Caso Próvolo: pidieron penas de hasta 50 años de prisión

MENDOZA.- Terminan hoy los alegatos en el juicio por los abusos sexuales de chicos sordos en el instituto religioso Antonio Próvolo de esta ciudad, por lo que se espera que la sentencia se conocerá antes de fin de mes. Mientras que los querellantes pidieron la pena máxima, 50 años, para los sacerdotes imputados, la defensa oficial solicitó la "nulidad" del debate por considerar que se "violó el derecho a la legítima defensa". Además, se espera que esta última cierre hoy su participación con el pedido de "absolución" de los acusados.

Los familiares de las víctimas tienen expectativas de que el tribunal dicte las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi, de 83 años; Horacio Corbacho, de 61, y el exjardinero Armando Gómez, de 51, antes del 26 próximo, al cumplirse los tres años desde que se destapó el escándalo.

Durante toda la semana, se realizó la etapa de argumentaciones de cada parte en el debate, en el que se expusieron las graves denuncias y pruebas en contra de los tres imputados, y las "complicidades" dentro de la institución. Así, se confirmaron los requerimientos de penas del que, en la sumatoria de los querellantes, se estableció en 50 años para Corradi y Corbacho; y 30 años para Gómez.

Según consta en el expediente judicial, más de una veintena de menores fueron víctimas de los sacerdotes, directivos y empleados del Próvolo, por lo que hay una decena de personas imputadas.

Los primeros en dar su postura, a comienzos de la semana fueron los fiscales Alejandro Iturbide -jefe de Delitos Sexuales- y Gustavo Stroppiana, a cargo de la Instrucción. Ambos reclamaron 45 años de cárcel para los sacerdotes y 22 años para el exjardinero. "Para el caso de Corbacho, logramos comprobar la materialidad de 16, como llegamos a este juicio, pero hubo tres que fueron desestimados, uno de Corradi por corrupción de menores y dos de Gómez por abuso simple y corrupción de menores", indicó Iturbide.

A mediados de la semana, fue el turno de los abogados querellantes, representantes de la ONG Xumek. Sergio Salinas y Lucas Lecour solicitaron la pena máxima de 50 años para Corbacho y 15 para Corradi (por comprobar solo un delito) y Gómez. "Cada uno pide por sus propios delitos, pero entre todos se ponen los límites superiores, de los que el juez no puede superar", explicó a LA NACION Salinas, que actúa en cinco casos. También, desde la entidad expresaron su adhesión "simbólica" al pedido de la fiscalía, que decidió acusar por 25 casos, de los 28 iniciales. Así, Corbacho fue acusado por 16 casos de abusos sexuales y corrupción agravados, mientras que Corradi lo fue por cinco de abusos simples y corrupción agravados. En tanto, Gómez, por cuatro de abusos.

Ayer finalizaron los alegatos de los otros querellantes, Oscar Barrera y Leandro Lanci, que representan a cuatro de las 11 víctimas. También solicitaron la pena máxima de 50 años para los sacerdotes, detallaron los vejámenes que sufrían los menores y destacaron el grado de vulnerabilidad al que estaban expuestas las víctimas como pupilos del colegio. En tanto, para el empleado de la institución reclamaron una pena de 30 años de prisión.

Luego, fue el turno de Alicia Arlotta, la defensora oficial de los tres imputados. La abogada reclamó la nulidad de lo actuado durante el proceso, porque se "violó el derecho a la legítima defensa", sobre todo por la aceptación que se hizo de pruebas y testimonios que no son "precisos" en cuanto tiempo, modo y lugar. Según considera, esta situación le jugó en contra en la tarea que debía realizar. Además, destacó las dificultades que tuvieron los imputados para comprender lo que sucedía durante todo el juicio, en especial Gómez, que es hipoacúsico y analfabeto. A Corradi, que es hipoacúsico, se le colocó una pantalla en la que podía leer, a través de un software especial, lo que ocurría en la sala. También se quejó de la labor que realizaron los intérpretes de señas. Para hoy se espera que la abogada reclame la "absolución" de sus defendidos y quede oficialmente concluida la etapa de alegatos.

"Lo que pide es imposible para este tipo de delitos, más allá de que citó jurisprudencia anacrónica. La exigencia de detalles que reclama es incorrecta, teniendo en cuenta lo que sostiene la psicología, además de ser ultrarrevictimizante", explicó una alta fuente del caso.

Los imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años y por convivencia preexistente con los exalumnos, corrupción de menores, y en el caso de los curas, por ser ministros de culto, enfrentan penas de 50 años de cárcel, de acuerdo con lo que establece el Código Penal. De esta manera, resta ahora esperar el tiempo que se tome el tribunal, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, porque se dispuso que tendrán hasta 15 días para decidir la pena contra los imputados.

El debate, por ser de instancia privada porque se trata de delitos de abuso sexual, se realiza a puertas cerradas, y cuenta con la participación de Intérpretes de Lenguas de Señas Argentinas.

Por las denuncias en el Próvolo mendocino, hay 14 acusados en tres causas. Además de los tres acusados que están en el banquillo -menos el exmonaguillo Jorge Bordón, que se declaró culpable en un debate abreviado, y un exadministrativo, que fue declarado inimputable-, habrá dos nuevos juicios más adelante. En esos procesos, deberán responder las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo. La "jefa" de la institución, Graciela Pascual, esperará el juicio en libertad, luego de una polémica decisión que tomó un tribunal.

Por Pablo Mannino

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