Dónde están los radares instalados en la Ruta 2

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizó la información sobre los radares instalados en la Ruta 2 y confirmó que ya operan casi 50 equipos de fiscalización en la principal vía hacia la Costa Atlántica. La medida, que incluye la relocalización de algunos dispositivos y la suma de nuevos, busca reducir la siniestralidad vial en el corredor.

Los radares se ubican principalmente en tramos donde se reduce la velocidad máxima permitida, que oscilan entre los 60 y 120 km/h. Estas zonas suelen ser cercanas a cascos urbanos o puentes peatonales. La normativa vigente exige que la presencia de un control electrónico sea siempre anticipada por cartelería vertical a la vera de la ruta.

La Autovía 2 cuenta con puntos geográficos de control fijos distribuidos en ambos sentidos de circulación. A estos se suman otros cinco cubiertos con equipos móviles que alternan su ubicación. Fuentes de la cartera provincial confirmaron a LA NACION que el diagrama de cobertura se ajustó recientemente, con la relocalización y suma de nuevos equipos.

Una infracción por exceso de velocidad en las rutas bonaerenses puede significar un desembolso considerable. La multa mínima actual es de 215.250 pesos. Con la suma de agravantes, el monto puede alcanzar casi el millón y medio de pesos.

El valor de las sanciones se calcula a través de Unidades Fiscales (UF). La Ley de Tránsito 13.927, a la cual adhiere la provincia, establece para esta falta una penalidad de 150 a 1000 UF. Cada UF equivale al precio de un litro de nafta premium de YPF en la sede del Automóvil Club Argentino de La Plata.

El valor se actualiza bimestralmente. Una UF cuesta 1435 pesos. En diciembre de 2023, antes del fuerte ajuste en los combustibles, su valor era de 290,10 pesos. La ley contempla un descuento del 50% por “pago voluntario”. Este beneficio aplica si no se apela la infracción y se abona en el plazo estipulado.

Para que una multa por exceso de velocidad sea válida, los equipos de control deben cumplir con requisitos técnicos estrictos. Desde la administración bonaerense aseguran que todos los radares en uso están homologados y calibrados periódicamente para garantizar la precisión de las mediciones.

La operación de esta tecnología recae en operadores privados a través de convenios de colaboración, que en algunos casos incluyen a universidades públicas, siempre con supervisión provincial.

El sistema de fiscalización cuenta además con un aval judicial clave. El fiscal federal de La Plata, Álvaro Garganta, y el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, confirmaron recientemente que no existe ninguna medida cautelar que impida su uso. La resolución establece que tanto la provincia como los municipios pueden recaudar fondos a través de las infracciones detectadas por estos equipos.

Esta confirmación judicial se produjo en el marco de otra investigación que el mismo fiscal Garganta inició hace casi un año. Esa causa, que sigue abierta, indaga presuntas irregularidades en el sistema de recaudación y una supuesta red ilegal para reducir multas. Dicho contexto derivó en la renuncia del exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, a fines del año pasado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.

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