Clima de revuelta entre los reclusos

NEUQUEN.- La firme posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia neuquino declare inconstitucional la reducción de penas generalizada que firmó el gobernador Felipe Sapag, se convirtió en la chispa que encendió los ánimos de los 700 presos de las cárceles neuquinas.

Ellos organizarían una serie de revueltas para tratar de conseguir una sustancial quita en las condenas, que les permitaría recuperar la libertad antes de las fiestas de fin de año.

El decreto firmado el jueves último por el caudillo neuquino, de 82 años, no cayó bien en ningún lado y no conformó a nadie.

La norma impulsada por Sapag fue más efectista que efectiva: fue fustigada desde varios sectores de la sociedad, que advirtieron el riesgo de que el delito se convirtiera en amo y señor de las calles si se concretaba la liberación masiva de presos.

Y también fue cuestionada por los reclusos, porque en los papeles, la tan mentada reducción de penas fue del 15% y no del 30%, como se les había prometido.

Una calificada fuente de la Dirección de Políticas Penitenciarias provincial aseguró ayer que la ilusión que durante diez días alimentaron los presos, cuando Sapag anunció que les reduciría las penas, dejó lugar a la insatisfacción.

El veterano funcionario advirtió el peligro de que se sucedan las revueltas en los penales neuquinos.

Los incidentes podrían desencadenarse a partir del 14 de diciembre próximo, cuando la catarata de pedidos de reducción de penas fundadas en el decreto 4003/99 llegue al Tribunal Superior de Justicia, que preside Armando Vidal.

Allí serían rechazadas debido a que el organismo decidirá tratar cada caso en particular y no en general, como indica la norma impulsada por Sapag.

Huelga de hambre

En la puerta de la Unidad Penal Nº 11 había que plantarse firme para mantener la vertical frente al embate del viento.

Dos pequeños pinos servían de improvisado refugio del intenso viento y de la polvareda que golpeaba los ojos de las tres mujeres que esperaban un taxi.

Allí, los familiares de los reclusos anticiparon que seguirán con la huelga de hambre y que, a partir de hoy, endurecerán su posición y comenzarán con una huelga seca.

"No se cumplió lo que les prometieron. A partir de ahora se negarán a tomar agua para tratar de llamar la atención, a ver si consiguen lo que todos consideramos que es justo."

Así habló Josefina, la madre de uno de los detenidos por el crimen de José Corzo, el muchacho asesinado de una puñalada hace dos años durante el recital de León Gieco, en el Parque Central, de esta ciudad.

Era la voz de aquellos que están detrás de los muros.

Antes, Teresa de Asencio, la madre de Miguel Asencio, el taxista asesinado y quemado dentro de su vehículo en marzo de 1996, dijo a La Nación su verdad acerca de la reducción de penas.

"Parece una burla del gobierno hacia los familiares, que hemos sufrido tanto. Quiero que los asesinos paguen por lo que hicieron. Ya de por sí las condenas habían sido leves. Si encima se las reducen, creo que no hay justicia", sentenció la mujer mientras atendía su almacén, en el barrio de Amsur.

De aplicarse automáticamente, la medida impulsada por Sapag favorecerá sólo a 38 de los 700 presos alojados en las cárceles neuquinas.

Entre ellos figuran Salvador Pucci, condenado por el homicidio de su esposa, María Sebastiana Lara, cometido en Chos Malal. También se beneficiaría uno de los asesinos del gendarme Manuel Ulloa.

Ambos estarán en condiciones de recuperar la libertad en marzo del 2000, luego de cumplir algo menos de la mitad de la pena de prisión que se les impuso originalmente.

Por Gustavo Carabajal

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