Crean una comisión investigadora de las actividades nazis en el país

Con la comisión que investigará las actividades del nazismo en la Argentina durante la segunda Guerra Mundial, el presidente Carlos Menem pretende revertir la imagen del peronismo en el exterior y dar respuesta a una demanda de la comunidad judía mundial.

El Gobierno supone que la medida tendrá más impacto que la decisión que tomó Menem en 1992 de ordenar la apertura de los archivos reservados sobre las actividades de los nazis en la Argentina.

El canciller, Guido Di Tella, y el vicecanciller, Andrés Cisneros, se dedicaron a reclutar personalidades extranjeras para el panel internacional, de cuya conformación depende en gran parte el prestigio de la comisión.

De esas gestiones surgieron, para representar a la Argentina, los nombres del sociólogo Torcuato Di Tella, del economista Roberto Alemann, del ex ministro de la Corte Suprema Héctor Masnatta y del académico Gregorio Weinberg.

Entre las personalidades extranjeras, Di Tella convocó al politólogo alemán Ralph Dahrendorf y al cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, el hijo de judíos que alcanzó la más alta jerarquía de la Iglesia Católica.

Di Tella sintió que parte de objetivo buscado estaba cumplido cuando supo que el documento norteamericano marca un contraste entre el gobierno de Juan Domingo Perón (al que califica como "pro Eje") y la decisión de Menem de impulsar una investigación.

Por eso, el decreto le concede a la comisión amplias facultades para investigar. Podrá tomar testimonios, realizar auditorias y solicitar documentos en organismos locales y también internacionales.

Por otra parte, si constata algún delito en el año que tiene para emitir su dictamen, la comisión deberá denunciarlo ante la Justicia.

El primer párrafo del decreto presidencial recuerda las denuncias sobre las actividades desplegadas por el nazismo en la Argentina, en particular, sobre el ingreso de jerarcas del régimen nacional-socialista y sobre el ingreso de valores cofiscados a sus víctimas.

"Resulta impostergable invertir todas las energías posibles en lograr el esclarecimiento de estas presuntas actividades ilícitas con las mayores condiciones de eficacia e imparcialidad", sigue el texto.

La comisión, que tiene que empezar a funcionar en un plazo de 45 días a partir de la firma del decreto, que se produjo el martes último, tendrá su sede en la Cancillería.

Va estar compuesta por cuatro instancias: un panel internacional, un comité asesor, un comité académico y una comisión coordinadora.

El panel internacional, integrado por historiadores y personalidades argentinas y extranjeras, recibirá informes trimestrales con los que deberá ir redactando el documento final que entregará al Presidente.

El comité asesor estará conformado por diversas instituciones, como la Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), la DAIA, la AMIA, el Congreso Judío Mundial, entre otras. También participará el titular del Banco Central, Pedro Pou, quien deberá informar sobre los movimientos bancarios.

Por la vía diplomática la comisión podrá solicitar informes a gobiernos, entidades y otras comisiones semejantes en el exterior.

De la comisión coordinadora participarán el canciller Di Tella; el ministro del Interior, Carlos Corach; el ministro de Justicia, Elías Jassan, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Félix Borgonovo.

Conclusión: un informe presentado ayer en el Departamento de Estado examina la conducta de la banca suiza y de otros países después de la Segunda Guerra Mundial.

WASHINGTON.- No existe evidencia de que la Argentina, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y otros países neutrales estuvieran al tanto del macabro origen de las barras de oro que depositaron en sus bancos varios jerarcas nazis al filo de la Segunda Guerra, pero es doloroso que hayan tardado tanto tiempo en reconocer que no se trataba de otra guerra, según concluye un voluminoso informe presentado ayer en el Departamento de Estado.

La documentación -elaborada por 11 agencias federales- señala que la Argentina no controló en ningún momento las transferencias de fondos alemanes desde la Europa en guerra. Nuestro país sólo rompió relaciones con las potencias del Eje en 1944 y luego el gobierno emitió un decreto para identificar los bienes nazis.

Sin embargo, se tardó tanto en aplicar el ese decreto que los responsables de esos fondos tuvieron el tiempo suficiente para disponer de sus activos.

"La Argentina resistió durante la guerra los pedidos de los aliados de congelar los activos alemanes y, para fines de 1947, funcionarios norteamericanos concluyeron que los bienes alemanes no eran identificables y que no había llegado oro robado a Buenos Aires", establece el informe.

De esta manera, la Argentina no confiscó nunca propiedades alemanas ni devolvió nada a los judíos.

El estudio, dirigido por el subsecretario de Comercio, Stuart Eizenstat, aporta pruebas de que las barras remitidas al exterior por los alemanes fueron el resultado de la fundición de oro, joyas, monedas y piezas dentales que pertenecían a las víctimas de los campos de concentración, de origen judío en su mayoría.

En el caso particular de Suiza, los depósitos habrían sido considerados usuales en razón de su atracción para capitales amparados en el secreto bancario.

Pero el estudio, encarado en los últimos siete meses, critica tanto a Suiza, por haber usado la neutralidad como excusa para negociar con los oficiales nazis, como a los Estados Unidos, cuyos gobernantes no forzaron a ese país a reparar los daños una vez que terminó la guerra.

"En las circunstancias únicas de la Segunda Guerra, la neutralidad chocó con la moralidad -sostiene Eizenstat-. En forma muy frecuente haber sido neutral proveyó un pretexto para evitar consideraciones morales".

Esto significa, según explica, que Suiza y los otros países ignoraron repetidamente los pedidos de los aliados de que terminaran de negociar con Alemania en el abominable apogeo de Adolf Hitler y compañía.

De una virtual triangulación, vía Suiza, Italia, España y Portugal, se habrían valido los nazis para trasladar sus botines, compuestos de oro y de obras de arte, a la Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Uruguay, según denunció en su momento el Centro Simón Wiesenthal.

"Cualquiera haya sido la motivación, el asunto es que siguieron negociando vigorosamente con el Tercer Reich, lo que da pautas de que respaldaban el régimen y de que confiaban en su capacidad para hacer la guerra -continúa Eizenstat-. Más inexplicable aún fue la persistente actitud de Suiza de creer que estaba haciendo negocios usuales." Dice el informe que los nazis transfirieron al Banco Nacional de Suiza, entre principios de enero de 1939 y fines de junio de 1945, no menos de 400 millones de dólares destinados a financiar su maquinaria bélica. Las confiscaciones, sin embargo, alcanzaron los 580 millones, cosa que el estudio tilda como uno de los robos más grandes de la historia.

"Tanto los Estados Unidos como sus aliados y los países neutrales tenían la obligación moral de ayudar a los sobrevivientes del Holocausto, redistribuyendo en su beneficio los bienes hallados" , agrega.

"Debemos asumir que una porción significativa del oro original obtenido por el Reichsbank a través de las SS fue enviado al exterior y que no apareció en el intento de identificar los montos procedentes de los campos de concentración", advierte Eizenstat.

En el informe no hay más recomendaciones sobre el camino a seguir en esta cruzada con matices de reparación histórica, pero Eizenstat se plantea si los Estados Unidos no deberían considerar la idea de organizar una conferencia internacional con el fin de restituir el oro a sus legítimos dueños.

Por Jorge Elías

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