Bajo la lupa: cómo es el plan inédito para auditar la calidad de los institutos donde se forman los docentes
Acordado por Nación y las provincias, el plan busca intervenir en uno de los puntos más frágiles del sistema educativo
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LA NACION
Es uno de los engranajes menos visibles del sistema educativo y ahora el Gobierno nacional decidió ponerlo bajo la lupa: comenzará a evaluar a los institutos donde se forman los futuros docentes. La iniciativa, que cuenta con el aval de todas las provincias, ya que fue aprobado en el Consejo Federal de Educación (CFE, que reúne a los ministros de Educación de todas las jurisdicciones) apunta a introducir por primera vez una evaluación sistemática, con instancias internas y externas, capaz de medir qué ocurre dentro de esos espacios y, eventualmente, corregirlo.
Según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Capital Humano, el instrumento que se utilizará es el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la formación docente (Sifieca), aprobado en noviembre de 2024 por el CFE. “Se trata de una herramienta fundamental que permitirá la mejora del sistema formador de nuestro país, a través de procesos de autoevaluación y evaluación en los institutos superiores de formación docente”, señalan desde esa cartera.
El cambio llevará tiempo pero ya dio sus primeros pasos, como plan piloto. En noviembre último, comenzó la etapa inicial en 66 institutos de tres provincias, donde se inició el proceso de autoevaluación. Durante el primer semestre de este año, el alcance se ampliará hasta llegar a 150 institutos y se incorporarán otras nueve jurisdicciones.
La propuesta combina herramientas técnicas con instancias de participación institucional. Cada profesorado debe cargar información en una plataforma digital, pero también abrir espacios de discusión interna. La consigna es revisar prácticas, identificar problemas y elaborar un informe que sintetice ese diagnóstico construido puertas adentro.
Esa primera fotografía institucional será luego contrastada con una mirada externa. La segunda etapa del sistema prevé la intervención de evaluadores que integrarán un registro federal en elaboración. Su tarea será analizar los informes producidos por cada instituto y realizar una evaluación independiente sobre su funcionamiento.
Según las previsiones oficiales, los primeros 150 institutos que completen la autoevaluación atravesarán esta instancia externa durante el segundo semestre del año. Hasta ahora, el sistema carecía de mecanismos unificados de revisión.
Hay que recordar que los institutos de formación docente son en su mayoría instituciones públicas gestionadas por las provincias.
El nuevo sistema de evaluación llega en un momento en el que existen cuestionamientos a los institutos de formación docente, tanto por la falta de egresados de profesorados de las materias troncales, como matemática y las ciencias y los idiomas, además de la proliferación de profesorados de otras disciplinas que no responden a la demanda real de docentes hoy en las escuelas.
En el país hay más de 1300 institutos de formación docente, y más del 60% son estatales y responden a las provincias. Desde hace años que se viene hablando del déficit en la calidad de la formación y en la distribución de la oferta. Sin embargo, esta es la primera vez que se avanza sobre el tema.
Entre los principales cuestionamientos hallados por las autoridades educativas, se apunta a la escasez de profesorados en áreas clave, junto con una expansión de carreras que no siempre responden a una planificación integral del sistema educativo. A eso se suma la dificultad para las autoridades de acceder a información sistemática sobre el funcionamiento de las instituciones.
El nuevo esquema de evaluación no se centrará en carreras específicas, sino en el desempeño global de cada instituto. El proceso contempla una instancia de autoevaluación, revisión externa y la elaboración de recomendaciones orientadas a mejorar los puntos críticos detectados.
En una segunda fase, esos resultados tendrán impacto directo. La acreditación podrá ser plena o parcial, de acuerdo con el desempeño institucional, y estará vinculada a la validez nacional de las carreras que ofrecen los profesorados. En los casos en que se detecten falencias, se prevé la formulación de planes de mejora.
La resolución que dio origen al sistema establece plazos: todos los institutos deberán atravesar este proceso cada seis años y, para 2030, la totalidad del sistema habrá sido evaluada al menos una vez. Aquellos que resulten aprobados tendrán una validez de seis años hasta volver a someterse a una evaluación. Los que resulten con aprobación parcial deberán volver a presentarse en tres años y demostrar haber hecho los cambios para poder seguir sosteniendo un título oficial.
LA NACION
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