
Amenazaron a un empresario por denunciar a un gestor
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El titular de Beltron Internacional SA, Eduardo Merlin, y su contador, Sergio Di Fonso, fueron amenazados por denunciar a un supuesto gestor impositivo de la DGI que les habría pedido una coima para apurar un expediente.
Su mujer está viviendo en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y el mismo ejecutivo, también por temor, dejó su domicilio habitual durante los fines de semana.
Carlos Casas es el nombre del presunto estafador que pidió 110.000 dólares para beneficiar supuestamente a Carlos García Lorea, de la Dirección de Inteligencia Fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Merlin realizó la denuncia en el Departamento Central de Policía y en el juzgado federal de Adolfo Bagnasco, quien inició una causa por "extorsión". Casas fue detenido, pero a los 10 días quedó libre gracias a un cambio de carátula por "tentativa de estafa".
Entrevista con Silvani
Ayer, Merlin fue recibido por el titular de la DGI, Carlos Silvani, quien se comprometió a investigar el caso y negó toda relación de Casas con el organismo que él preside.
Beltron Internacional SA -empresa importadora y ensambladora de computadoras- es proveedor de Carrefour desde septiembre de 1997. El 1¼ de noviembre último se sancionó una norma por la que todo producto que sea importado no es plausible de evitar el 10,5 por ciento de retención como agente de percepción de supermercados Carrefour. Entonces, Merlin se presentó en la DGI pidiendo que los incluya del 9 por ciento de importación para no tener una doble imposición.
Esta gestión se demoró, no salió, y su contador, Di Fonso, les dijo que una persona puede hacer cobrar la devolución de las retenciones debido a un saldo a favor de libre disponibilidad que rondaba los 700.000 pesos.
Casas comenzó su labor, pero a los pocos días habría pedido una coima de 110.000 pesos bajo amenaza de que si no le interdictarían la mercadería y harían fundir la empresa merced a constantes inspecciones impositivas. Atemorizado, el empresario le entregó 50.000 dólares por una gestión que nunca se hizo ni en los papeles ni en los pasillos en los que Casas decía tener libertad de acción.
Ante esta instancia, Merlin decidió acudir a la Justicia sin saber el final que tendría esta historia.
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