Derrame de cianuro: ordenan estudios epidemiológicos y de suelo por posible contaminación

La Justicia Federal avanza en la causa que en la que se investiga el accionar de los funcionarios públicos tras el derrame en septiembre último de un millón de litros de agua con cianuro de la mina Veladero, en San Juan.

En una nueva resolución pidió que la UBA y la Universidad de Cuyo realicen exámenes epidemiológicos en la población afectada y análisis de suelos, de ríos y aguas subterráneas para determinar el impacto ambiental del accidente del emprendimiento de la Barrick Gold en Jáchal, Mogna e Iglesia. También pide a las autoridades locales que abastezcan a la población de alimentos y agua segura.

"Tal y como relataron el día 29 de febrero pasado los integrantes de la asamblea Jáchal no se toca –hoy querellantes en autos- en la reunión mantenida con el suscripto, existen una serie de medidas que serían fundamentales para seguir avanzando en el conocimiento del impacto en la salud que el derrame de cianuro, por parte de la empresa Barrick Gold, pudo haber ocasionado. Entre sus preocupaciones fundamentales está la referente a si es seguro el consumo de agua, vegetales y alimentos de la zona, ya que recibieron informaciones de todo tipo y contradictorias. En este sentido, conforme relataron, el cianuro derramado podría haberse filtrado a las aguas subterráneas en dónde se encuentra el agua que a ellos les llega para su consumo personal", indica el magistrado en los argumentos de su resolución.

Las medidas pedidas por el juez a la Universidad de Cuyo, la primera entidad que alertó sobre los niveles de metales hallados en las aguas y que fue descalificada por el ex gobernador José Luis Gioja, son: "un amplio estudio relativo a las aguas subterráneas de los departamentos de Iglesia y Jáchal de la provincia de San Juan; determinar si el agua de los afluentes de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Río Blanco y Río Jachal drenan a los conductos subterráneos que llevan el agua para el consumo humano; análisis en vegetales y animales y muestras de suelo".

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que representa a los vecinos de Jáchal y fueron incluidos en el expediente ayer como querellantes sostuvo: "Son medidas históricas, y lo más importante es que se las ordena a Instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, la UBA, que son independientes del poder minero que reina en San Juan y que también ha contaminado a las instituciones de contralor".

A la UBA le pidió "efectuar de manera urgente un estudio sobre la población de las distintas localidades de Iglesias y Jáchal, Provincia de San Juan (particularmente, aquellas comunidades que se encuentren cercanas a los ríos Potrerillo, Las Taguas, La Palca, Blanco, Jáchal y dique Cuesta del Viento) tendiente a determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud a raíz del derrame de solución cianurada". Pidió particularmente muestras de sangre y orina.

"Agua potable y alimentos no contaminados"

"Más allá de la realización de estas medidas de naturaleza probatoria, debo acompañarlas –en función de la gravedad de lo alertado-, de una exhortación a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro, ello como derivación de las obligaciones y deberes que resultan del artículo 41 de la Constitución Nacional", agrega el fallo de Casanello.

Por último, sugiere a Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), que cite como testigo al hidrogeólogo Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Mare, Rumania. "El hidrogeólogo Robert Morán es una eminencia mundial en el tema, con altísimo nivel técnico y que ha participado como perito en otros desastres mineros en el mundo.", indicó Viale.

Estas medidas surgen después de haberse conocido un estudio realizado por la ex secretaría de Ambiente del mal manejo de los residuos peligrosos que generó el derrame que había sido ocultado y de un peritaje de la Policía Federal ordenado por Casanello que halló contaminantes en cinco ríos sanjuaninos. La minera Barrick asegura que realizó todos los cambios necesarios en los mecanismos de gestión para que no se repita un accidente como el de septiembre y que los estudios periódicos que ellos realizan no muestran contaminación en las aguas ni peligro para la población.

Por Laura Rocha

• Medio ambiente

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