En Salta, la tomade terrenos es delito

SALTA.- Un matrimonio que usurpó la estación ferroviaria de Alemania, departamento Guachipas, utilizada antaño para conectar el tren con los servicios de ómnibus a Cafayate, fue procesado por el juez de instrucción formal de tercera nominación Pablo Farra, que ordenó el inmediato desalojo.

El magistrado salteño aplicó un criterio diferente del de la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña, Cristina Nazar, que dictaminó en la causa por el parque Indoamericano de Villa Soldati que usurpar un espacio público no es delito.

En Salta, la demanda la entabló el intendente de Guachipas, Enrique Cari. "Porque mi deber como funcionario es proteger, defender y preservar los intereses del Estado", señaló a La Nacion, y agregó que el fallo permitirá también recuperar tres casas y galpones de la dependencia transferida a la comuna en poder de otros ocupantes ilegales. Se trata de un predio de diez hectáreas que tenía el ferrocarril.

El procesamiento, según informó Prensa del Poder Judicial, se dictó contra Matías Liendro Traino y María Fernanda Padilla, que en 2006 ocuparon la ex dependencia ferroviaria y el predio de una finca que reivindica como propia la familia Palacios, asentada desde 1929 en la zona.

El magistrado sostuvo en los considerandos que los imputados efectuaron deliberadamente la ocupación de un terreno privado con el argumento de que habían obtenido una autorización para instalarse en el lugar, y abrieron una venta de artesanías.

Por tener un hijo menor, se demorará 15 días el desalojo de la vivienda en la finca, pero la estación deberá ser entregada al municipio. Se trata del punto terminal situado 90 kilómetros al sur de esta capital, del ramal C-13 del Belgrano Cargas, que parte de Cerrillos, en el empalme con el ramal C-14 que llega a la zona andina.

El Poder Ejecutivo Nacional cedió a la provincia ese tramo ferroviario y en agosto del 2006 el gobierno salteño lo transfirió a la comuna para parador, comedor, camping y otras actividades turísticas. Posteriormente, acondicionó la estación, donde se realizaron ferias de productos de campesinos de la cuenca del río Guachipas. La custodia se confió a un artesano que, sin aviso previo, la abandonó, y en esas circunstancias la pareja ahora procesada usurpó el inmueble.

La jurisprudencia de los tribunales salteños se orienta a aplicar las leyes penales que califican la usurpación de terrenos fiscales y privados como un delito. La política del gobierno provincial también es impedir las usurpaciones, luego de haberse formado numerosos asentamientos sin servicios elementales.

Por Carlos Pastrana <br/> Para LA NACION

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