Amenazaron a la mucama de la mujer asesinada en Pilar

Dos elementos sumaron ayer nuevos puntos oscuros al misterioso crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de cinco balazos en el exclusivo country Carmel, de Pilar: hubo amenazas para callar a una testigo y se comprobaron serias irregularidades en el certificado de defunción.

Mirta, la mucama de la víctima, ayer fue intimidada en su casa para que no hable con la prensa, según dijeron a LA NACION allegados al caso.

La mujer, que trabajaba tres veces por semana en la casa del country, recibió ayer, entre las 16 y las 17, una llamada telefónica. Una voz, supuestamente de hombre, pero distorsionada, le advirtió: “No se te ocurra hablar con los medios porque ya sabés lo que te va a pasar”. Su marido estaba durmiendo y la mujer estaba con sus hijos cuando recibió la llamada.

Anoche hizo la denuncia en la comisaría de Pilar, acompañada por familiares de María Marta. Horacio García Belsunce (h.), hermano de la víctima, dijo a LA NACION que “puede ser simplemente la intimidación de alguien que quiera atemorizar o de una persona que pretende involucrar a la familia con el crimen, sugiriendo que la mujer sabe cosas que debe callar”.

El otro indicio sugestivo lo aporta el acta de defunción de María Marta García Belsunce, a la que ayer accedió LA NACION. Fue firmada por el médico Juan Carlos March, que certificó, a las 23 del 27 de octubre, que María Marta García Belsunce murió en una vivienda de Junín 1397, en la Capital Federal, dijo a LA NACION el director general del Registro Civil porteño, Félix Pelliza. Explicó el funcionario: "No tenemos ningún dato que diga que allí vive alguien vinculado con la familia".

La causa de la muerte de María Marta, según consta en el certificado, es "paro cardiorrespiratorio no traumático e insuficiencia cardíaca aguda". Y allí March certifica que revisó el cadáver personalmente y que su identidad fue constatada por terceros.

Además de que la víctima no murió en la Capital, sino en Pilar; de que no sufrió un infarto, sino que fue asesinada a balazos, hay otro elemento llamativo: en los registros del Gobierno de la Ciudad, según Pelliza, el doctor Juan Carlos March aparece firmando ese día otra acta de defunción de otra persona, de apellido Russo, con domicilio en Haedo. Ese certificado lo expide a las 22.50 en la calle Mariano Acha al 1300, de Villa Ortúzar, donde también asienta que revisó el cadáver.

Hay apenas diez minutos de diferencia entre la expedición de ambos certificados, uno en Recoleta y otro en Villa Ortúzar. Además, difiere el tipo de letra con que fueron confeccionados ambos documentos firmado por el médico.

Ayer, LA NACION trató de hablar con el doctor March para que explicara el episodio, pero, tras conversar con su esposa, fue imposible ubicarlo, y un familiar derivó las consultas a su abogado, a partir de mañana.

El trámite ante el Registro Civil lo realizó Casa Sierra, por medio del empleado César Orlando Caputo, autorizado por Guillermo Bartolli, cuñado de la víctima, según informó Pelliza.

Esta información ya se encuentra en poder del fiscal de Pilar Domingo Molina Pico, quien analiza si corresponde imputar a March el posible delito de falsedad ideológica de instrumento público.

En 2000, el entonces director de la Central de Defunciones, Alejandro Lanús, denunció a March. Entonces, según fuentes del gobierno porteño, se registraba una treintena de certificados firmados por un mismo médico en un solo día. March fue sobreseído por la Justicia en esa causa y Lanús, trasladado. Perdió su puesto.

En el primer trimestre de 2001, Pelliza intervino la central de defunciones, desplazó a su jefe y rescató a Lanús como el segundo en el Registro Civil, con facultades de auditar el cuerpo. Desde entonces se modificaron los formularios de actas de defunción para evitar fraudes. Se investigaron 3000 actas de defunción y matrimonio y se descubrieron 128 casos de pagos en los que la Anses abonaba pensiones sobre la base de documentos apócrifos, por un total 1,5 millón de pesos.

El jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, alertado sobre las diferencias horarias entre las dos partidas, entregó la información al fiscal Molina Pico y resguardó los originales.

Otros dos médicos en problemas son los que llegaron a la casa del country la noche del crimen.

Iban en dos ambulancias. El primero que llegó afirma no haber detectado los disparos. El segundo declaró ante la Justicia que sí lo hizo y recomendó dar intervención a la policía.

Sin embargo, los familiares de Marta García Belsunce dicen que a ellos nadie les hizo ninguna advertencia en tal sentido.

Uno de los puntos que desvela a los investigadores es saber qué pasó en las horas posteriores al hallazgo del cadáver, para saber si nadie se percató de los disparos o si, por el contrario, se trató de evitar la intervención policial para que el supuesto accidente sufrido por María Marta García Belsunce no terminara convirtiéndose en un escándalo social.

El protocolo de la autopsia oficializó lo adelantado por forenses al fiscal. Se encontraron cinco disparos y los proyectiles fueron secuestrados. Esos plomos se podrían peritar en comparación con un arma, si es que durante el curso de la investigación se secuestra alguna.

Pero, además, fuentes que tuvieron acceso a la autopsia dijeron a LA NACION que no había señales de autodefensa por parte de la víctima. Aún faltan hacer estudios para saber si hay rastros de piel o sangre bajo las uñas de la víctima que puedan revelar el grupo sanguíneo y hasta el mapa genético del homicida.

Por Por Hernán Cappiello <br/> De la Redacción de LA NACION

---

Conforme a