Carolina Piparo decidió irse de la Argentina por la inseguridad

LA PLATA.- En menos de dos meses cambió todo. Viva por milagro, bajo custodia policial y con el sufrimiento de la muerte de su hijo, Carolina Piparo, la mujer baleada en una salidera bancaria en esta ciudad, decidió irse del país.

Entre Italia y España estaría el destino de la em­pleada del Ministerio de Seguri­dad bonae­rense cuyo caso obligó al gober­nador Daniel Scioli a defender, justamente, su actuación en el área de seguridad, fuerte­mente cuestio­nada por la oposición política en la mayor provincia del país.

Piparo fue baleada el 29 de julio por delincuentes que la abordaron cuando se disponía a entrar en su casa tras haber retirado dinero de una sucursal bancaria del centro platense. En ese momento estaba embarazada de Isidro, el hijo que con su marido, Juan Ignacio Buzzali, aguardaban esperan­za­dos. Aquel disparo obligó a los médicos a practicarle a Carolina una cesárea de urgencia. Isidro tuvo un paro cardíaco y, luego, complicaciones respiratorias; sólo vivió una sema­na. Su madre no pudo verlo ni tocarlo. Ya había muerto cuando ella recobró la conciencia.

Piparo pasó 42 días y algunas horas en el hospital San Roque, de Gonnet, en las afueras de esta capital bonaerense. El jueves 9 del actual partió a una casa que su marido había alquilado en el norte del Gran Buenos Aires. Aún no declaró en la causa judicial, pero su abogado, Fernando Bur­lan­do, informó ayer que el matrimonio ya tiene decidido abandonar la Argentina. "Tragedias de esta naturaleza tal vez den un panorama de futuro muy agrio -dijo Burlando, al ser consultado sobre las razones de la decisión de la pareja-. Es una familia muy joven que iba a empezar a crecer y tenía todas las expectativas. Pero las condi­ciones de vida cambian y las decisiones de formar un futuro, también."

Una familia conmovida

Matías Piparo, hermano de Carolina, dijo que ella y Juan Ignacio se tomarán "unas largas vacaciones" y que es posible que no vuelvan a la Argentina. En principio irían a Europa: podrían instalarse en Italia, donde hay una rama de la familia Piparo, o en España, donde es Buzzali el que tiene parientes. "Necesitan pensar. Están con mucho miedo", dijo Matías a LA NACION.

"No se ha hecho ni se está haciendo nada. Más allá de que se haya agarrado a la gente [los nueve imputados en la causa], la cosa sigue igual-acusó-. Esperamos medidas integrales. Si no hay un gran cambio en la situación, no creo que ellos puedan volver."

Carolina y su marido se irán "lo antes posible", explicaron sus abogados y familiares. Esta misma semana ella declararía en la fiscalía y a los pocos días parti­ciparía de un reconocimiento en rueda para identificar a quien la baleó. Luego, abandonarían el país.

Scioli fue blanco de críticas cuando Buzzali reveló que el gobernador le había dicho que tenía "las ma­nos atadas" para combatir la inseguridad.

"A la familia le duele esta decisión, pero tiene todo nuestro apoyo en lo que quiere hacer -dijo Matías a este diario-. Duele, sobre todo, porque era evitable. Da la sensación de que estamos todos con un número en la mano esperando nuestro turno."

Críticas a Scioli

Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, dijo que tanto él como Scioli sabían de esta decisión. "Ya sabíamos que ella se iba a tomar su tiempo para reconstruir su familia; nos contó el esposo que era su deseo estar afuera porque había quedado muy dañada por esto. Todas las decisiones que tome Carolina las vamos a respetar y acompañar. Hay que entender que estaba por ser madre, fue madre a los tiros y encima perdió su bebé", dijo Casal a Radio 10.

Pero ayer, distintos sectores políticos volvieron a criticar a Scioli por la cuestión de la inseguridad.

"Luego de una situación como la que atravesó la familia Piparo, oír al gobernador decir que tiene las manos atadas no es alentador", dijo a LA NACION Jorge D´Onofrio, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, ex Unión Pro. Para el diputado Walter Martello, de la Coalición Cívica, "es lógico que se tome esa decisión cuando el propio gobernador asegura que no puede hacer nada por tener las manos atadas".

El diputado Jorge Macri, de Unión Pro, opinó: "Estos casos son un cachetazo a toda la clase dirigente y obligan a una profunda autocrítica sobre los errores que hayamos cometido todos y que generan esta sensación de que, nuevamente, la única salida es Ezeiza".

El diputado Gonzalo Atanasof (Unión Pro) lamentó que el sentimiento de los ciudadanos sea el del abandono por parte de las autoridades: "Los vecinos no necesitan juegos en las plazas ni cordones pintados como única prioridad de una gestión. Lo que los platenses necesitan y reclaman es poder ir con tranquilidad a esas plazas en familia".

Y Gustavo Zuccari, diputado por la UCR, concluyó: "El problema de inseguridad no se toma en serio. Ya han pasado muchos años de gobiernos del mismo signo político y nunca resolvieron el tema del delito ni brindaron seguridad a los bonaerenses".

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