
Cromagnon: habría una asociación ilícita
Hacia allí avanza la investigación para determinar si inspectores digitaban los controles en comercios con fines dolosos
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El juez Julio Lucini ya tiene otra causa para investigar, derivada de aquella en la que se intenta desentrañar quiénes fueron responsables de la tragedia de la disco República Cromagnon.
El fiscal Juan Manuel Sansone requirió la semana última la apertura a prueba de un nuevo expediente, a partir de la denuncia del abogado José Antonio Iglesias, padre de una de las víctimas del incendio del 30 de diciembre pasado, quien presume que en el seno del gobierno de la ciudad funcionaba una supuesta asociación ilícita, integrada por media decena de ex funcionarios porteños, que, entre otros presuntos hechos ilícitos, digitaban inspecciones en comercios con eventuales fines dolosos.
Tres de los denunciados por Iglesias ya fueron indagados por el juez Lucini la semana pasada, pero como presuntos responsables del homicidio culposo de las 193 víctimas de Cromagnon: la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres, y la ex segunda de esa dirección general Ana María Fernández.
Otro prestará declaración como imputado mañana: es el ex coordinador operativo de inspecciones Rodrigo Cozzani. Los dos que le restan a Lucini indagar (el ex coordinador operativo adjunto Daniel Díaz -el miércoles 20- y el ex encargado de turno noche de inspecciones Víctor Telias, el viernes 22) no figuran en la presunta asociación ilícita.
Quienes sí completan la lista de presuntos partícipes de esa eventual asociación son el ex subsecretario de Justicia Marcelo Antuña y el ex titular de la Dirección General de Verificación y Control Alejandro Kampelmacher.
Según Iglesias -y el fiscal ya solicitó medidas de prueba para comprobar esa presunción-, Fiszbin habría sido la jefa de esa supuesta asociación ilícita y Antuña, el presunto organizador. Reza el escrito presentado por el abogado damnificado: "Existía una organización destinada a cometer delitos que se evidenció a través de diversos hechos, algunos de los cuales por sí mismos configuran delitos tipificados en el Código Penal".
Iglesias sostiene que una serie de hechos protagonizados por dichos funcionarios fundarían la existencia de la asociación ilícita. Entre ellos, destacó: "El preaviso de las inspecciones, la paralización a propósito de expedientes, el contacto directo entre los comerciantes y los jefes de los inspectores, la omisión de denuncias, la reticencia a los controles".
Según consta en la causa y tal como lo anticipó LA NACION hace tres semanas, varios testigos afirmaron ante el juez Lucini que estos ex funcionarios se encargaban de disponer cuáles eran los locales que los inspectores debían controlar.
Pero también, según manifestaron varios testigos, "había locales que curiosamente no se inspeccionaban". Uno de los ex inspectores que declaró recordó el caso de un boliche de la zona de San Telmo "que tenía gran parte de estructura de madera y que requería un tratamiento ignífugo especial para su funcionamiento".
Este testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, recordó ante la Justicia un hecho de mediados de 2004, "cuando se realizó un operativo para constatar si había alguna violación de clausura por parte de algún local".
Faja violada
"Al llegar al boliche, en la zona de San Telmo, se advirtió que estaba funcionando y se había violado la faja de clausura. Uno de mis compañeros llamó por handy a Daniel Díaz, le comentó la situación y le preguntó si quería que se clausurara. A los pocos minutos, Díaz le contestó y le dijo que no, que siguiera con la recorrida y que volvieran a las 5.30", recordó el testigo.
Cuando los inspectores regresaron al boliche, ya había cerrado. Según el testigo cuando "se presenta una situación así, el procedimiento por seguir es informar de lo ocurrido y volver al lugar en distintos horarios hasta que se lo encuentre abierto".
El 19 de diciembre de 2004, 11 días antes de la tragedia en Cromagnon, el personal de la Dirección General de Fiscalización y Control realizó la fiesta de fin de año en el local que había violado la faja de clausura y que permaneció abierto, según consta en la causa, merced a los buenos oficios del citado Díaz. Varios testigos indicaron que los encargados de organizar el evento fueron Díaz y Cozzani.
Los mismos testigos coincidieron en que "Cozzani y Díaz eran quienes sugerían a Fiszbin dónde hacer las inspecciones y le llevaban todo armado". Uno de ellos agregó que "Cozzani era uno de los hombres de confianza de Fiszbin y era el marido de su mejor amiga". En tanto que otros coincidieron en que "Fiszbin sería la amiga íntima de Vilma Ibarra".





