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Cerrarán el Tribunal de Faltas porteño
El jefe de gobierno piensa terminar así con la controversia por las multas fotográficas; otra jornada de caos
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La controversia por las multas fotográficas y el enfrentamiento entre los jueces de faltas y las autoridades porteñas tiene final anunciado.
El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, firmará a más tardar mañana un decreto de necesidad y urgencia que cerrará el Tribunal de Faltas, que será reemplazado por una Unidad de Verificación Administrativa de Faltas, que estará conformada por medio centenar de abogados.
En su edición de ayer, La Nación adelantó que la creación del nuevo organismo estaba prevista para diciembre próximo, pero el conflicto que se desató con los jueces de faltas -que cuestionaron los controles fotográficos de infracciones y que la semana última calificaron el sistema de control como "ilegal"- precipitó la decisión del jefe de gobierno.
Cuando Ibarra conoció la acordada de los jueces de faltas que suspendió el pago de las multas, ordenó al secretario de Gobierno, Raúl Fernández, la redacción urgente de un decreto para disolver el Tribunal y poner en marcha la nueva instancia.
La cláusula transitoria 12a. de la Constitución porteña le da atribuciones al titular del Ejecutivo local para ponerle punto final al Tribunal de Faltas.
Textualmente dice que el jefe de gobierno puede "constituir los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, Contravencional y de Faltas y los demás que fueren menester para asegurar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial local..."
Dice también que "la constitución del fuero Contravencional y de Faltas importará la cesación de la Justicia Municipal de Faltas creada por la ley 19.987, cuyas causas pendientes pasarán a la Justicia Contravencional y de Faltas".
Con la medida de Ibarra cesarán en sus funciones los 21 jueces que atienden el tribunal y la Cámara de faltas, que se compone de cuatro miembros.
Hasta que sean designados los nuevos jueces, la competencia en materia de faltas pasará a los tribunales contravencionales de la Ciudad.
En forma paralela, se creará la Unidad de Verificación de Faltas. Aquí, un cuerpo de medio centenar de abogados, a los que se conocerá como verificadores, representará la primera instancia con las que se encontrarán los eventuales infractores.
Estos verificadores serán los responsables de definir la validez de la infracción y fijarán los montos de las multas. En caso de apelación, los vecinos podrán discutir cara a cara con un juez la veracidad del acta de infracción.
Como actualmente la Cámara de Apelaciones Contravencional tiene sólo cuatro jueces, nadie descarta posibles problemas, sobre todo si tiene en cuenta que por mes se hace un promedio de 200.000 multas fotográficas.
Ibarra debe llamar a concurso para cubrir los cargos de jueces contravencionales del fuero de faltas.
Según un informe interno de la jefatura de gobierno -que sirvió para la redacción del decreto que Ibarra se apresta a firmar-, la actual justicia de faltas interviene en apenas el 20 por ciento de las actas de infracción que se labra en la vía pública.
Esto es lo que provocaría las molestas demoras en el tratamiento de las causas. Se estima que al día de hoy hay más de 3.000.000 de actas pendientes de resolución.
Tumultos en el tribunal
El de ayer fue otro día de caos y confusión en el Tribunal de Faltas, que volvió a cobrar las controvertidas multas fotográficas. El trámite había sido suspendido el miércoles último debido a una acordada de los jueces de faltas, que había rechazado el sistema de control con fotografías.
Los automovilistas estaban muy nerviosos. Desde las 7 de la mañana, más de un millar de personas se agolpó en las oficinas del Edificio del Plata. Todos llegaron con la idea de ser exceptuados del pago, como sucedió el lunes y el viernes último.
Como el tribunal no había recibido la notificación del fallo de la justicia contravencional, algunos jueces exceptuaron a algunos infractores.
Poco antes de las 10 llegó la notificación de la justicia contravencional que el lunes último había anulado la medida de los jueces, con lo que autorizó el cobro de las multas realizadas con cámaras fotográficas.
"Es una vergüenza cómo nos tratan. Hace más de tres horas que estoy esperando y nadie me paga el día de trabajo que perdí", comentó con indignación Luisa Recalde, con una multa por exceso de velocidad en la autopista General Paz.
La ira de esta mujer se mezcló con la impotencia de sentirse en desventaja frente al sistema. "La foto de la infracción me la sacaron desde un coche estacionado sobre el pasto, a un lado de la colectora. O sea que para multarme cometen faltas, pero nadie les pide explicaciones", agregó.
La confusión reinante en las colas de automovilistas que aguardaban ingresar en los juzgados llegó a convertirse en desesperación en algunos casos. "Esto es una trampa y los funcionarios no hacen nada para frenarlo. Es un sistema arbitrario: lo único que intenta es recaudar a costa del bolsillo de los ciudadanos", denunció Alejandro Suárez, un jubilado de 71 años.
Mientras algunos infractores se quejaron de viva voz por las idas y venidas sobre la anulación del cobro, otros casi terminan a los golpes con el personal de los juzgados, debido a las demoras en la atención.
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