Casino flotante: fallo favorable de la Corte

La Corte Suprema de Justicia falló que es la justicia federal la que debe decidir sobre el funcionamiento de los casinos flotantes y la habilitación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo.

El fallo pone fin a la batalla legal entre Roberto Gallardo, juez en lo contencioso administrativo de la ciudad, y su colega Sergio Fernández, quien ocupó el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 y hoy es camarista. Un juez clausuraba el barco; el otro lo reabría en el día.

Por estas idas y venidas, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, exhortó a ambos magistrados a que evitaran generar en la sociedad "la impresión de que el juzgamiento se está haciendo sin templanza, moderación, cautela o precaución". Una manera elegante de llamar la atención sobre el agitado trámite del caso y la actuación de los jueces.

El conflicto de fondo es quién tiene jurisdicción sobre el juego en la ciudad. La Corte, en un fallo de ocho líneas que hace suyos los argumentos del procurador, dijo que es la justicia local, pero que, dado que este conflicto involucra leyes nacionales y organismos federales, debe intervenir la justicia federal.

El procurador entendió que las causas en trámite versan sobre los juegos de azar que se explotan en la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la República, y prosiguió: "Por lo que entiendo que, si bien en principio ésta es una materia propia del derecho local, la solución de la cuestión que aquí se plantea exige, esencial e ineludiblemente, examinar preceptos y actos nacionales".

El primer conflicto se originó porque fue denunciado el convenio firmado entre la Lotería Nacional y la ciudad, que autoriza el funcionamiento del barco casino, la prórroga de su concesión y la habilitación de un segundo barco, actualmente en funcionamiento. Gallardo declaró ilegal el convenio y clausuró los barcos. Fernández los reabrió porque hizo lugar a una medida de no innovar presentada por el casino. La Cámara de Apelaciones de la ciudad convalidó parcialmente el fallo de Gallardo, pero el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad lo revocó.

Con respecto a las máquinas tragamonedas del hipódromo, la Corte, según el criterio del procurador, estableció que el edificio "es del dominio de la Nación y, por ende, está sometido a la jurisdicción federal".

"La competencia del Estado nacional queda limitada a la materia específica del establecimiento y la potestad regulatoria y el poder de policía de la autoridad local subsisten, en tanto su ejercicio no obstaculice directa o indirectamente el fin de utilidad nacional que le fue asignado", dijo.

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