Alcohol cero: cuáles son los obstáculos para que la ley rija en toda la Argentina
El jueves pasado se aprobó la norma a nivel nacional; sin embargo, ya hay distritos que anunciaron que no la implementarán
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LA NACIONLucila Marin
Todavía no está claro cuál será su alcance. Pese a que el Senado convirtió en ley el jueves pasado el proyecto de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir en todas las rutas nacionales del país con alcohol en sangre, serán las provincias las que deberán adherir e implementar sanciones.
Las dudas surgen, en principio, en torno a las provincias que no tienen una ley de alcohol cero en sus territorios, como es el caso de Mendoza que ya adelantó que la normativa no se aplicará en el distrito y mantendrá en vigor la ley provincial que permite conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. Sin embargo, cruzan ese territorio algunas rutas nacionales como la 7, la 40 y la 188 donde regirá la nueva ley nacional, que entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial, algo que podría demorar hasta 15 días, según informaron en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Actualmente, son 11 las jurisdicciones en las que no se aplica la tolerancia cero: Formosa, Santa Fe, Catamarca, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis, Mendoza, Misiones y la ciudad de Buenos Aires. Mientras que, según datos de la ANSV, 13 provincias y más de 40 municipios del país tienen una ley de alcohol cero en sus territorios. La última en sumarse fue Buenos Aires, que aprobó la norma en diciembre pasado, a la lista integrada por Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut.
No solo deberían adherir las provincias, en muchos casos también deberían hacerlo los municipios. En Buenos Aires, por ejemplo, el partido de Rivadavia no lo hizo. Lo mismo sucedió en la provincia de Córdoba, donde desde 2014 rige la tolerancia cero para las rutas, autovías y autopistas del distrito, pero en la ciudad capital el límite permitido es 0,4g por el Código de Tránsito Municipal.
“Es una ley de adhesión. Su ámbito de aplicación es en todo el territorio federal y luego las provincias y los municipios pueden adherir a ella para incorporarla a su ordenamiento local. Esperamos que la adhesión llegue de manera rápida y teniendo presente que fue una norma aprobada con un amplísimo consenso social y que necesitamos un país que tenga homogeneidad y previsibilidad. No es razonable decir acá no, pero está dentro de las facultades que tiene cada provincia. Empezamos ahora rondas de charlas con gobernadores y ministros. Estamos esperando que se promulgue y a partir de ahí confiamos en que vamos a tener una adhesión en gran parte de las 11 provincias que hoy no tiene la ley”, dijo a LA NACIÓN Pablo Carignano, director ejecutivo de la ANSV.
Reglas claras
“Para la seguridad vial tiene una contrapartida muy negativa todo este juego político y lo peor que le puede pasar al conductor es no tener una regla clara. El debate que se va generando no deja de ser positivo, pero sería mucho mejor que todas las provincias adhieran, eso no va a pasar. Lamentablemente, hay un impasse desde el momento en que se sancionó hasta que se implemente, lo más sano para el conductor sería que pueda haber un trato más uniforme”, consideró Gustavo Brambati, subgerente de Seguridad Vial de Cesvi.
Al caso de Mendoza, se suma el de la ciudad de Buenos Aires que mantendrá vigente el Proyecto Integral de Convivencia Vial aprobado por la Legislatura en 2021. “El camino que recorrimos durante estos más de 10 años nos enseñó que el límite cercano a cero (0,5 gr/l), recomendado por OMS, es efectivo para un distrito como la ciudad: controles diarios, pequeña superficie y alta densidad. Desde el punto de vista operativo, la práctica de más de 370.000 controles al año nos permite no perder recursos administrativos con falsos positivos (por sustancias como, por ejemplo, enjuagues bucales u otros) y enfocarlos en aquellos conductores o conductoras que tienen sus capacidades de manejo afectada. Un positivo en la ciudad implica labrar un acta, quitar el vehículo y, además, desde el año pasado, aplicamos sanciones más claras: con la nueva normativa todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados por un mínimo de dos meses a dos años”, dijeron voceros del gobierno porteño. Y completaron: “Sabemos que cada jurisdicción tiene sus características y puede adoptar el mejor sistema de control, pero es fundamental resaltar que sin control no hay prohibición ni cumplimiento de la norma”.
Controles y multas
Carignano especificó que en esos territorios será la ANSV y la Gendarmería quienes lleven adelante los controles, que suelen estar a cargo de las policías locales, sobre las rutas nacionales. Agregó que en las próximas semanas se reunirá con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para establecer un programa de controles permanentes.
“Se va a controlar el alcohol cero, se labrarán las actas y serán juzgados”, puntualizó Carignano y afirmó que ya hay municipios con los que tienen convenios. Aquí radica otra de las dificultades, según indica el presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv), Axel Dell’Olio: “Los juzgados de faltas son municipales. No se puede salir a hacer un convenio de la noche a la mañana. Si no podés ni siquiera conseguir que todas las provincias informen las infracciones, ¿dónde vas a ir a cobrar? La seguridad vial se hace con plata, no con intenciones. En un país donde cerca del 70% de las camas están ocupadas por personas que sufrieron siniestros de tránsito, no alcanza con buenas ideas, se necesita un consenso por parte de la clase política y que piensen que política de Estado, independientemente del partido, van a llevar adelante a 20 años”.
Y agregó: “No es una ley que se pueda aplicar, no está dotada de recursos. Un alcoholímetro cuesta entre US$7000 y US$8000 y son pocas empresas las que lo comercializan”.
Actualmente, el organismo cuenta con 30 bases operativas distribuidas en 16 provincias. Además, según precisó Carignano, cuentan con 800 agentes. Teniendo en cuenta que deben trabajar de a pares y calculando turnos de ocho horas, podrían contar con 133 puestos de control a lo largo de los 41.000 kilómetros de rutas nacionales, es decir, un puesto cada 308 kilómetros.
“El efecto del control es poder generar un efecto disuasivo sobre el resto de los conductores. Tiene que haber más y tienen que ser estratégicos, hay momentos y lugares más críticos”, apuntó Brambati.
Alcoholímetros, en la mira
Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), coincidió en la importancia de los controles y enfatizó en la diferencia entre el alcohol y el alcoholímetro cero: “Para poder tener éxito, tenés que saturar de controles. Esto va a ser un negocio para muchos municipios para recaudar con alcoholímetros que no estén calibrados. Los alcoholímetros tienen que estar calibrados, se calibran cada seis meses. Por ende, ya ahí hay un error en la ley porque si se descalibran no puede ser tolerancia cero. El error es inherente a la medición, no puede haber medición sin error. Aproximadamente el 80% de los alcoholímetros que están funcionando hoy están calibrados. No tenemos una cadena de laboratorios. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, se queja de que el INTI [Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organismo que es parte de la autoridad de aplicación] los deja para el final”.
Brambati, por su parte, apuntó que está a favor del alcohol cero, porque considera que es una norma clara y detalló que han hecho pruebas para comprobar la incidencia del alcohol debajo del 0,5, pero señaló que desde lo técnico deberían penalizar desde el 0,2. “El grado de precisión que tiene el alcoholímetro no es una balanza. En algunos estudios observamos la incidencia del enjuague bucal. De todos modos, tiene pocos cuestionamientos a nivel internacional, muchos errores pueden subsanarse volviendo a repetir la medición a los minutos. Desde lo técnico deberían penalizar desde 0,2. Podría funcionar, por ejemplo, como los radares de tránsito. Todos sabemos que te penalizarán a partir de los 60 km, y que esa es la velocidad permitida, pero en la ley de tránsito se toma una tolerancia un 10% del valor de velocidad que tiene que ver con el margen de error”, detalló.
Sin embargo, Carignano confirmó a este medio que la tolerancia técnica será cero. “Puedo asegurar que no fallan y son confiables, hay consenso sobre eso”, opinó sobre los alcoholímetros. Y agregó que comprarán 1000 adicionales que se distribuirán a todas las provincias de acuerdo a la cantidad de habitantes aunque apuntó: “La decisión de hacer controles es de cada gobernador, de cada intendente”.
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