Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar

MENDOZA.— Es una reacción oficial a un problema de peso en las aulas: el bullying o acoso escolar. Después de la conmoción en la provincia que generó el caso de la nena que ingresó armada a una escuela, realizó disparos al aire y se atrincheró durante horas, surgieron interrogantes sobre las causas del dramático episodio.

Aunque el hecho estaría vinculado a una situación de acoso escolar o grooming, tal como contó LA NACION, sirvió como disparador para poner en el centro de la escena a la responsabilidad de los padres de los chicos agresores, frente al crecimiento de las denuncias por intimidaciones físicas, psicológicas y verbales de forma repetida e intencionada entre estudiantes.

Por eso, el Gobierno provincial decidió avanzar con una reforma al Código Contravencional para incorporar la figura del bullying, con el objetivo de que los adultos asuman un rol activo en la prevención de la violencia escolar y se hagan cargo de las conductas de sus hijos. En este sentido, se aplicarán sanciones concretas: trabajo comunitario de hasta 50 días y multas de hasta 2 millones de pesos.

“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, expresó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

De acuerdo con datos del Gobierno, se ha observado un incremento de las denuncias por acoso escolar en la provincia del oeste argentino. De hecho, en lo que va del año ya se han registrado más de 200 llamados a través de la línea 148 y de un formulario digital para advertir de casos que afectan, principalmente, a chicos de primaria y de los primeros años de la secundaria. Esto ha permitido una intervención directa en más de 55 casos, con acompañamiento articulado en cada institución, indicaron las autoridades.

Frente a este escenario, se decidió avanzar en los últimos días con un proyecto de ley, que ya ingresó a la Cámara de Senadores, el cual incorpora no solo la figura del acoso escolar sino la responsabilidad parental ante los actos cometidos por los menores.

Mediación y talleres

Así, la iniciativa establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.

“Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador. El objetivo no es solo sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia”, explicaron desde el Ejecutivo local.

De acuerdo con la propuesta oficial, la primera sanción para los padres será trabajo comunitario, y la segunda, multas económicas. “Lo recaudado formará parte de un fondo que va a estar exclusivamente destinado a la prevención del bullying y a bibliotecas de la provincia de Mendoza”, explicó García Zalazar.

Las tareas comunitarias serán por un período que va de 5 a 50 días. En tanto, dependiendo la gravedad del caso, las multas serán de 500 a 5.000 unidades financieras, las cuales en la actualidad equivalen a un monto que va de los 210.000 a los 2 millones de pesos. Vale mencionar que si el menor repite conductas de acoso escolar, el juez podrá duplicar las sanciones y exigir asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares.

Según explicaron desde la DGE, la medida se acompaña de un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas, que establece cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso. “El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan”, indicaron desde el Gobierno escolar.

En este sentido, ante sospechas o hechos de bullying se trabaja desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso. El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda.

“Con esta iniciativa, la provincia se propone enviar un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada. Las escuelas contarán con herramientas concretas para actuar y las familias deberán asumir el rol que les corresponde en el cuidado y la formación de sus hijos”, completaron.

En coincidencia con los especialistas en la materia, el gobierno local entiende que se debe trabajar con un enfoque con tres objetivos claros: cuidar a las víctimas, educar a los agresores y comprometer a las familias.

Por eso, los ojos de los estudiosos de la problemática se posan en la combinación de prevención, intervención y posvención. Por un lado, se promueve la construcción de una cultura escolar de convivencia, con espacios de participación y sensibilización para estudiantes. Por otro, se protege a las víctimas y trabaja con los agresores sin estigmatizarlos, fomentando la reparación y el aprendizaje. Asimismo, se establece la corresponsabilidad de las familias: sin su compromiso, la escuela sola no puede enfrentar el problema. Esta visión es acompañada de manera permanente por el equipo de especialistas de la DGE, sin embargo hay voces de alerta que solicitan un mayor compromiso de los docentes y el equipo directivo de cada escuela frente a las problemáticas que surgen dentro de las aulas.

En tanto, surgen disidencias y reclamos de las medidas que está tomando el gobierno escolar para combatir el bullying, considerando que el Estado debe tener un rol más activo y no trasladar la responsabilidad a los padres. Por caso, el debate se trasladará ahora a la Legislatura provincial. En su mayoría, hay apoyo a la iniciativa, por lo que la modificación de la normativa verá la luz en las próximas jornadas. De todas maneras, hay opiniones que marcan la posición contraria al Poder Ejecutivo mendocino. Entre ellos, figura el diputado provincial José Luis Ramón, de Protectora Fuerza Política, vinculado también con el peronismo. El legislador aseguró que el acoso escolar “no se resuelve con castigos a los padres”. Asimismo, indicó que ya existe una ley nacional (26.892) que marca el camino de “prevención, contención y participación de toda la comunidad educativa”.

En ese sentido, el diputado indicó: “La ley actual es clara. Las sanciones deben ser formativas y proporcionales, nunca punitivas ni expulsivas. Se trata de acompañar a los chicos y chicas, no de criminalizar a las familias”. Asimismo, Ramón dejó en claro su rechazo a la propuesta del gobierno escolar mendocino. “El proyecto del gobernador Alfredo Cornejo es inconstitucional. Avanza sobre competencias ya reguladas por la ley nacional 26.892 y vulnera el principio de protección integral de niños, niñas y adolescentes”, expresó el legislador, y completó: “En lugar de invertir en prevención y detección temprana, el gobernador busca sacarse el collar del cogote castigando a los padres. Los chicos necesitan cuidado y políticas serias, no más sanciones”.

Por Pablo Mannino

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