Crisis en la ciencia. Tras un duro ajuste, becarios sin apoyo y fondos externos frenados, qué cambios plantea el Gobierno
La Agencia I+D+ y otros entes del sistema enfrentan recortes históricos; demoras en los pagos, proyectos paralizados y programas internacionales sin ejecutar
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No hay dudas ni versiones contrapuestas sobre la crisis presupuestaria que atraviesa la ciencia argentina. El Gobierno y numerosos investigadores coinciden en que el problema no es nuevo, aunque se profundizó en el último tiempo. En casi dos años de gestión de Javier Milei, la inversión del Tesoro en ciencia y técnica cayó más de un 70%, lo que se tradujo en experimentos detenidos, escasez de materiales y una marcada reducción de técnicos, científicos y aspirantes a serlo.
Una de las áreas más afectadas es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), cuya inversión para 2025 se redujo un 76% respecto de 2023. Este organismo autárquico, creado en la presidencia de Carlos Menem, administra tres fondos financiados principalmente por préstamos y donaciones internacionales y por aportes estatales menores. Los recursos se distribuyen en alrededor de 100 convocatorias, aunque la mayoría solía canalizarse por medio de los “Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica” (PICT).
Estos fondos eran la principal fuente de financiamiento para numerosos grupos de investigación, pero desde la llegada del gobierno libertario no se actualizaron en relación con la inflación. Alrededor de 1500 proyectos vigentes dejaron de actualizarse según la inflación —algo que, con altibajos, se mantenía durante la presidencia de Alberto Fernández—, y los investigadores aseguran que la situación se volvió insostenible.
Agustín Ormazábal, becario postdoctoral en biotecnología, contó que debió modificar su proyecto sobre diagnóstico temprano de patologías vinculadas con la salud sexual y reproductiva por falta de recursos. “Todos los PICT se deterioraron sustancialmente”, planteó.
Emergencia y financiamiento
Ayer, durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, se votó en favor la declaración de emergencia y financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el agregado de que, en el artículo siete del proyecto, se propone “actualizar los ingresos de todo tipo de personal comprendido en dicho sistema”. Este aumento contempla un periodo desde el diez de diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley, y no podría ser inferior al índice del IPC. La iniciativa pasó al Senado para su debate y votación.
Además de esto, Ormazábal y otras fuentes consultadas por LA NACION discrepan y señalan otras irregularidades.
Una de ellas es la ausencia de nuevas admisiones desde fines de 2023. “La última convocatoria cerró en 2022, debía entrar en vigencia a fines de 2023, y no sabemos nada sobre ese financiamiento”, explicó Ormazábal. Aunque el Gobierno lanzó una nueva convocatoria (PICT 2023), sigue abierta casi dos años después.
Desde la Secretaría explicaron que la demora fue que no había fondos suficientes para todos los proyectos seleccionados por el directorio de la Agencia I+D+i de la gestión anterior, sumado al ajuste presupuestario a nivel general. La toma de decisiones se vio demorada por la falta de un directorio durante este gobierno, que en conjunto con el presidente de la Agencia ejecuta cualquier proyecto. Hasta septiembre de este año no se había conformado uno nuevo, por lo que los proyectos de las convocatorias 2022 y 2023 quedaron en un limbo administrativo. Tras casi dos años de gestión y múltiples pedidos de información, becarios de la Agencia y miembros de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología de Argentina (Raicyt) dudan de que la situación se resolviera pronto.
Durante este período, los laboratorios redujeron gastos en materiales y personal. Según el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en abril pasado ante el Congreso, quedaban 1028 becarios, aunque el cálculo de los propios investigadores indica una pérdida del 57% en sus ingresos. La Secretaría reconoció que el número de beneficiarios descendió aún más: entre enero y septiembre pasados se pagaron estipendios a un promedio de 800 becarios.
Para muchos de ellos, el congelamiento de los PICT no implica necesariamente el fin de sus investigaciones, pero sí un deterioro drástico de sus ingresos, que los obliga a retrasar proyectos o buscar alternativas en el exterior. “Hace 17 meses que esperamos un aumento”, sostuvo Ormazábal, quien asegura que los fondos existen, aunque su destino permanece sin aclararse.
Acuerdos activos
Antes de la gestión de Milei, la Agencia I+D+i mantenía cuatro acuerdos internacionales activos: dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno con el Banco Mundial (BM) y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Una investigación publicada por DiarioAr el año pasado reveló que al menos US$53.000.000 habían sido desembolsados bajo esos programas. Según cálculos basados en el Informe 142 de Francos al Congreso, quedarían US$46.000.000 sin ejecutar y hasta US$196.000.000 disponibles.
De esos fondos, al menos dos convenios estaban destinados directamente a los PICT, pero su ejecución fue mínima. La organización Defendamos la Ciencia, basándose en el Presupuesto Abierto, señala que tres de los cuatro acuerdos internacionales registran una ejecución ínfima desde 2023. Pese a reiterados pedidos de información al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) y a la propia Agencia, los investigadores no obtuvieron respuesta. En marzo último recurrieron a la Justicia, que falló a su favor. El Gobierno apeló esa medida.
La Secretaría sostuvo ante LA NACION que los programas internacionales continuarán vigentes hasta 2026 y 2028, según el caso, y que “todos siguieron en ejecución de acuerdo con los cronogramas establecidos”. Informó también que, de los cuatro acuerdos multilaterales, se ejecutaron poco más de US$25.000.000 destinados a los 5550 proyectos —que incluyen a los PICT— de la Agencia I+D+i. Según informó la Secretaría, en promedio, se desembolsó el 44% de los cuatro préstamos —que se refieren al dinero que está disponible en la Argentina— y se ejecutó un 30% del total de fondos —incluyendo lo que todavía no se desembolsó—.
El viernes pasado, el nuevo comité directivo de la Agencia anunció la creación de un programa que reemplazará a los PICT: la convocatoria “Apoyo a la Investigación Científica”. Según el comunicado oficial, busca “renovar y optimizar” el sistema anterior mediante proyectos conjuntos entre científicos, tecnólogos y el sector privado. Cada proyecto recibirá hasta el equivalente en pesos de US$200.000 mensuales —“90 veces más que los PICT”, destacaron—, con foco en áreas consideradas estratégicas por el Gobierno: agroindustria, energía, minería, salud, economía del conocimiento, TIC, tecnología espacial, nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial.
También se lanzó la convocatoria START UP 2025, orientada a emprendimientos tecnológicos de base científica con potencial productivo. Ofrecerá aportes no reembolsables de hasta US$150.000 en pesos para pruebas de concepto y validaciones de laboratorio. Desde la Secretaría explicaron que el saldo de los programas internacionales contribuirá a estas nuevas iniciativas.
Tanto los becarios de la Agencia I+D+i como los miembros de Raicyt han denunciado que el Gobierno detuvo deliberadamente las convocatorias de los PICT y ahora usará los fondos para un programa exclusivo de algunas disciplinas. Desde la Secretaría plantearon que “será tarea del nuevo directorio definir el futuro de las convocatorias 2022 y 2023”.
Aunque el comunicado no lo menciona, funcionarios aseguraron que los proyectos de ciencias sociales y humanidades serán contemplados si se vinculan con las líneas de interés definidas. Sin embargo, tanto becarios de la Agencia como de la Red de Institutos de Ciencia y Tecnología temen que ese campo quede excluido.
La preocupación creció tras declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien esta semana ironizó sobre investigaciones en ciencias sociales y de género, al afirmar que “los estudios se desplazaron hacia lo teórico, sin vínculo con la innovación ni con la producción”. Varias becarias consultadas, que prefirieron mantener el anonimato, adelantaron que no continuarán sus proyectos tras escuchar esos comentarios. No obstante, desde la Secretaría aseguraron que será posible reorientar los proyectos a los criterios establecidos en la AIC.
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