En dos meses estará en funciones la corte local

El Tribunal Superior de Justicia porteño entrará en funciones en noviembre, en un edificio municipal de seis plantas situado en Cerrito 760, que fue especialmente adaptado para albergar a la corte local. Entonces, la ciudad habrá dado un paso fundamental en el camino hacia su autonomía, pese a que todavía no tiene el manejo de la justicia ordinaria.

Entre las atribuciones que tendrá el tribunal se cuenta la de entender en causas en las que el Gobierno de la Ciudad o alguna de sus dependencias sea parte. También resolverá originariamente acciones relacionadas con pedidos de inconstitucionalidad de las leyes o decretos de las autoridades del distrito.

Los cinco integrantes del máximo tribunal fueron propuestos por el jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, y consiguieron anteayer el acuerdo de dos tercios de la Legislatura, tras una sesión especial cargada de discusiones y negociaciones entre las fuerzas políticas.

Previamente, Guillermo Muñoz, Ana María Conde, Julio Maier, José Osvaldo Casás y Alicia Ruiz debieron superar una dura prueba, cargada de cuestionamientos provenientes desde distintos sectores.

Por primera vez en la historia del país, el nombramiento de magistrados fue sometido a un arduo debate del que pudieron participar las fuerzas políticas, los profesionales y los vecinos. Así, el miércoles último se llevó a cabo una audiencia pública en la que se recibieron impugnaciones al nombramiento de los jueces.

Sólo Muñoz fue impugnado, por parte del bloque de Nueva Dirigencia, que materializó las críticas de diversas agrupaciones de derechos humanos sobre la inconveniencia de nombrar ministro de la corte a un hombre que tuvo un cargo político en el último gobierno militar.

"Lo que tenemos que entender es que éste fue un hecho histórico. Nunca se debatió así para designar a un juez. Por eso, esto tiene un valor institucional enorme", afirmó ayer a La Nación el vicejefe de Gobierno y presidente de la Legislatura, Enrique Olivera.

Postulantes resistidos

Los cuestionamientos de la oposición a los nombres elegidos por De la Rúa comenzaron en julio último. Nueva Dirigencia, el Frepaso y el justicialismo pusieron el grito en el cielo cuando descubrieron que el currículum de Muñoz que les había llegado obviaba sus antecedentes durante los años de la última dictadura militar -fue asesor del Ministerio de Justicia.

Además, el PJ y Nueva Dirigencia insistieron con que de los cinco postulantes, cuatro eran de afiliación radical, algo que los peronistas sostuvieron aún anteayer, pese a haberle dado acuerdo al nombramiento de los magistrados.

Para el secretario de Gobierno, Enrique Mathov, esa calificación de "Corte afín a De la Rúa" que manifestó la oposición es "absurda". "Los ministros son de una conducta intachable y sólo uno de ellos -Casás- tuvo en algún momento un acercamiento al radicalismo (fue funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín)" , señaló.

Con él coincidió el legislador Abel Fatala, que anteayer condujo el bloque del Frepaso: "Hemos conformado una corte absolutamente independiente", manifestó.

En tanto, Gustavo Beliz, líder de Nueva Dirigencia, volvió a calificar de "bochornosa" la elección de los jueces.

Los primeros pasos

Los cinco integrantes del máximo tribunal local deberán cumplir con una serie de formalidades antes de entrar efectivamente en funciones. Todos menos Maier son jueces en actividad, y por lo tanto deberán renunciar a sus cargos y esperar a que la dimisión sea aceptada.

Luego deberán constituirse, elegir autoridades, dictarse su reglamento, proyectar su presupuesto y nombrar al personal administrativo y profesional que los secundará.

Mathov estimó que este proceso no llevará más de dos meses, por lo que noviembre sería el mes que vería debutar a la Corte porteña.

En un principio, mientras no sea transferida la justicia ordinaria a la ciudad, el tribunal sólo actuará como última instancia de apelación en causas contravencionales y de faltas. Cuando se integre el Consejo de la Magistratura local y pueda ponerse en marcha el fuero contencioso administrativo, entenderá también en esa materia.

Además, según explicó el subsecretario de Gobierno, Jorge Enríquez, la Constitución de la ciudad le da a la Corte una serie de funciones originarias y exclusivas, como:

• los conflictos entre los poderes de la ciudad.
• las demandas que promueva la Auditoría General, recientemente creada por ley, pero aún no conformada.
• las acciones declarativas contra la validez de las leyes y decretos de las autoridades porteñas, contrarias a la Constitución nacional o la local. En esos casos, la declaración de inconstitucionalidad hecha por el tribunal hace perder vigencia a la norma, salvo que sea una ley (entonces debe revisarla la Legislatura).
• las materias relacionadas con justicia electoral y partidos políticos.
• puede intervenir en casos de retardo injustificado de la Justicia.

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