Amplían la acusación contra un fiscal por los crímenes de prostitutas

MAR DEL PLATA.- El juez en lo penal Pedro Federico Hooft resolvió ampliar la acusación que pesa sobre el fiscal federal Marcelo García Berro, en el marco de la causa en la que se investiga el destino sufrido por tres prostitutas de las que no se tienen noticias desde hace cuatro años.

También les dictó la prisión preventiva a tres policías bonaerenses por su presunta vinculación con estos hechos, con lo que ahora suman doce los uniformados detenidos y procesados, en tanto continúan prófugos un subcomisario, y la madama y el rufián que explotaban el cabaret en el que solían trabajar las mujeres desaparecidas.

Respecto de la situación de García Berro -acusado hasta ahora de falso testimonio, encubrimiento de la privación ilegal de la libertad y promoción de la prostitución-, el magistrado extendió tal imputación a "encubrimiento de la privación ilegal de la libertad agravada, eventualmente con homicidio resultante en la persona de Verónica Andrea Chávez", una de las mujeres buscadas.

Además, lo citó para prestar declaración informativa, con lo que el funcionario quedará ligado al expediente en calidad de imputado no procesado.

Con todo, aún no tiene fecha tal encuentro, pues dado que los defensores de García Berro recusaron a Hooft hay que esperar que la Cámara de Apelaciones resuelva ese incidente procesal.

Aunque el juez declinó dar más detalles acerca de su decisión, un allegado a la investigación explicó a LA NACION que "fueron los últimos elementos agregados a la causa los que desembocaron en esta ampliación de las imputaciones".

Debe recordarse que el nombre del fiscal se instaló en el expediente prácticamente desde la primera hora.

La leyenda "Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)" , fue anotada por Chávez en su agenda personal. Con el sistema informático Excalibur se comprobó que el fiscal llamaba a locales nocturnos del barrio La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en un Chevrolet Corsa, en las inmediaciones del domicilio de la mujer.

Con estos datos Hooft estimó que "queda semiplenamente acreditado que al menos durante los años 1997 y 1998 Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal federal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando además en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial de la Nación, mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos de la ciudad y/o personas vinculadas con la prostitución organizada, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba".

También destacó que las dos veces que el funcionario prestó declaración testimonial por estos episodios, en 1998, "incurrió en palmarias y notorias omisiones respecto de hechos y circunstancias relevantes para esta investigación".

Finalmente, los policías a los que se les impuso prisión preventiva son los oficiales principales Rubén Choren y Angel Daniel Alvarez, y el suboficial Juan Vulcano, a quienes se los acusa de "asociación ilícita, privación ilegal de la libertad calificada, extorsión y promoción de la prostitución".

Con este trasfondo Hooft intenta dilucidar qué les ocurrió a Ana María Nores, Silvana Paola Caraballo y la citada Chávez, desaparecidas entre 1997 y 1998 en el barrio La Perla, hechos que solían adjudicársele a un asesino serial al que en la televisión se bautizó como "el loco de la ruta" y que sólo era una invención policial.

Por Oscar E. Balmaceda

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