Emergencia ígnea: el Estado declaró la alerta, pero denuncian desfinanciamiento en la lucha contra incendios
Mientras el fuego avanza en la Patagonia, brigadistas denuncian sueldos precarios, escasez de personal y demoras en la ejecución de fondos; datos oficiales muestran que el Estado nacional aún gastó menos del 5% del presupuesto
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Durante los primeros días de enero, ya con Epuyén ardiendo, en redes sociales se difundió un video protagonizado por un grupo de brigadistas que, ante la emergencia, vieron necesario exigir un “salario digno”, “estable” y lo que llamaron “una jubilación correspondiente”. No se trata de una exigencia nueva, aunque sí ha escalado la tensión en torno a este reclamo a medida que los incendios se vuelven cada vez más extensos y caóticos. A esto se suma la falta de brigadistas, de equipamiento y de capacidad de reacción frente a una crisis que en los últimos diez años se ha intensificado de forma radical. Tanto es así que incluso el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en cinco provincias.
Desde el sector sindical y entre los propios brigadistas se ha denunciado una subejecución del presupuesto destinado a la atención del fuego, que recae principalmente en el Ministerio de Seguridad, luego en la Administración de Parques Nacionales —que depende de la Vicejefatura de Gabinete— y, por último, en las provincias.
Un análisis realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, centrado únicamente en el presupuesto nacional, identificó ocho actividades vinculadas a la atención de estas emergencias. Durante la administración libertaria, a algunas de estas partidas no se les asignó presupuesto. Y, según la propia base de datos de Presupuesto Abierto, hubo además una subejecución de aquellas que sí recibieron fondos. LA NACION se contactó con las autoridades nacionales y sobre este punto no dieron explicaciones.
En el terreno, frente al fuego, varios brigadistas y bomberos consultados señalaron una multiplicidad de deficiencias a la hora de actuar. Para ellos, los bajos salarios derivan en deserciones, a lo que se suman esquemas de contratación que antes se renovaban cada tres meses y que recientemente pasaron a ser anuales. También hubo despidos o no renovaciones que redujeron la planta. Todo esto, a su vez, dificulta la lucha contra los llamados incendios de “nueva generación”: con llamas más impredecibles, que se propagan más rápido y que, por el avance urbano, afectan a un número creciente de personas.
De acuerdo con datos recopilados por la Asociación de Trabajadores del Estado, la mayoría de estos combatientes gana entre 800.000 y 1.500.000 pesos, según su antigüedad, que en algunos casos supera los siete años. Este medio contactó al SMNF y la ANP para corroborar estos datos. Solo respondió Parques Nacionales, que informó que el salario promedio es de 1.329.471 pesos. No detallaron los diferenciales entre las distintas categorías y la antigüedad de los trabajadores.
Según una planilla elaborada por ATE, a la que tuvo acceso LA NACION, el grueso de la planta se encuentra en las categorías más bajas -B0 y B1- y su salario ronda entre 680.000 y 830.367 pesos. A esto se agrega una compensación extraordinaria que escala a 101.613 pesos. En suma, la mayor parte de los brigadistas ganan menos del millón de pesos. En el caso de la región Patagónica, al tener salarios diferenciados, el ingreso neto puede rondar entre 1.300.000 y 1.800.000 según trabajadores consultados, algo que, aseguran, sigue siendo insuficiente porque los costos de vida son muy altos.
A nivel nacional, hoy hay 391 brigadistas que dependen de la Administración de Parques Nacionales según el recuento de ATE. Además, hay alrededor de 110 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y un número impreciso de brigadistas provinciales, que para 2022 se estimaba en poco menos de 400.
Según un informe de la Administración de Parques Nacionales, solo en dicha institución se requería casi el doble de personal. En los últimos años, esta escasez fue cubierta parcialmente por brigadistas de otras zonas, Bomberos Voluntarios y por la propia población, que ha conformado brigadas voluntarias para complementar la lucha contra el fuego, ya que en muchos casos son sus viviendas y los bosques que habitan o visitan los que quedan devastados cada verano.
Entre los combatientes del fuego en la Patagonia se consolida una sensación de frustración cada vez más marcada. Los brigadistas, ya sean contratados o voluntarios, perciben su tarea como riesgosa y sacrificada, pero en muchos casos no cuentan siquiera con el equipamiento adecuado. Sobre este punto ninguna autoridad nacional respondió.
Hace unos días, el Ejecutivo anunció “un amplio despliegue de recursos operativos” que la Nación viene desarrollando en el territorio afectado por los incendios. Este incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social.
Según informaron, a ese operativo se suma el envío de 4000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut, recursos que el Gobierno giró en los últimos días tras el encuentro y las conversaciones que mantuvo el gobernador Ignacio Torres con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Hasta el 2 de febrero, el gasto del presupuesto nacional destinado a la atención de emergencias ígneas no supera el 5%, y la mayor parte de los desembolsos se realizó el 30 de enero, veinte días después de los primeros incendios en la Patagonia. Así lo refleja la base de datos de Presupuesto Abierto. Si bien no puede concluirse aún una subejecución al inicio de 2026, durante el año pasado se utilizó solo el 74% de los recursos disponibles, sin contar aquellos programas que, directamente, no recibieron fondos.
Hace algunas semanas también generó polémica la deuda que el gobierno nacional mantenía con los Bomberos Voluntarios, que ascendía a 129.000 millones de pesos y corresponde a la Ley 27.629. Estos fondos se destinan a equipamiento de protección, herramientas y maquinaria para la lucha contra el fuego, tanto en áreas forestales como en contextos urbanos. En paralelo a la declaración de emergencia ígnea, el Ejecutivo anunció la transferencia de 100.000 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios como parte del “amplio despliegue de recursos operativos”.
Este presupuesto se distribuirá entre más de mil cuarteles en todo el país y financiará su funcionamiento. Rubén Oliva, presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, confirmó que el dinero ya llegó a los cuarteles de la provincia, aunque aclaró que no se trata de “una erogación extraordinaria por la declaración de emergencia”. “Es lo que corresponde por ley”, aseguró. Según la base de datos pública del gobierno nacional, del total del presupuesto asignado a este sector solo se ha devengado el 5,9%.
Mientras el fuego se vuelve más intenso, frecuente y difícil de controlar, la respuesta estatal sigue mostrando demoras, faltantes y una ejecución presupuestaria limitada.
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