Dudas tras el veto a la ley de energía eólica

Parece que no está muerta la ley nacional sobre energía eólica que el Congreso sancionó el 23 de septiembre y que el Poder Ejecutivo vetó el lunes último, apenas el Presidente regresó de su viaje a Francia.

Antes de partir nuevamente, esta vez para Brasil y Gran Bretaña, Menem tuvo tiempo para poner dentro de su órbita a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la Secretaría de Energía por sobre el mercado mayorista eléctrico, mediante otros dos decretos.

El criterio de oportunidad para estas dos medidas es llamativo, si se tiene en cuenta que se está en vísperas de la Conferencia de Partes sobre Cambio Climático -que analizará los mecanismos de desarrollo limpio-, de la que el país será anfitrión a partir del lunes próximo.

A pesar de la decisión, impulsada desde la Secretaría de Energía e ignorada formalmente en la de Recursos Naturales (por la que no pasó el proyecto y que no habría sido consultada sobre el veto parcial), la norma podría ser ratificada pronto por la Cámara de Diputados, ya que los bloques de legisladores justicialista, radical y frepasista estarían de acuerdo en volver a impulsarla, una vez que desde el Gobierno se atenúe la presión.

Molinos de viento

La ley preveía la instalación de parques de molinos de viento en todo el país para introducir una forma limpia de actividad energética.

De este modo se busca aprovechar el potencial de las corrientes de aire existentes, especialmente en la Patagonia y en zonas desérticas de otras regiones, como en las provincias de La Pampa y La Rioja.

El proyecto fue elaborado por los diputados José Corchuelo Blasco (PJ-Chubut) y Víctor Fayad (UCR-Mendoza) y en él se declara de interés general la producción de ese tipo de energía limpia, generada por el viento.

La iniciativa beneficiaba esa producción eximiéndola de todo gravamen impositivo en equipos e instalaciones de fabricación nacional y autorizaba a la DGI a diferir por 15 años el pago del IVA en la importación de la tecnología necesaria.

Es en ese punto, justamente, donde el Ejecutivo discrepa sobre los enunciados de la ley y también en el artículo que concede un subsidio oficial de un centavo adicional por cada kilovatio/hora en beneficio de los generadores o productores de energía, que no sería trasladado a distribuidores ni usuarios.

Con el argumento de que "la introducción de ese elemento distorsionaría el funcionamiento del mercado eléctrico", desde la Secretaría de Energía se habría buscado frenar un efecto dominó de leyes provinciales que seguirían seguramente a la nacional.

Por otro decreto firmado en forma simultánea, la Secretaría de Energía preside la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA.

Subsidios provinciales

Chubut ya aprobó una ley que reembolsa a los generadores 0,5 centavo y Buenos Aires, un centavo extra.

Quizás impulsó al gobierno nacional en su decisión la interpretación de que el siguiente paso a su promulgación repercutiría en otros Estados provinciales, como Neuquén y Río Negro (que prometieron seguirla), La Pampa (que realiza un relevamiento de áreas posibles de emplazamiento) y Santa Fe y La Rioja, que se iniciaron en estos proyectos.

Desde Greenpeace, impulsora de la campaña de energía limpia en la Argentina, Juan Carlos Villalonga dice que los argumentos de la Secretaría sobre la distorsión del mercado es falsa.

"Esta ley no introduce ningún elemento distorsionador, no impacta en los precios ni en las tarifas de los usuarios y utiliza un mecanismo captador de fondos ya existente en el mercado actual", expresó.

Algunas voces en el palacio legislativo apuntan a una presión de las empresas eléctricas, ya que la energía eólica sin el centavo de subsidio no podría competir con ellas.

"Es evidente que ganó el lobby de las empresas eléctricas. Así la ley no sirve, porque el veto la lesiona fuertemente. Los fundamentos del Gobierno se contradicen con lo puesto en práctica mediante otras leyes, como el régimen de promoción industrial que benefició a varias provincias", opinó el diputado justicialista Corchuelo Blasco.

A su juicio, la interpretación es que en el futuro se podría llegar a una desregulación completa del mercado, y las empresas eléctricas tiemblan.

Ahora los grandes consumidores pactan con un generador y las pequeñas empresas pueden acceder a la compra directa del fluido. En el 2000, el escenario posible con más del 7% del mercado generado por fuentes eólicas significaría que el consumidor o usuario final podría elegir a quién comprarle y qué tipo de energía. En resumidas cuentas, otros generadores de energía se verían perjudicados, aunque mínimamente.

Más energía atómica

Otro dato curioso es que el Presidente volvió a poner bajo su ala, en la misma semana en que firmó el veto, a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con la idea de relanzar un programa nuclear "que vuelva a estimular la investigación" y de que se privaticen las centrales nucleares y se termine Atucha II.

Lo que se pierde con el veto a la ley eólica es importante: la empresa danesa Neg Micon planificó inversiones en el sur argentino de entre 5 y 7 millones de dólares, con vistas al Mercosur, y una misión industrial alemana tenía previsto llegar el mes próximo para invertir en la fabricación de equipos.

"Me parece que el Presidente estuvo mal asesorado a último momento, ya que la ley fue incorporada a las sesiones extraordinarias. Menem, además, había manifestado su compromiso con la energía eólica durante la inauguración del parque en Comodoro Rivadavia. Pero esto se puede revertir: todavía tenemos la ley", expresó el gerente general de Micon, Oscar Balestro.

Para el directivo hay dos interpretaciones: tenemos una ley que permite que las cooperativas vendan el excedente e interactúen en el mercado mayorista. Pero el veto de los citados artículos difícilmente favorezca instalaciones en la escala prevista anteriormente o en el nivel de inversiones esperado.

"En los países en que la energía limpia es una fuente importante hubo una decisión política que generó atracción para el inversor, con apoyo económico en el inicio de la actividad. Lo que la miopía de las autoridades no vio es que en esos países lo que el Estado cedió en un determinado momento lo recuperó ampliamente por impuestos. Si no hay inversiones, el Estado tendrá el 21% de nada", enfatizó, con relación al IVA.

También se aleja la oportunidad de crear fuentes de trabajo para unas 15.000 personas.

Así, para algunos, el veto podría explicarse no tanto por los defectos de la ley como, paradójicamente, por sus virtudes.

Se sabe que sin el apoyo para competir que le otorgaban los artículos ahora vetados, la energía eólica no tendría futuro. Pero con el marco adecuado, subsidiada durante un tiempo y con alivio impositivo para los generadores, resultaba de competencia interesante.