Caso Cecilia Strzyzowski: ya tiene fecha la lectura de la sentencia con la condena por homicidio del clan Sena
El matrimonio Sena, además, volverá a juicio en el 2026 por presunto lavado de dinero de fondos públicos
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La jueza Dolly Fernández fijó la fecha para la lectura de la sentencia de los Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky, a quien mataron el en la casa del matrimonio piquetero el 2 junio de 2023. César y sus padres, Emerenciano y Marcela, fueron condenados a cadena perpetua. El próximo 10 de febrero a las 9 finalmente se conocerán las penas para los tres colaboradores que el jurado popular condenó.
Los Sena llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos del matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado, la pena va de uno a seis años. Gustavo Melgarejo, el casero del campo, por encubrimiento simple, la pena podrá ser de seis meses a tres años. Tras estar detenido desde 2023, quedó en libertad la tarde en que se conocieron las condenas.
Los 12 jurados definieron la culpabilidad de los imputados y será la jueza quien impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.

Durante las audiencias de cesura, la fiscalía pidió una pena de cinco años y diez meses de prisión para Obregón y González, destacando como único atenuante la falta de antecedentes. La querella solicitó seis. Sus defensas solicitaron una pena condicional para ambos y que, por el tiempo de detención ya cumplido, se considere cumplida la pena. También pidieron la prisión domiciliaria para que pudieran estar con sus hijos.
En el caso de Melgarejo, el casero del campo, la fiscalía pidió su inmediata detención y que cumpla dos años y diez meses de prisión efectiva. Melgarejo quedó en libertad la misma tarde en que se conoció el veredicto en el que el jurado que lo condenó por encubrimiento simple, cuya máxima pena es de 3 años y llevaba dos años y cinco meses. La querella solicitó los tres años de prisión efectiva, además de una orden de restricción de acercamiento hacia la familia de Cecilia.

Además, las defensas cuestionaron el proceso y remarcaron que “la pena no es un mensaje para la sociedad”. Los Sena pidieron no ser trasladados. En la primera de las tres jornadas de audiencias, las defensas habían solicitado la nulidad del veredicto del jurado popular por la supuesta contaminación externa del proceso: sostuvieron que la decisión del jurado había estado atravesada por la presión pública y mediática.
Una vez finalizadas, la jueza contaba con un plazo de 15 días hábiles para fijar fecha de lectura. Como la actividad del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco suspendió los términos procesales el 15 de diciembre, finalmente será en febrero la lectura de la sentencia.
Lavado de dinero
El matrimonio Sena, además, volverá a juicio en el 2026 por presunto lavado de dinero de fondos públicos. El juez federal de Resistencia Ricardo Mihanovich elevó a juicio oral y público la causa en la que Emerenciano Sena y Marcela Acuña están imputados como coautores por este delito. Según fuentes judiciales, se espera que en abril comiencen las audiencias preliminares y luego será el Tribunal Oral Federal (TOF) el que definirá la fecha del juicio.
La causa se inició tras los allanamientos en la casa de los Sena, en donde fue asesinada Cecilia Strzyzowski, cuando encontraron más de seis millones de pesos en efectivo. Luego se sumaron informes patrimoniales, fiscales y bancarios que revelaron una “importante exteriorización de riqueza, incongruente con los ingresos declarados”, consideró el magistrado.

El juez detalló los bienes muebles e inmuebles adquiridos por los imputados, y consideró que, en todos los casos, “los valores de las adquisiciones excedían la capacidad económica de los imputados según su perfil tributario (monotributistas) y laboral (docentes)”.
La investigación, además, puso la lupa en la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, que fundó el padre de Marcela. Detectaron un faltante de más de $62.781.127.
Y describió la mecánica con la que introducían en la economía formal sumas ilícitas “como si fueran gastos genuinos”: obtención de fondos estatales, extracción inmediata en efectivo –en su gran mayoría, por el propio Sena, modalidad que impedía todo control de trazabilidad y resultaba compatible con un circuito de reciclaje de dinero–, incorporación a patrimonios personales o de la fundación, y justificación mediante balances contables con gastos sobredimensionados en el rubro “mano de obra y materiales” y “gastos de personal del centro de salud”.
Dichas irregularidades, afirmó, evidenciaban no solo el desvío de recursos públicos, sino también la existencia de delitos precedente como el fraude a la administración provincial y corrupción, a partir de los cuales se habría nutrido el dinero luego sometido a operaciones de lavado.
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