Cuál es el colegio privado que cerró en CABA y qué pasará con los alumnos

El cese de actividades del colegio privado en el barrio de Villa Real dejó a su comunidad educativa sin respuestas ante el inicio del ciclo lectivo 2026. Los propietarios de la entidad de la calle Simbrón 5490 notificaron la decisión mediante un correo electrónico y desaparecieron sin abonar los sueldos de diciembre, una situación afecta a más de 300 estudiantes y 50 trabajadores.

El Instituto Formar Futuro clausuró sus puertas de manera abrupta y afectó la trayectoria escolar de más de 300 niños y adolescentes matriculados. Ante la incertidumbre de las familias, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires garantiza que los alumnos estudien en otros establecimientos y brinda acompañamiento técnico para facilitar los pases.

Voceros de la cartera educativa porteña explicaron las tareas de asistencia: “Se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”. La Dirección General de Educación de Gestión Privada supervisa la entrega de la documentación escolar necesaria para que cada estudiante logre su inscripción en una nueva institución antes del comienzo de clases.

La interrupción del servicio educativo ocurrió en un contexto de irregularidades financieras y falta de comunicación por parte de los representantes legales. Los responsables del colegio bloquearon los canales de contacto y eliminaron la presencia digital de la institución en la web y en la red social Instagram. Según denuncias del personal, los directivos no aparecen desde el 2 de enero y adeudan salarios y aportes de seguridad social.

Un docente afectado relató la situación a LA NACION: “La escuela va a cerrar sus puertas. Los dueños, representantes legales y apoderado no aparecen desde el 2 de enero. Ese día y a partir de ahí se nos comunicó que no se iban a pagar los sueldos correspondientes a diciembre, bloquearon el WhatsApp y nunca más tuvimos contacto con los responsables. Tenemos 75 docentes y no docentes trabajando y 300 familias matriculadas para el ciclo lectivo 2026″.

La seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) calificó el hecho como irresponsable y delictivo. La organización gremial señaló que los trabajadores no percibieron los haberes de diciembre de 2025. Desde el sindicato manifestaron: “En estos momentos, se desconoce el paradero de los empleadores, quienes siguen sin dar respuestas a los reclamos de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de los trabajadores, quienes no han percibido sus salarios de diciembre de 2025”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó conocimiento del caso en enero tras las denuncias de las familias y el personal. Debido a que el colegio recibía aportes públicos para el pago de sueldos docentes, el Ministerio inició acciones legales contra los responsables. La justicia investiga el destino de esos fondos estatales que la institución no utilizó para cancelar las obligaciones salariales del último mes del año anterior.

La cartera educativa actúa como particular damnificado en el proceso judicial. El objetivo principal reside en esclarecer la presunta malversación de fondos y proteger los derechos de la comunidad educativa. Por su parte, Sadop prometió ejecutar “todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para que se esclarezcan los hechos buscando justicia tanto para los trabajadores docentes como para las familias afectadas”.

Para evitar situaciones similares, el Ministerio dictó una resolución que ordena el procedimiento para los cierres de escuelas privadas. Las instituciones con riesgo de continuidad deben informar su situación con una antelación mínima de cinco meses para planificar el egreso de los alumnos. El trámite formal de cancelación debe presentarse ante las autoridades, como máximo, el 31 de julio del año anterior al cese efectivo de actividades.

El Ministerio detalló el propósito de esta normativa: “Para evitar que las escuelas tomen decisiones de cierre sin aviso a las familias”. Durante este proceso, los colegios tienen la obligación de presentar un cronograma de comunicación clara con el personal y los estudiantes. También deben elaborar una declaración jurada donde se comprometen al resguardo y entrega de toda la documentación oficial de los alumnos en tiempo oportuno.

La Dirección General de Educación de Gestión Privada evalúa la documentación en un plazo de diez días hábiles. Una vez cumplido este paso, la escuela puede comunicar la noticia a su comunidad. Las autoridades porteñas afirmaron: “Esto es una forma de acompañar a la comunidad educativa poniendo el foco en el cuidado de los chicos y sus familias”. La normativa busca anticipar cierres, evaluar alternativas de apoyo y garantizar que los estudiantes finalicen el año escolar de forma adecuada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucila Marin.