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Denuncia contra el traslado de los 43 pingüinos de Magallanes del ex Aquarium de Mar del Plata
Una entidad ambientalista asegura que mover los animales a Río Negro es un “desatino biológico”
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LA NACION
La Fundación Fauna Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia de Mar del Plata contra el traslado de más de 40 pingüinos de Magallanes al bioparque Bubalcó, en la provincia de Río Negro. La organización calificó la medida como un “desatino biológico” por el impacto que el clima tendría en estos animales.
La presentación judicial, realizada por Juan Antonio Lorenzani, presidente de la institución y miembro del Observatorio Ciudadano Geo Naturaleza, reclama medidas urgentes para impedir que los animales hoy alojados en el ex Mar del Plata Aquarium salgan de la provincia.
El pedido exige notificar formalmente a Senasa, a la Prefectura Naval Argentina y a la Dirección General de Aduanas. Según la presentación, el envío de las aves desde la costa atlántica hacia el predio ubicado en la zona de Guerrico, en la localidad rionegrina de Allen, expone a la especie a un ambiente incompatible con su capacidad de adaptación.
De acuerdo con la presentación, el sitio está a casi 1000 kilómetros del mar, en una zona árida donde la temperatura en verano supera rutinariamente los 38°C a 40°C a la sombra. “Ubicar a estas aves marinas en la región continental del Alto Valle de Río Negro constituye un desatino biológico severo”, sostuvo la organización en un comunicado difundido por Lorenzani.
En el texto explicaron que el pingüino de Magallanes tiene un plumaje impermeabilizado y una capa de grasa diseñados para retener el calor en corrientes marinas frías, por lo que en el aire seco continental pierden la capacidad de disipar su temperatura corporal.
La denuncia penal considera también antecedentes ocurridos en el predio marplatense, entre los que se menciona la muerte de al menos ocho pingüinos y la desaparición o sustracción de otros dos. Frente a este panorama, se solicitó al Juzgado de Garantías que se obligue a realizar un inventario judicial de todas las aves restantes, junto a la colocación de microchips y la realización de inspecciones de peritos biólogos independientes.
Asimismo, la entidad solicitó investigar la actuación de funcionarios públicos, inspectores y autoridades administrativas que intervinieron en los permisos de traslado.
El escrito cuestiona el uso de la figura de centro de recuperación para mantener animales en cautiverio y advierte que la cría en el lugar se utilizó para mantener stock comercial tras la quiebra del acuario, lo que representaría una violación a la Ley 14.346 de Protección Animal. La fundación reclamó que los animales que planean ser trasladados al predio rionegrino sean rehabilitados y reintegrados al medio marino.
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