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El Gobierno de la Ciudad realizó un operativo para frenar nuevas construcciones en la villa “La Carbonilla” de La Paternal
Durante el despliegue, las fuerzas revisaron los accesos al predio, retiraron autos abandonados e inspeccionaron distintos comercios, desde locales de venta de telefonía celular hasta corralones de materiales
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LA NACION
El Gobierno de la Ciudad lanzó este martes un procedimiento de “ordenamiento e inspección” en el asentamiento La Carbonilla, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, para restringir la entrada de materiales de construcción.
Durante el despliegue, las fuerzas revisaron los accesos al predio, retiraron autos abandonados e inspeccionaron distintos comercios, desde locales de venta de telefonía celular hasta corralones de materiales.
El operativo incluyó la participación de más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad junto a personal del Instituto de la Vivienda (IVC), la Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Fiscalización e Higiene y miembros de la Comuna 15.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, estuvo presente en el lugar para monitorear el despliegue policial. Durante la supervisión, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.
“Estamos haciendo cumplir las reglas, con más seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos. No vamos a permitir que ninguna villa siga creciendo. Ley y orden en toda la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri al referirse a estos controles en el barrio.
El marco del operativo
La medida se basa en la resolución 472 del IVC, la cual encomendó a la Secretaría de Hábitat e Integración Social el diseño de un protocolo de registro y fiscalización para regular el traslado y almacenamiento de material de construcción.
Las autoridades precisaron que el plan en La Carbonilla prevé controles de periodicidad semanal a cargo de equipos de fiscalización y de la Agencia Gubernamental de Control para detectar obras no autorizadas y clausurarlas.
Además, se anunció que estas inspecciones se extenderían a la revisión de otros establecimientos del predio, entre los que se encuentran los depósitos de garrafas y las distribuidoras de bebidas.
El asentamiento surgió hacia fines de 2001 en terrenos de propiedad nacional contiguos a las vías del ferrocarril San Martín, delimitado por las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa.
La falta de definición jurisdiccional sobre el terreno facilitó el crecimiento en los habitantes irregulares, que con el paso del tiempo superó los 4 mil residentes y modificó su fisonomía inicial de pequeñas estructuras precarias hacia edificaciones de varios niveles.
En el comunicado oficial de la intervención, el GCBA citó un estudio realizado por la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución de la altura en la zona entre 2021 y 2025. Este informe detectó nuevas obras sobre estructuras preexistentes, con elevaciones que van desde los 3 metros hasta casos que alcanzan entre 12 y 20 metros de altura.
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