
Control para los tiempos compartidos
Diputados estudia una ley para regular la oferta y la contratación de este sistema; en el país hay cerca de 100.000 usuarios
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La queja más clásica y habitual de los consumidores argentinos es la que deriva del acoso o del hecho de que se siente estafada en la venta de sistemas turísticos de tiempo compartido, según la opinión coincidente de distintos organismos abocados a la defensa de sus derechos. Pero este reclamo pasará a la historia si prospera un proyecto de ley que está próximo a votarse en la Cámara de Diputados.
En nuestro país son más de 100.000 los usuarios de este sistema de vacaciones, mientras que en el nivel mundial la modalidad suma alrededor de 3.700.0000 clientes.
La novedad más importante que plantea el proyecto de ley consiste en que el comprador tendrá un tiempo (hasta el momento, estipulado en 15 días) durante el cual podrá arrepentirse de la compra y se le reintegrará el dinero abonado.
Actualmente existe una posibilidad, que pocos consumidores conocen, de revocar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del mismo.
Esta norma antes resguardaba sólo a quienes compraban por medio de algún sistema de venta domiciliaria. Pero el año último, las quejas que comenzó a suscitar la venta compulsiva de estos sistemas de vacaciones de tiempo compartido aceleraron la modificación de la norma, en la que se incluyó también a los compradores de estos sistemas.
Los anzuelos
El acoso telefónico, la invitación a conocer sin cargo de pasajes ni de estada un complejo hotelero de varias estrellas, el ofrecimiento de una cena gratis o un regalo fueron métodos esporádicos al principio, pero que más tarde se convirtieron en las armas predilectas de algunas empresas de venta de tiempos compartidos.
Los distintos métodos de incitación a la compra estarán más controlados si prospera la ley, ya que se exigirá que todos los beneficios mencionados en los folletos de publicidad figuren también en los contratos que firman los compradores, bajo pena de nulidad del documento si no se cumple el requisito.
El proyecto de ley cuenta con el dictamen de dos comisiones (la de Legislación General y de Defensa del Consumidor), por estos días se está revisando en la Comisión de Comercio y aún debe ser estudiado por los diputados que trabajan en el área de turismo.
El diputado radical José Gabriel Dumón, que retomó una iniciativa de la fallecida diputada cordobesa Marta Alarcia, es optimista con respecto al futuro del proyecto: "Hubo acuerdo entre todas las bancadas y el consenso hace suponer que a lo sumo se modificarán algunos detalles", dijo, al tiempo que estimó que el proyecto se someterá a la votación del cuerpo legislativo dentro de 25 días.
La disconformidad de los consumidores tiene que ver con el sistema de venta compulsivo que emplean las empresas o con promesas que nunca se cumplen.
No están de acuerdo
En la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, entidad que agrupa a más de 40 empresas del sector, no apoyan el proyecto que estudia la Cámara de Diputados.
Julio Oraindi, asesor del organismo en temas legislativos, opinó que si se aprueba tal como está ahora, "la ley va a nacer desactualizada".
"El sistema de tiempo compartido cada vez se aleja más del concepto de forma inmobiliaria para acercarse al de servicio de prestaciones turísticas. Sin embargo, el proyecto de ley de Dumón sigue estando influido por criterios de carácter inmobiliario que ya están superados", opinó.
Oraindi señaló que los reclamos vinculados con los sistemas de tiempo compartido no están vinculados con los servicios que allí se ofrecen, "donde hay un alto índice de satisfacción", sino con los sistemas de venta que se emplean.
En este sentido, el asesor señaló que los miembros de la cámara están de acuerdo en que la ley contemple el derecho de arrepentimiento del comprador. Sin embargo, señaló que no coinciden con el plazo de 15 días propuesto en el proyecto.
"Mantener el negocio en situación suspensiva no es bueno, creemos que cinco días hábiles son suficientes para arrepentirse", manifestó Oraindi.
"A nuestro juicio, quedan muchas normas por revisar y buscar consenso para que los intereses que debe contemplar la futura ley no restrinjan ni frustren la expansión del sistema", señaló el asesor de la Cámara de Tiempo Compartido.
Denuncias al por mayor
En nuestro país, esta modalidad turística "creció más rápido que en el resto del mundo -según fuentes de Resort Condominium International (RCI)- y factura 100 millones de pesos anuales, mientras que en su conjunto las ventas de la industria trepan a los 6000 millones, en el mismo lapso".
Conforme creció la popularidad del sistema, aumentaron también los reclamos de los compradores.
Las quejas relacionadas con la compra de sistemas de tiempo compartido encabezan el ranking de denuncias que se reciben en los tribunales arbitrales de consumo, dependientes del Ministerio de Economía de la Nación.
Desde la creación de esos tribunales -en abril de 1998-, las quejas de compradores de estos sistemas de vacaciones son mayoría y actualmente constituyen el 29 por ciento del total de los reclamos, con 1558 denuncias sobre un total de 5316.
Las denuncias relacionadas con las empresas de tiempo compartido superan a las que se realizan por problemas vinculados con la compra de automóviles, de teléfonos celulares y de medicina prepaga.
Los cambios que propone el proyecto
Promesas cumplidas: todas las características, elementos constitutivos y beneficios que se formulan en las publicidades deberán incluirse textualmente en los contratos. Su incumplimiento facultará al usuario a rescindir el contrato o a exigir su modificación.
Letra chica: la reserva, el contrato y el reglamento de uso y administración deberán ser redactados en castellano y en letra uniforme.
Derecho del arrepentido: el futuro usuario tendrá derecho de revocar su adquisición dentro de los 15 días hábiles, sin alegar ningún motivo, y se le restituirá la suma abonada en el plazo de cinco días, con excepción de los aranceles fiscales.
Contratos: deberán contener, bajo pena de nulidad, la descripción completa del bien inmueble y servicios ofrecidos, si se encuentra hipotecado o si se trata de una obra en construcción (con fechas de finalización y entrega), gastos del sistema y reglamento de uso y administración.
Reuniones: se convocará a asambleas cuando se pretenda agregar unidades habitacionales o espacios de uso común. También se convocará a los usuarios cuando se modifiquen las previsiones contenidas en la escritura. En estas reuniones, el desarrollista y el administrador tendrán voz, pero no voto.
Control: las autoridades de aplicación de la ley serán la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor.
Listado: se creará el Registro de Tiempo Compartido, donde deberán inscribirse todas las empresas del sector, luego de demostrar que cumplen con los recaudos de idoneidad y de solvencia correspondientes.
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