Condena económica e inhabilitación para Uber y un directivo de la empresa en el país

La batalla judicial que tiene a Uber como uno de los protagonistas, desde su desembarco en la Ciudad de Buenos Aires, sumó un nuevo capítulo. Mariano Otero, el CEO de la compañía, y la empresa fueron condenados a pagar $60.000 de multa y a la inhabilitación, por dos años, para ejercer cualquier actividad vinculada al transporte de pasajeros.

El fallo aún no está firme y tampoco se saben los fundamentos, que serán expuestos la semana próxima por el juez Ladislao Endre, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad, que ya había condenado a ocho choferes de la plataforma digital a penas menores.

Uber avisó que apelará el fallo que también prohíbe a la empresa realizar cualquier tipo de actividad vinculada con el transporte, de forma directa o indirecta, por su cuenta o por intermedio de terceros. Se trata de la primera condena en contra de la aplicación, en un escenario judicial complejo en el que hasta tuvo la participación de la Corte Suprema de la Nación.

En agosto pasado el máximo Tribunal había desestimado un recurso de queja presentado por el Sindicato de Peones de Taxis hace dos años, luego de un fallo de un juez de primera instancia el cual afirmaba que la actividad realizada por los choferes de Uber no era ilegal, sino una actividad comercial lícita. Esta decisión mantuvo la vigencia de la resolución de octubre de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya.

El fallo de ayer intenta descartar el principal argumento de Uber, que sostiene que es una compañía de tecnología y no de transporte. Este punto es la principal batalla que mantiene con la Secretaría de Transporte y Tránsito porteño. Desde el seno del organismo sostienen que si Uber acepta la regulación como un medio de transporte, se abriría el debate.

Pero, al mismo tiempo, en la Legislatura porteña el Ejecutivo dejó pasar un proyecto del ex diputado, Hernán Rossi, para regular la actividad. La propuesta se desvaneció en la Comisión de Transporte y Tránsito, que mantiene lazos con el sindicato de peones de taxis. En la actualidad hay un nuevo proyecto, de Marcelo Guouman (Evolución), que pretende seguir un camino diferente al de Rossi.

Mendoza primero

Endre acusó a Uber de organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, prohibidas por el Código Contravencional de la Ciudad. El juez absolvió, sin embargo, a Otero y otros dos ejecutivos de la empresa, Fernando Cao y Diego Mariano Oliveira, de la violación de clausura.

"La decisión de la Justicia contravencional ratifica la necesidad de una regulación", comunicaron desde Uber. "Es responsabilidad de la Ciudad fomentar la incorporación de tecnología a la movilidad que ya ha sido adoptada por más de un millón de personas. La Corte Suprema ya confirmó el fallo de Casación Penal que declaró la legalidad de desde la perspectiva penal", agregó.

Mientras en Buenos Aires se debate una intensa pelea judicial, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en autorizar el funcionamiento de Uber. Ocurrió en julio pasado, en medio de protestas y presiones de los taxistas que se oponían al aval votado en el Senado mendocino.

En la región metropolitana crecen los ataques de taxistas apodados caza Uber, nucleados en la Asociación Civil Taxistas Unidos, liderados por Marcelo Boeri. Los ataques a los vehículos vinculados a Uber se volvieron frecuentes y, en muchos casos, además de los daños al rodado incluyen agresiones físicas a conductores y pasajeros.

Por Mauricio Giambartolomei

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