Conflicto porteño. Presentan una acción de amparo colectivo ambiental para evitar la demolición de un puente histórico

Mientras se aguarda la definición del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) que tiene previsto reunirse hoy para debatir la descatalogación del puente Ciudad de la Paz, medida necesaria para poder demoler el viaducto que une los barrios de Palermo y Colegiales, dos organizaciones civiles presentaron en las últimas horas una acción de amparo colectivo ambiental contra su demolición y pidieron a la Justicia varias medidas al respecto.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, presidido por Jonatan Baldiviezo, y la asociación civil Basta de Demoler (BDD), liderada por Ana Bas, sumaron en esa inicial medida que se ordene al CAAP abstenerse de tratar la descatalogación del puente y que se ordene al Poder Ejecutivo porteño que cumpla con su obligación de remitir a la Legislatura el proyecto de ley que tendrá por objeto la protección patrimonial y catalogación definitiva del puente.

Tras haber permanecido cerrado al tránsito por dos años, el puente Ciudad de la Paz fue reabierto por el jefe de gobierno porteño en marzo pasado. Cuatro meses después fue el propio Jorge Macri el que anunció el llamado a licitación para construir un nuevo paso vehicular. Según justificó en ese momento, la intención era permitir que se ampliara el uso del viaducto a la circulación de camiones.

Entre julio y septiembre, en la CAAP —el órgano de consulta del gobierno de la ciudad para asuntos de protección y patrimonio— hubo cinco postergaciones sobre la posibilidad de descatalogar el puente Ciudad de la Paz. Hoy sería el sexto intento de discutir sobre su futuro.

Además de la acción judicial colectiva presentada en las últimas horas, BDD y la Fundación Ciudad enviaron una carta abierta a los miembros del CAAP, en la que hacen foco en el Informe Polimeni, un análisis que realizó el año pasado el ingeniero civil Martín Polimeni, por pedido de la actual gestión porteña, que determinó el desarrollo de un proyecto para rehabilitar el puente. El contenido completo de este estudio no fue presentado por la Ciudad al CAAP.

Al referirse a la acción colectiva, Jonatan Baldiviezo consideró que “la omisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley a la Legislatura también está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana, incluyendo la convocatoria a una Audiencia Pública Obligatoria tal como establece la Constitución de la Ciudad para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial”.

Explicó que la razón por la que se presentó la “medida cautelar urgente” tiene como “objetivo evitar un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad”. “Lo que se demuele se pierde para siempre y existen soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de nuestra memoria colectiva”, amplió el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La histórica plataforma metálica cruza por encima de las vías del ferrocarril Mitre. Fue construido en 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze y su función original era el paso de los tranvías, pero cuando dejaron de usarse como medio de transporte público en la década del 60, fue readaptado y asfaltado para la circulación vehicular. Así, se convirtió en un camino alternativo para pasar entre Palermo, Belgrano y Colegiales hacia la avenida Cabildo.

Consta de acero remachado al estilo inglés que se extiende por 52 metros y se eleva, logrando la altura necesaria para cruzar la traza ferroviaria. Cuenta con una pasarela peatonal lateral, que en sus orígenes era de madera y posteriormente se reemplazó por losas de hormigón armado. Su trama metálica delgada dialoga con la escala de un barrio residencial.

Luego de dos años cerrado al tránsito, el verano pasado AUSA rehabilitó el puente, bajo la supervisión de Polimeni. En esa obra, entre otras tareas, se reforzó la estructura de los reticulados incorporando perfiles metálicos nuevos que fueron soldados a los existentes.

El puente fue reabierto en marzo pasado para vehículos livianos. En su momento, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había expresado: “Hablamos con los vecinos y escuchamos un reclamo de años: un puente cerrado, que muchos decían que no se podía reparar, y una obra pospuesta durante mucho tiempo; hemos cumplido con las obras, las ejecutamos en serio”. Meses después, el jefe de gobierno cambió su postura y abogó por la demolición del puente para permitir el paso de tránsito pesado y por temas de seguridad.

Tras la acción de amparo, Ana Bas planteó que “las autoridades porteñas pasaron de considerar este puente con valor histórico testimonial y ser catalogado como bien patrimonial a pedir que se lo descatalogue por no se sabe qué causa. De decir que es un puente emblemático recuperado, a que su rehabilitación es imposible".

La presidenta de Basta de Demoler indicó, además, que la Ciudad pasó “de pedir informes técnicos a serios profesionales del rubro, a desoírlos si no coinciden con los proyectos de algunos funcionarios”, y “también a olvidar que los ciudadanos tenemos el derecho a participar de las decisiones que modifican nuestro paisaje urbano". “Cuando el gobierno de la ciudad no consulta ni escucha a los que la habitamos, mantenemos y sufrimos, nos queda el Poder Judicial para intentar hacer cumplir las normas que nos protegen”, consideró.

Especialista en patrimonio urbano, el arquitecto Marcelo Magadán, respaldó el camino judicial para defender el puente histórico. “Ante la falta de respuesta del gobierno porteño a los reiterados pedidos de los vecinos, de los patrimonialistas y de las organizaciones sociales, hubo que llegar a la presentación de una acción de amparo para preservar este puente de gran valor histórico. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo caso omiso a los informes técnicos que él mismo contrató, que proponían planes de rehabilitación de la estructura metálica, y prefirió insistir en su demolición, tratando de convencer a los miembros del CAAP que aprueben su descatalogación como bien protegido".

Magadán hizo hincapié en que “en los países serios no se demuele el patrimonio urbano, se lo rehabilita y conserva para las actuales y futuras generaciones, ya que es la memoria y la identidad de los pueblos”.

Por su parte, para María Eva Koutsovitis “el puente de Ciudad de la Paz lleva funcionando 107 años y tiene un alto valor histórico, arquitectónico, ingenieril, urbano y simbólico. El propio gobierno de la Ciudad reconoció su valor patrimonial incorporándolo al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales. Durante más de dos años el puente estuvo cerrado por obras estructurales realizadas por el propio GCBA. En marzo terminaron los trabajos y ahora insólitamente el mismo GCBA quiere demolerlo para construir un nuevo puente”,

“El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y AUSA justifican la demolición argumentando cuestiones de seguridad y fallas estructurales para reemplazarlo por una estructura destinada al paso de vehículos pesados. Los propios técnicos del gobierno de la ciudad, AUSA y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) mencionan que el puente es susceptible de ser rehabilitado estructuralmente, por lo tanto, existen alternativas ingenieriles viables que permitan preservar este puente emblemático de nuestra ciudad”, concluyó.

LA NACION

• Ciudad de Buenos Aires

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