Escándalo en el Arzobispado de San Juan por fraude con parte de la limosna

Un escándalo sin precedentes en la provincia envuelve a la Iglesia Católica por una denuncia de fraude por los fondos recaudados de la limosna. Independientemente de la denuncia realizada por los abogados del Arzobispado de San Juan y ratificada por el propio Arzobispo, Monseñor Alfonso Delgado, un manto de dudas se esparció en la diócesis por el silencio de la máxima autoridad de la Iglesia Católica local.

El hecho salió a luz en el mes de noviembre, se encargó una auditoría y se estableció que no todos los fondos de la limosna que se recauda en iglesias y parroquias iban a la cuenta oficial. Llamativamente la denuncia se realizó recién el 12 de febrero de este año ante la fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Ana Lía Larrea, quien impulsó el pedido de investigación para el contador, Juan Brozina, y para el tesorero, Darío Tapia.

Los delitos investigados por el juez subrogante del Cuarto juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, son estafa, defraudación y administración fraudulenta. Las versiones hablan de un perjuicio que rondaría los 700 mil pesos, aunque el hermetismo con que se maneja el tema no ha permitido tener el número cierto.

Los dos denunciados ya presentaron la eximición de prisión de manera anticipada, lo que seguramente será otorgado porque no cuentan con antecedentes penales y porque la escala de la pena es de cumplimiento condicional.

Dudas en las redes

Tras conocerse el hecho por la publicación del semanario El Nuevo Diario, en las redes sociales se desataron un sinnúmero de críticas pero también aparecieron datos de otros posibles manejos que no están del todo claros, como por ejemplo la venta de un terreno o el destino de un predio donado por una mujer para la construcción de una casa de retiros. Hasta el momento el Arzobispo emitió un comunicado breve.

El comunicado del Arzobispado

1. En el marco de una auditoría administrativa e informática del Arzobispado se detectaron posibles irregularidades en el desempeño de dos empleados administrativos.

2. Recabados todos los elementos necesarios, el Arzobispado elevó la denuncia a la Justicia, de acuerdo a los procedimientos que corresponde para estos casos.

3. Una vez que se expidan las autoridades judiciales se podrá conocer el monto del posible perjuicio, que no ha afectado al normal funcionamiento del Arzobispado ni al destino de los fondos de las colectas de la Iglesia que se canalizan a través del Arzobispado.

4. Agradecemos la colaboración de los sacerdotes y de las parroquias que facilitaron estos procedimientos, al igual que al resto del personal del Arzobispado y al Consejo de Asuntos Económicos.

Por Enrique Merenda

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