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El intendente cobra multas con radares ilegales
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SUIPACHA.- A una semana de haber sido suspendidos los radares ruteros comunales -no los policiales- por parte de la Legislatura bonaerense, el intendente justicialista de esta ciudad, ubicada 126 kilómetros al oeste de la Capital, Juan Antonio Delfino, no acata la disposición: sigue contratando un servicio privado de radares que labra multas a los conductores.
El funcionario, conocido por haber intentado hace unos años bautizar una calle local con su nombre, dice que los radares sólo funcionan en las rutas provinciales y en el tramo de la ruta 5 correspondiente a su jurisdicción.
En septiembre de 1997 el Concejo Deliberante aprobó el servicio de radares -en realidad, una barrera láser- contratando para tal fin a la empresa Buenos Aires Vial SA, la que recauda 3,5 millones de pesos al año y deja 7,3 millones para el municipio. Hay que decir que el presupuesto anual de Suipacha no llega a los 4 millones de pesos.
El objetivo alegado fue la necesidad de disminuir la importante cantidad de accidentes en la zona. La firma colocó el artilugio técnico a la vera de la ruta 5, que conecta a las provincias de Buenos Aires y La Pampa, muy cerca de uno de los accesos a la ciudad y de un arco cuya curiosa leyenda parece querer atenuar la antipatía de su cometido: "Suipacha, ciudad sensible".
Sus encargados, operando desde un "trailer", son la primera parte de un trío ejecutivo que se complementa 1000 metros más adelante con la presencia de un patrullero y, por último, un grupo de funcionarios municipales encargados de extender la fatídica boleta, cuyo acatamiento supone para el infractor oblar 150 pesos (se "facilita" el pago en cuotas), a partir del "dato" que transmite el primer puesto.
El conjunto puede calificarse como una especie de Triángulo de las Bermudas en tierra firme. Pocos de los casi 10.000 suipachenses son indiferentes a la iniciativa.
Quienes la aprueban admiten la disminución de accidentes, pero también aceptan que el método crea dudas en cuanto a su transparencia.
En la vereda más crítica se habla de un pingüe negocio del tipo "cazabobos" y hay quienes formulan una amarga reflexión: "Antes éramos conocidos por nuestros quesos u otros productos lácteos. Ahora lo somos por el radar".
Ni qué hablar de los "atrapados", que no alcanzaron a ver, 300 metros antes, un cartel de dos por cuatro a un costado de la ruta y medio mezclado con el matorral: "Radar vigila". Mientras volvía a su coche, papeleta en mano, un hombre sintetizó su idea: "Son una manga de chorros".
Los operadores del servicio contratado por el intendente se mostraron reacios a hacer declaraciones y a dar a conocer sus nombres, e incluso pidieron que no se sacaran fotografías. Algunas preguntas fueron respondidas sólo después de tensas pausas, como si debieran ser muy pensadas.
En la tórrida siesta rural resultaron extraños estos silencios, mientras sudaban las frentes y sólo se escuchaba el trepidar de las chicharras.
El intendente se defiende
La semana anterior, la Legislatura bonaerense suspendió por 180 días los radares ruteros.
No lo acató Suipacha, con el argumento que expresa su intendente justicialista, Juan Antonio Delfino: "La medida es sólo para las rutas provinciales. La 5 es nacional y, además, nosotros controlamos sólo el tramo correspondiente a nuestra jurisdicción".
El jefe comunal -que hace unos años se vio envuelto en el intento de bautizar una calle con su nombre- defiende el servicio al señalar que por allí pasan 6000 vehículos diarios y el doble los fines de semana, "por lo que aquí los accidentes, muchos mortales, eran moneda corriente. Prácticamente bajaron a 0".
Ante la necesidad de poner freno a la situación, se adoptó la decisión de contratar el sistema de radares, con un par de "beneficios" para los infractores: levantarles el acta sólo cuando traspasan los 80 kilómetros horarios, pese a que el máximo permitido es de 40, y reducir la multa al 12 por ciento de los 1000 pesos que podrían cobrarse, de acuerdo con la regulación de la ley provincial de tránsito.
Un dato curioso surge de que el monto debería ser fijado por un juez de faltas, pero en Suipacha no existe, de modo que el intendente actúa como tal. Otro alimento para la suspicacia: el intendente Delfino minimiza y justifica su función extra en que "el presupuesto no da para designar a un juez".
Agrega que se desestimaron otras soluciones, como construir rotondas o colocar semáforos o lomos de burro, estos últimos prohibidos por ley en rutas nacionales. "Si los hubiéramos hecho, de todos modos, nos habrían llamado asesinos".
Rechaza asimismo la versión de que el sistema dé "enormes" ganancias.
Desde comienzos de enero a fines de febrero, consigna, "los pagos a Buenos Aires Vial llegaron a algo menos de 20.000 pesos y la recaudación municipal rondó los 35.000", derivados a diversos organismos, entre ellos, la Dirección de Escuelas, la policía provincial y la Dirección de Vialidad.
"Sistema perverso"
Quien no tiene dudas es Carlos Salgado, jefe del bloque de concejales radicales. Afirma que se trata de un sistema perverso por tres motivos:
- No previene los accidentes, sino que espera que se exceda la velocidad para cobrar, objetivo prioritario.
- Es un negocio monumental por los montos reales que recauda (exhibe un gráfico cuya parte sustancial arroja una ganancia anual para la empresa de más de 3,5 millones de pesos y de 7,3 millones para el municipio.
- Carece en absoluto de transparencia, porque el contrato del servicio se hizo en forma directa, sin licitación, violando la ley orgánica del partido.
Para colmo, agrega el concejal, el convenio inicialmente establecido era por un lapso de 90 días hábiles, pero el 2 del actual se extendió aquél a un año más.
"Acá no hay más que un arreglo que implica la exacción de 150 pesos, de los cuales 99 van para la municipalidad y 51 para la empresa, contando con el apoyo logístico de la policía.
"No sé para qué estudiamos una carrera o levantamos una industria. Al parecer, basta con hacerse amigo de un intendente, concretar el sueño del radar propio y a la bolsa", reflexiona Carlos Salgado.
La ley rige en todos los municipios
LA PLATA.- Los comentarios del intendente de Suipacha sobre el alcance de la ley que suspendió los radares fotográficos causaron distintas reacciones en el ámbito legislativo.
La afirmación de Juan Antonio Delfino en cuanto a que "la medida es sólo para las rutas provinciales" dibujó sonrisas en algunos casos y respuestas duras en otros.
La explicación técnico-jurídica estuvo a cargo del diputado Alejandro Mosquera (Frepaso). Indicó que el control de velocidades en las rutas es una facultad delegada por la provincia en los municipios y los convenios fueron suscriptos a partir de un acuerdo con la Secretaría General de la Gobernación bonaerense.
Ningún organismo nacional, dijo, aparece vinculado con esta tarea, de manera que no resulta posible subrogar la jurisdicción puesta en tela de juicio por el intendente.
Como se ve, explicó, nada contradice la materia provincial que, por lo tanto, es alcanzada de manera plena por la ley votada por la Legislatura.
Alcance para todos
Dicho más directamente, la ley alcanza a Delfino y a todos los intendentes, aunque controlen rutas nacionales, según la definición de los legisladores.
Por si quedara alguna duda, el texto de la ley es concluyente: suspende "todos los sistemas" de control de velocidades máximas instalados en el territorio provincial.
Funcionarios de la Dirección de Vialidad, por su parte, destacaron que la velocidad máxima de 40 kilómetros horarios a la que alude Delfino como "máximo permitido", no lo es según el Código de Tránsito y las reglamentaciones de ese organismo. Según explicaron los funcionarios viales, "esa velocidad máxima es solamente aplicable a calles urbanas y de ninguna manera a rutas abiertas, donde la velocidad mínima es de 60 kilómetros horarios, según las normas vigentes".
"Algunos no quieren entender que el negocio está cerrado por 180 días y que, cuando reabra, tendrá otras reglas de juego", ironizó un legislador que pidió que se mantenga en reserva su identidad.
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