1
Controversia con los planes de ahorro
Las administradoras cobran un plus por cada vehículo adjudicado; una asociación de consumidores dice que es ilegal
1 minuto de lectura'
Más de medio millón de argentinos compraron automóviles mediante planes de ahorro en los últimos cinco años y fueron obligados por las administradoras a pagar un plus sobre la base de un supuesto anexo de la resolución 3/95 del Ministerio de Justicia, que en realidad nunca fue dictado por el organismo, según las actuales autoridades.
Por culpa de ese anexo, en 1999, 71.623 compradores de otros tantos vehículos pagaron, en conjunto, 30 millones de pesos que supuestamente no estaban obligados a abonar.
Ocurre que, según confirmó a La Nación el subsecretario de Justicia, Carlos Balbín, "este anexo no existe. No existe, pero sabemos que se aplica".
Los llamados autoplanes incluyen el cobro de 120 a 1200 pesos, según la distancia que separa a los suscriptores de la fábrica, por los gastos de envío y seguro de transporte del vehículo adjudicado que -dicen las administradoras- están estipulados en el anexo de la resolución 3/95 del Ministerio de Justicia.
A esto se suman hasta 100 pesos en concepto de los gastos por gestoría del dominio y hasta 200 por la constitución e inscripción de la prenda.
La resolución existe, pero en su artículo 2º establece que los gastos "quedarán sujetos a lo que específicamente acordaron las partes".
"El problema radica en que no se puede derogar algo que no existe. Mis únicas herramientas son difundir su inexistencia, reafirmar la norma vigente e iniciar sumarios contra las administradoras", señaló Balbín.
Para protegerse, las administradoras exhiben el respaldo de la Inspección General de Justicia de la Nación, organismo encargado de controlarlas. Y agregan que el plus se destina a las empresas que trasladan los autos a sus nuevos dueños.
Consultado por La Nación , Adalberto Russo, director de Asuntos Legales de Fiat Argentina SA, aseguró: "Nosotros no inventamos nada. El anexo está aprobado por la Inspección General de Justicia bajo el expediente de bases técnicas. El anexo fue un requisito que nos pidió la Inspección para la aprobación de los planes de ahorro".
Al respecto, Balbín investigó la posibilidad de que Fiat pudiese tener aprobado el anexo y, sorprendido, confirmó la aprobación.
"El 2 de junio de 1997, el entonces inspector general de justicia Carlos Ambrosio aprobó las condiciones generales de contratación de Fiat, entre las que incluyó el anexo", ratificó Balbín.
Sin embargo, el subsecretario de Justicia aseguró que esta aprobación "es un disparate", y remarcó su ilegalidad: "Ambrosio no pudo aprobar estas condiciones porque no tenía potestades para hacerlo. No es legal aprobar una resolución que modifique una anterior, que ha sido establecida por un ministro".
El sucesor de Ambrosio, Mariano Posse, siguió respaldando el controvertido anexo. Hace una semana el Gobierno le pidió la renuncia.
Ricardo Nasio, presidente de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer), afirmó que "ése fue uno de los motivos por el que se le pidió la renuncia a Posse".
Al respecto, Balbín advirtió que "la remoción de Posse no es casual", pero agregó que "se trató de una decisión política y no jurídica".
Según Balbín, "ahora lo más urgente es enviar el expediente a la Oficina Anticorrupción y elaborar un sumario para establecer la responsabilidad de los funcionarios involucrados".
Sorpresa
Lidia Propatto fue uno de los tantos damnificados. Días atrás se asombró cuando recibió en su domicilio un recibo de Fiat SApor el que debía abonar 217 pesos por el flete de su automóvil, cuando "el importe ya estaba incluido en las 24 cuotas por prorrateo que estoy pagando por mi auto".
En varias oportunidades Nasio hizo denuncias al respecto, y aseguró que "éste es un plan orquestado por la Inspección General de Justicia en conjunto con las administradoras para robarle la plata a la gente".
Si bien los autoplanes aseguran que el plus se destina a los transportistas, Proconsumer afirma que "queda en manos de las propias administradoras y concesionarios". A fines de 1998, el titular del Departamento de Control Federal de Ahorro de la Inspección General de Justicia, Manuel Domínguez Soler, admitió la ilegalidad de la medida y notificó al entonces defensor del pueblo, Jorge Maiorano, que el "anexo nunca fue formalmente aprobado, ya que la resolución no prevé tal circunstancia, sino que habla de acuerdo de voluntades".
En su posterior resolución, Maiorano aclaró que "el texto del anexo induce a pensar que los costos corren por cuenta del adquirente conforme a la resolución 3/95, cuando en realidad las partes pueden, en el marco de la autonomía de la voluntad, establecer la modalidad que consideran más adecuada a sus propios intereses".
Si bien en un primer momento la Inspección General de Justicia negó su legalidad, Nasio afirmó a La Nación que "ahora habla del anexo como si realmente fuese una ley". Y, además, "lo aplica en sus resoluciones". Como consecuencia, Proconsumer inició acciones penales por incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra la Inspección General de Justicia ante el juzgado en lo federal Nº 7, a cargo de Adolfo Bagnasco.
Acuerdo entre las partes
La resolución 3/95 establece en su artículo 3º que las sociedades administradoras y los compradores deben acordar quién se hará cargo de los gastos, al igual que el monto del trámite, para luego plasmarlo en el contrato.
"Estos importes fueron implementados unilateralmente por las administradoras, que se han puesto de acuerdo entre sí para engañar a los consumidores. La resolución 3/95 no prevé ningún tipo de anexo", aseguró Fernández Madero, jefe de asesores de Proconsumer.
"El consumidor sale perjudicado porque toda la plata queda en manos de las administradoras y de los concesionarios, que en definitiva son un mismo grupo económico", concluyó Fernández Madero. Según pudo comprobar La Nación , por lo menos son cinco las administradoras de ahorro automotor que utilizan este tipo de listados.
Plan Ovalo SA, Fiat Plan SA, Autoahorro Volkswagen SA, Plan Rombo SA y Círculo de Inversores SA son algunas de las firmas que incluyen, junto al contrato principal, un listado de valores que indica el importe de flete y seguro de transporte que el suscriptor "debe" pagar.
"Conforme a lo dispuesto por la resolución 3/95 del Ministerio de Justicia de la Nación me notifico que con carácter previo a la entrega del automotor adjudicado deberé abonar...", detallan los autoplanes en lo que ingeniosamente denominan anexo de solicitud de suscripción o de adhesión.
Allí, se incluye una tabla que marca el importe de flete y seguro de transporte de los vehículos según la distancia desde fábrica, la inscripción del dominio por la que el suscriptor deberá abonar hasta 100 pesos en concepto de gastos de gestoría y la constitución e inscripción de la prenda, por la que pagará hasta 200 pesos por la gestoría e informes comerciales. A esto habría que sumar los impuestos, aranceles y gravámenes obligatorios.
Estos importes, que no incluyen IVA, están calculados de acuerdo con las tarifas y gravámenes vigentes el día de la firma del contrato, pero, según lo que detalla el anexo, "pueden ser modificados por la administradora en caso de alteraciones, con conocimiento previo del organismo de contralor". Russo, director de Asuntos Legales de Fiat Argentina SA, justificó: "El "ponerse de acuerdo" del que habla la resolución es el contrato. Cuando un sujeto firma el contrato se pone de acuerdo con nosotros para pagar el monto estipulado".
"En realidad -aclaró Russo-, es una medida de transparencia para que el día de mañana nadie le pueda decir al suscriptor que tiene que pagar dos mil dólares por el flete del vehículo cuando lo que figura en el contrato son sólo cien." Sebastián Carmona, empleado del Sector Legales de Plan Rombo SA, aclaró que "en este momento no hay nadie que pueda hablar sobre ese tema".
Resolución
En 1995, el entonces ministro de Justicia, Rodolfo Barra, elaboró la resolución 3/95, que hoy regula el Sistema de Ahorro para Fines Determinados.
"Barra nunca tendría que haberla sacado porque el Ministerio de Justicia no tiene competencia en los planes de ahorro", aseguró Ricardo Nasio, presidente de Proconsumer.
"En enero de 1997 apelamos, pero el entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, me dijo: "Dejate de embromar", agregó.
