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Detienen a la plana mayor de una comisaría
La plana mayor de la comisaría de Wilde, dos abogados, tres gestores y cinco falsos testigos fueron detenidos por la Justicia, bajo sospecha de integrar una banda que habría estafado en 12 millones de pesos a tres compañías de seguros mediante la confección de sumarios apócrifos.
Esta nueva causa con sumarios de accidentes de tránsito fraguados fue impulsada por la jueza en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Silvia Susana González. Su colega Hugo Van Schilt realiza una investigación similar en la que ya detuvo a 24 sospechosos, entre ellos, al titular de la comisaría de Bernal.
Por este expediente, el magistrado tiene en la mira a 31 comisarías y podría citar a declarar como testigo al jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Adolfo Vitelli.
Ayer, los funcionarios del juzgado de la doctora González y del grupo especial de la Secretaría de Seguridad Bonaerense allanaron la comisaría de Wilde, seis domicilios particulares y dos estudios jurídicos de Avellaneda.
Entre los 14 detenidos figuran el jefe y el segundo jefe de la dependencia, el comisario Giles y el subcomisario Grimoldi, y dos oficiales de apellidos Gallardo y Ortiz.
Según fuentes policiales, la organización se dividía en dos grandes grupos, con roles bien definidos, que responderían a los abogados detenidos Horacio Doctorovich y Roberto Colombo.
Sumarios por accidentes de tránsito que se redactaban en 15 minutos, casos de lesiones culposas que se convertían como por arte de magia en homicidios culposos, todo esto era moneda corriente en la comisaría de Wilde.
De acuerdo con fuentes de la investigación, por un lado funcionaba la rama civil de la banda, al mando del gestor Jorge Pietronave, que cumplía el papel de "bolsero" recorriendo los hospitales en busca de víctimas de accidentes culposos con autores ignorados.
La policía sospecha que, por indicación de Doctorovich y Colombo, se arreglaban los sumarios en la comisaría donde se había radicado la denuncia del accidente.
Aparentemente, Pietronave no recorría solo los hospitales; lo ayudaban un tal "NNJuan Carlos" y otras cinco personas más, de apellidos Diez, Garaventa, Díaz, Duarte y García.
Este engranaje era fundamental para el funcionamiento de la organización. Las víctimas le daban la posibilidad al estudio jurídico de cargar contra el automovilista responsable de haber causado el accidente y contra su aseguradora.
Automovilista a pedido
La circunstancia de que el autor fuera un automovilista cuya identidad no se conociera no constituía obstáculo para la banda; en su lugar colocaban a uno de los integrantes de la organización.
Así fue como el automóvil de uno de los estafadores apareció en dos accidentes distintos y en ambas ocasiones se perjudicó a la compañía de seguros. Tan importante era el papel de las víctimas que la organización no las descuidaba: les ofrecía cobertura médica y prótesis.
El organigrama del grupo civil se completaría con Daniel Doctorovich, hijo del presunto líder de la banda y encargado de mover todas las causas en los tribunales y en las comisarías, según las fuentes.
La rama policial de la organización estaría liderada por el comisario Giles, secundado por el subcomisario Grimoldi y los oficiales Gallardo, Ortiz y Principi. El último de los efectivos policiales involucrados en la maniobra, hasta anoche, no había sido detenido. La mujer de Grimoldi completaba el grupo policial.
Con el paso de los años, la banda mixta llegó a perfeccionar sus métodos para arreglar las sentencias judiciales, de manera tal que los fallos favorecieran a los representados por el estudio de Doctorovich.
De acuerdo con fuentes policiales, los acusados le hacían firmar a cada una de las víctimas de los accidentes un par de poderes, presuntamente en favor de Doctorovich o de alguno de sus socios, de forma tal que ellos se convirtieran en los beneficiarios de la demanda judicial contra las aseguradoras y sólo unas migajas de la fortuna en juego llegaran a los bolsillos de los auténticos perjudicados por el accidente.
Siempre, la mayor parte del dinero obtenido en el juicio se repartía entre el estudio jurídico sospechado y la comisaría.
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