Análisis: como dijo Alberto Fernández en la asamblea legislativa, ¿la salud es una prioridad del Estado?

Durante la apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández planteó que “la salud de argentinos y argentinas ha vuelto a ser una prioridad para el Estado”. ¿Es así?

Ante senadores y diputados nacionales, funcionarios e invitados especiales, el primer mandatario repasó algunos indicadores vitales, la implementación de leyes sensibles tras la pandemia, como la de salud mental, y la situación de los profesionales de la salud.

En 2021, planteó, la tasa de mortalidad infantil descendió a ocho fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. “Es el índice más bajo de la historia y significa miles de vidas que se salvan”, señaló sobre un indicador que se está revisando en el Ministerio de Salud de la Nación.

Los datos nacionales, que se presentaron en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) el mes pasado, indican que hubo 4238 muertes infantiles, comparado con 4505 en 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19. En 2019, la tasa había sido de 9,2 por cada 1000 nacidos vivos.

La diferencia, según se informó, la explica una disminución de 3303 a 3029 en el número de bebés que fallecieron en el primer mes de vida (mortalidad neonatal). En los once meses siguientes (mortalidad posneonatal), el número de decesos pasó de 1202 a 1209 entre 2020 y 2021. Mientras que la primera está asociada con factores más difíciles de reducir con intervenciones, como las malformaciones congénitas, el nacimiento a una edad gestacional muy prematura o complicaciones del parto, la mortalidad posneonatal lo está más con los cuidados ya en el hogar y la atención infantil, con una alta carga de las infecciones, como las gastroenteritis o las respiratorias (en especial, la bronquiolitis), que es donde más se puede intervenir con políticas públicas de prevención.

“Este descenso de la mortalidad infantil –sostuvo Fernández– se explica por el impacto de los diversos planes y programas destinados a mejorar la salud de las y los menores de un año, como por ejemplo la Ley de los 1000 días, que tiene por objeto la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.” Pero esa norma, que se sancionó en diciembre de 2020, se reglamentó recién en agosto de 2021.

Durante la reunión del Cofesa, como LA NACIÓN pudo conocer en ese momento, hubo provincias que señalaron diferencias entre sus estimaciones y los datos presentados por el equipo de la ministra Carla Vizzotti. De hecho, aún no se publicó el informe definitivo. No obstante, un valor de 8/1000 para la tasa de mortalidad infantil es el más bajo conocido desde que se releva ese indicador.

Tendencia consolidada

El discurso también abordó el descenso de la fecundidad adolescente, que fue de 15,4 a 13,7 por cada 1000 mujeres de entre 10 y 19 años entre 2020 y 2021.

Mientras que la cantidad de nacimientos bajó de 53.260 a 47.630 en las de entre 15 y 19 años, en las menores de 14, el número no cede: en 2020 hubo 1293 bebés que nacieron de una madre que tenía menos de 14 años y, en 2021, 1394 bebés.

“El descenso de la fecundidad adolescente tiene varias causas”, plantea Silvina Ramos, socióloga, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes), excoordinadora técnica del Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) y asesora externa de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. “Una es la consolidación de un patrón cultural en el que formar familia compite con otras oportunidades y expectativas de los adolescentes, que pueden tomar más decisiones sobre su sexualidad y salud reproductiva –continúa–. Otra son las políticas públicas que se implementaron en los últimos 15 años y se mantienen más allá de los cambios de gobierno, como el Plan ENIA, con los matices e inequidades que todavía subsisten dentro de la Argentina. Esta tendencia al descenso, que está consolidada, demuestra la enorme importancia de sostener las políticas de salud pública con presupuesto y voluntad política.”

El primer estudio sobre el impacto económico en el país del embarazo adolescente hecho el año pasado por un equipo del Fondo de Población de Naciones Unidas estimó que el sistema sanitario argentino podría ahorrar US$140,3 millones por año en costos de atención si se previniera el 70% de los embarazos en las chicas de entre 15 y 19 años que es la proporción de embarazos no intencionales a esa edad. A la vez, la maternidad tan anticipada termina por costarle al país US$ 834,7 millones anuales en pérdida de oportunidades de estudio, trabajo, costos sanitarios e ingresos fiscales.

Salud mental

La salud mental también estuvo presente en el discurso de apertura de sesiones ordinarias. El Presidente ponderó el lanzamiento, el año pasado, de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental y la puesta en marcha del Programa Nacional de Abordaje de la Problemática del Suicidio, con una línea 0800 para una primera asistencia. “Cada persona tiene que saber que no está sola, que hay una comunidad que la acompaña para salir adelante. No hay salud sin salud mental”, dijo Fernández.

Lo cierto es que, en poco más de una década, la atención de la salud mental de los argentinos no mejoró y la pandemia de Covid-19 terminó por agravarlo. Como publicó LA NACIÓN, en esos 12 años se sancionó una ley, se designaron siete directores nacionales en el área específica y se asignó un presupuesto insuficiente. Los reclamos entre familiares, pacientes y, también, profesionales se mantienen: dificultades para las internaciones y falta de acceso a los tratamientos oportunos y de prevención de situaciones tan extremas como intentos de suicidio o crisis sin posibilidad de contención a tiempo.

La ausencia de estrategias de prevención en la emergencia sanitaria desde 2020 terminó por detonar entre los adolescentes crisis de ansiedad y depresión, desórdenes alimentarios, insomnio, trastornos por somatización, secuelas de violencia intrafamiliar, autolesiones e intentos de suicidio, como relataron médicos de guardia y especialistas que reciben esas consultas, sin diferencias por ingresos familiares o entre el sistema público y privado.

“Nuestra comunidad no tiene un acceso fácil a la atención de los problemas de salud mental. Esto no es de ahora, sino que es histórico”, afirma Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). “El presupuesto para salud mental sigue siendo insuficiente. Las prepagas y las obras sociales no están pudiendo dar la respuesta que la población necesita hoy. Ni hablar del consumo de drogas, que excede el tema de salud: vivimos en una sociedad que favorece y, de alguna manera, estimula su consumo, no solo por la banalización del consumo de marihuana, sino también del alcohol, en especial entre los adolescentes. Tenemos 10-15% de consumidores de alcohol problemáticos, que de sostener esta conducta en el tiempo tienen riesgo de padecer otros problemas de salud físicos y mentales, accidentes y dificultades sociales o familiares”, agrega Corral.

Y continúa: “Bienvenido sea lo anunciado: estamos todos de acuerdo con respetar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Pero hay que ir más allá de los enunciados. Desde 1983 ejerzo la profesión y, desde entonces, ha habido muchos funcionarios de diferentes partidos políticos, pero sigue existiendo una demanda de nuestra comunidad que no está resuelta y que, en la pospandemia, se ha agravado”.

Inesperado

Sin dudas, lo que más sorprendió hoy del discurso oficial fue la referencia al personal de salud. “No nos olvidamos de nuestros médicos y médicas, de nuestros enfermeros y enfermeras y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud”. Basta conversar con los profesionales en guardias o pasillos de hospitales, clínicas o salas de atención comunitaria para escuchar una y otra vez cómo se pasó por alto el reconocimiento a su trabajo durante la pandemia.

También recuerdan cuando pidieron que no los aplaudieran más por retrasos en los pagos en medio de la primera ola de Covid-19 o cuando el propio Fernández afirmó que “el sistema sanitario también se relajó” al referirse a la alta ocupación de camas en el sector privado en abril de 2021.

Los médicos residentes lograron mejorar su ingreso y condiciones de trabajo, solo después de movilizarse por las calles. Recién entonces se aceleró la actualización de la ley marco: en una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación en medio de esas protestas, que se intensificaron hacia finales del año pasado, se le informó a un grupo de residentes que se modificaría la ley vigente desde hace décadas y que exigía una actualización.

El Presidente, ante la asamblea legislativa, contó entre los logros de gestión haber enviado el proyecto para modificar el Sistema Nacional de Residencias. Como expuso LA NACIÓN, el problema con los jóvenes profesionales no hizo más que desnudar la debilidad con la que está funcionando el sistema sanitario por pérdida de profesionales, sea público o privado.