boqueteros que asaltó la sucursal de Acassuso del Banco Río en enero de 2006.

Según la información oficial, en la provincia de Buenos Aires son 266 las personas que cumplen arresto domiciliario controladas con pulseras o tobilleras electrónicas. En tanto, hay otras 34 que no tienen internos asignados.

El sistema, que implica un ahorro del 50% en el gasto por preso, fue inaugurado en la provincia de Buenos Aires en 1997, impulsado por la actual procuradora general de la Suprema Corte provincial, María del Carmen Falbo.

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