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Entregaban falsos certificados de antecedentes
Están involucrados empleados del Registro de Reincidencias; investigan 500 expedientes
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La Justicia investiga a una banda que operaba dentro del Registro Nacional de Reincidencias. Un grupo de empleados con varios años de trabajo en esa dependencia que verifica los antecedentes delictivos había organizado un sistema irregular para dar a particulares certificados sobre la ausencia de causas judiciales. En concreto: falseaban los datos para sacar constancias "limpias" de antecedentes.
En el Juzgado Federal N° 2 porteño, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, son investigados más de 500 expedientes en los que habrían participado integrantes de esta banda, en la que estarían involucrados peritos del área de dactiloscopia y un agente del Servicio Penitenciario.
"Al detectarse irregularidades en la tramitación de algunos certificados de antecedentes penales, en la que habrían intervenido empleados, el Registro Nacional de Reincidencia efectuó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2", se informó en un comunicado de esa dependencia.
Se indicó, además, que el Ministerio de Justicia y Seguridad apartó a los empleados sospechosos de estar involucrados en esa maniobra.
La denuncia fue presentada el 9 de junio, según expresaron funcionarios del registro. Su directora, Mónica Litza, explicó la situación durante una conferencia de prensa. La funcionaria precisó que un empleado con más de 20 años de antigüedad en la repartición "prestó" su huella digital en decenas de trámites. De ese modo, los interesados en conseguir un certificado obtuvieron un documento oficial en el que se indicaba que carecían de antecedentes penales. Estos certificados se solicitan, por ejemplo, como requisito de acceso a determinados puestos de trabajo. También, por caso, para solicitar un permiso de tenencia de armas.
"Los certificados de antecedentes penales tienen un componente informático y uno humano, que es el que falló en este caso. No se vulneró el sistema, sino la confianza de ese componente humano", expresó Litza. La directora afirmó que los certificados cuyos resultados fueron adulterados corresponden, en su mayoría, a solicitudes realizadas por particulares y que no se detectaron fallas similares de seguridad en los trámites vinculados con dependencias policiales o judiciales. "Esto no tiene que ver con la reincidencia de delincuentes o con el tema de la inseguridad, que nos preocupa a todos", agregó.
Resultados comparados
Litza también aseguró que fueron chequeados los expedientes irregulares con los datos reales de las personas que accedieron al servicio de manera ilegal. Según manifestó, "la mayoría de los trámites hubieran dado el mismo resultado, hubiera salido que no registraban antecedentes".
Para la funcionaria, la maniobra tuvo como idea la obtención de una ganancia económica para la aceleración de los expedientes. "Pensamos que se había organizado una suerte de gestoría, que evitaba a la gente tener que venir y «poner los dedos»", indicó Litza.
En el registro, se señaló a un empleado del sector de atención al usuario como uno de los responsables de la maniobra.
