Cruces y pases de factura entre Nación, Ciudad y Provincia por el nuevo examen de residencia tras las sospechas de fraude
La cartera de Mario Lugones aseguró que ante la falta de acuerdo, se creó un nuevo comité esta semana para incorporar el criterio del prestigio universitario y evaluar cada caso
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LA NACIONLucía Pereyra
Tras las denuncias de fraude masivo en el examen único de residencias médicas y el consecuente escándalo que desató el episodio, el Gobierno resolvió dar marcha atrás con la primera medida y citar a al menos 100 postulantes para que rindan de nuevo la prueba bajo los criterios de promedio de la carrera cursada, puntaje obtenido en el examen y el prestigio universitario. Esto significó dejar a un lado la decisión anterior, en la que convocaban a volver a rendir a los 268 aspirantes que obtuvieron más de 86 puntos.
Este nuevo anuncio llegó después de días de debates internos y públicos, incluso con reproches de los aspirantes. Según pudo reconstruir LA NACION, esta medida -comunicada el miércoles por la noche desde el Ministerio de Salud de la Nación, que comanda Mario Lugones- se tomó en el marco de una fuerte interna entre autoridades de Nación, la cartera sanitaria de la Ciudad -donde se hizo el examen-, a cargo de Fernán Quirós, y el Ministerio de Salud bonaerense de Nicolás Kreplak. El conflicto recae en cómo se decidió la incorporación del criterio de prestigio internacional universitario para resolver el problema.
En diálogo con LA NACION, fuentes de la cartera de Lugones responsabilizaron a la Ciudad por lo ocurrido dado que el gobierno de Jorge Macri estuvo a cargo del operativo en Parque Roca. Eso, indicaron, fue la otra variable que los impulsó a crear un segundo comité esta semana, desestimar los planteos del ministerio local y resolver que los criterios sean controlados sólo por Nación. En el entorno de Quirós evitaron confrontar tras las acusaciones y aseguraron que “se van a reajustar los mecanismos de control”.
El comunicado del viernes, el primero que se dio a conocer, estableció la conformación de un comité de expertos integrado por Nación, Ciudad y Provincia para evaluar qué iban a hacer con cada uno de los 268 casos que habían entrado en el recorte bajo sospecha de fraude en los resultados. Ahí empezaron los cruces.
Dicen desde el ministerio de Lugones que la Ciudad y la Provincia no estuvieron de acuerdo con su propuesta, que implica -además de evaluar la congruencia entre el puntaje del examen y el promedio de la carrera- tener en cuenta el reconocimiento internacional de las universidades en las que estudiaron los médicos de acuerdo a la evaluación de World Federation for Medical Education.
Nación aseguró que las dos jurisdicciones rechazaron la moción aunque sí manifestaron estar de acuerdo con tomar en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen y el promedio académico individual. Agregaron que, frente a esa falta de consenso y el ascenso mediático del escándalo, el ministerio resolvió crear un nuevo comité evaluador sólo con expertos de Nación para revisar, uno por uno, a los 268 aspirantes con puntajes elevados. En ese contexto, decidieron incorporar este tercer criterio.
Tanto fuentes de Provincia como Ciudad indicaron a LA NACION que esa decisión fue “unilateral” por parte de Nación, algo que en la cartera de Lugones admitieron pero con el argumento de que no hubo acuerdo y de que había que resolver la situación de forma expeditiva. También, reprocharon la decisión de la cartera libertaria de establecer el recorte en los 86 puntos y luego cambiar los criterios; en tanto desde el ministerio nacional se justificaron y plantearon que no lo hicieron porque el primer comunicado era una solo propuesta inicial. Sin embargo, en el anuncio oficial el vocero presidencial, Manuel Adorni, no dijo que después se iba a tomar otra decisión sobre los casos sospechados.
“Es la tercera vez que cambian los parámetros de resolución de este conflicto del cual son el máximo responsable. Las tres veces nos enteramos por los medios y las redes. Tienen que resolverlo de alguna manera y se tienen que hacer responsables”, dijeron desde el entorno de Kreplak a este diario, aunque no aclararon si están de acuerdo o no con el criterio del prestigio universitario como vara para repetir el examen. Apuntaron, en ese marco, a “la desprolijidad y desorganización” de la administración de Javier Milei por la primera decisión y la posterior marcha atrás.
Además sumaron: “Primero lo iban a investigar, después iban a rendir todos, después la culpa fue de la Ciudad (por ser responsables del operativo en Parque Roca), ahora expulsan directamente a todas las universidades por algo que dicen que no aceptamos. Todo una irresponsabilidad y desprolijidad mayúscula”.
En la mesa de Quirós también se despegaron de las acusaciones de Nación. Indicaron a LA NACION que el viernes “hubo consenso en que los extranjeros hicieran un oral confirmatorio, una instancia para poder distinguir a quienes estaban bien formados o tenían trayectoria académica sólida”. Sin embargo agregaron: “Pero la semana pasada eso cambió y nos encontramos con que habían decidido que los 268 tenían que volver a rendir el examen escrito, sin discriminar nada”. En tanto, en Nación alegaron que la intención siempre fue que comience la residencia médica en tiempo y forma y que por ello defendieron el corte. Ni Provincia ni Ciudad expresaron si la solución debía ser diferente, pero ambas coincidieron en que todos acordaron el armado de dos grupos: reevaluación escrita para aquellos con inconsistencias y oral para los congruentes.
Además, en Ciudad adjudicaron la situación a un tema “político” y con “clave electoral” de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre. Según explicaron, podría interpretarse como una intención de los libertarios de levantar el perfil y de también “tapar” la posibilidad de que Nación pueda haber sido responsable del problema.
“Lo técnico ya estaba resuelto, pero viraron sin explicación y tomaron una decisión que parece más política”, insistieron.
En respuesta, cerca de Lugones dijeron que esa mirada “es un disparate” y que las otras dos partes llegaron a la reunión del primer comité con un acuerdo: manifestarse en contra del criterio del prestigio universitario porque podría significar una postura xenófoba. Y es que ahora, la mayoría que tiene que volver a rendir el 7 de agosto de manera escrita son extranjeros.
Sospechas de fraude masivo
El escándalo se dio ante las irregularidades registradas en el Examen Único que rindieron al menos 4000 postulantes en Parque Roca el 1 de julio: se observaron puntajes exponencialmente más altos que en otros años e incongruencias entre el resultado de las 100 preguntas y el promedio del médico durante su carrera. La sospecha involucró a aspirantes ecuatorianos, ya que nueve de ellos resultaron entre los mejores 20 del ranking.
Según el reglamento establecido, después de rendir el Examen Único las autoridades sacan el llamado “mérito final”, un balance entre el puntaje del examen y el promedio que registraron los estudiantes durante la carrera con el que se arma un ranking. Quienes estén mejor posicionados tienen mayor oportunidad para elegir hospital y especialidad en la que realizar la residencia médica, cuya duración varía de acuerdo a la rama elegida. La acusación insiste en que médicos con promedios inferiores a ocho en sus universidades obtuvieron más de 85 puntos sobre 100 en el Examen Único.
La cartera de Lugones, alertada de esta situación -según afirman- a raíz de una denuncia anónima de médicos al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, indicó a este diario que se buscó una medida lo más rápido posible para resolver este periplo sin anular todos los exámenes y sin comprometer la fecha de inicio de las residencias (el próximo 1 de septiembre).
Así, el pasado viernes el Ministerio de Salud resolvió hacer el corte en los resultados de los aspirantes: quienes obtuvieron 86 puntos (o más) iban a tener que volver a rendir del 4 al 7 de agosto próximo. Se conformaron en ese contexto dos grupos. Quienes presentaban una congruencia entre el puntaje del examen de julio y su promedio en la carrera deberían enfrentar el “repechaje” de manera oral. Los demás, a escrito de nuevo.
Inmediatamente se desataron quejas entre los médicos que dijeron haber pasado meses estudiando, obtuvieron más de 86 y tenían que volver a rendir. El problema, según los aspirantes, estaba en el criterio, es decir, en que no había una investigación profunda sobre cada caso. Hasta el momento no hay una denuncia penal en la Justicia sobre el fraude y tampoco hay sanciones.
Todo se aceleró esta semana cuando se difundió un video grabado desde unos anteojos con cámara: allí se puede ver cómo un aspirante -de acuerdo a los avances de la investigación de Salud es de nacionalidad ecuatoriana- grababa hoja por hoja las 100 preguntas del examen. Según el Ministerio, el hombre filmaba, iba al baño, enviaba lo capturado a un grupo de Telegram, alguien lo resolvía desde afuera y se lo enviaba a su celular.
De esta manera, con estos nuevos elementos, Salud -de manera unilateral- publicó el nuevo criterio: tomar en cuenta el reconocimiento internacional de las universidades.
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