Cuánto pagaron los turistas que grafitearon las piedras en Mendoza

El caso de los turistas que vandalizaron rocas en la zona del Dique Potrerillos concluyó con un fallo judicial. La jueza a cargo impuso la multa mínima posible que prevé la ley para este tipo de infracciones. Si bien los visitantes ya abonaron la sanción y deben realizar tareas comunitarias, el monto final fijado por la Justicia generó un notorio contraste con la inversión total que demandó al Estado provincial la reparación del daño ambiental.

La sentencia de la justicia contravencional de Mendoza detalla los montos del caso. Los visitantes, oriundos de Carlos Casares, abonaron una multa conjunta de $2.100.000 por el daño ambiental. Este importe corresponde a 5000 Unidades Fiscales (UF), el piso de la escala de sanciones para esta falta. Cada UF tiene un valor actual de $420.

Sin embargo, el operativo de restauración del paisaje natural tuvo un costo superior: la Subsecretaría de Ambiente de la provincia presentó a la Justicia una estimación de los gastos totales y el informe detalla que la limpieza de las pintadas requirió un desembolso aproximado de $2.310.000. Dentro de ese total, una factura de la Fundación Pro Montaña por los servicios de hidroarenado y uso de químicos asciende a $865.000.

Los responsables del hecho fueron identificados como Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga. Todos tienen domicilio en la localidad bonaerense de Carlos Casares. El proceso judicial se realizó a través de audiencias virtuales en la plataforma Teams, luego de una citación gestionada por el fuero de paz de Pehuajó.

Además de la sanción económica, la jueza Constanza Marina Domínguez impuso una obligación de conducta. Cada uno de los infractores deberá realizar veinte horas de trabajos de limpieza en lugares públicos de su ciudad de residencia. La Municipalidad de Carlos Casares deberá certificar el cumplimiento de estas tareas y enviar un informe a la justicia mendocina.

La legislación aplicable, el artículo 138 del Código Contravencional de Mendoza, contempla multas de 5000 a 50.000 UF. Esto representa un rango de $2,1 millones a $21 millones. También habilita hasta diez días de arresto. La sanción final se ubicó en el extremo inferior de la escala. La magistrada evaluó el contexto socioeconómico de los implicados y el reiterado pedido de disculpas que expresaron durante el proceso.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza presentó un informe técnico sobre los daños y el procedimiento de limpieza. El reporte analiza el impacto negativo de los grafitis sobre el ecosistema. Advierte que los aerosoles liberan compuestos orgánicos volátiles como tolueno y xileno, además de metales pesados. Estas sustancias contaminan el aire, el agua y el suelo, con riesgo para la fauna y la salud humana.

Para la remoción de la pintura se siguieron recomendaciones técnicas del municipio de Luján de Cuyo. Se utilizaron disolventes de base natural y biodegradables. El proceso combinó una remoción mecánica a presión, mediante microproyección de arena, con métodos de abrasión suave como el lijado manual y el cepillado técnico.

Fuentes del Poder Judicial indicaron a este diario que la sanción contravencional no cierra todas las vías. El Ministerio de Energía y Ambiente tiene la posibilidad de iniciar una demanda en el fuero civil para reclamar la diferencia entre el costo de la limpieza y el monto de la multa.

“En todo caso, si el Ministerio quiere demandar por el dinero que gastó, puede hacerlo”, explicaron las fuentes consultadas. Aclararon que, si bien una doctrina impide juzgar dos veces el mismo hecho, se puede presentar una demanda por los daños económicos a las arcas públicas que no cubrió la sanción contravencional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.