Falsas denuncias. Crece el debate por un dilema que la Justicia no logra resolver

El testimonio resulta doloroso. Tomás Ghisoni cuenta que por más de una década perdió contacto con su padre, el médico Pablo Ghisoni, quien estuvo tres años preso por una denuncia de abuso sexual que resultó falsa. Cuesta dimensionar el dolor y el daño irreparable que esta situación generó. Ahora la Justicia está investigando si, tal como apuntó el fiscal que intervino, podría existir una un grupo de abogados y peritos psiquiatras y psicólogos que se dedican a fabricar falsas denuncias contra alguno de los integrantes de parejas que enfrentan procesos de divorcio conflictivos o que están en litigio por la tenencia y custodia de sus hijos.

En este contexto, existen dos proyectos de ley, impulsados uno por la senadora rosarina Carolina Losada (Unión Cívica Radical) y otro por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), que buscan aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, específicamente cuando se trata de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad.

El tema de las falsas denuncias se instaló con fuerza en la conversación social en los últimos días, y no son pocos quienes relatan conocer alguna persona que, en distintas situaciones no exclusivamente vinculadas con casos de abuso sexual infantil, cuentan historias de personas conocidas de su entorno que habrían sido acusadas injustamente, con la complejidad que eso significa.

Pero, ¿cuál es la verdadera incidencia de las falsas denuncias en relación al abuso sexual infantil intrafamiliar? ¿Realmente hoy la ley no sanciona a quien acusa injustamente? Y también: ¿quién impulsa una denuncia debe tener certeza absoluta o alcanza con una sospecha para pedir que la Justicia intervenga e investigue? Y en todo caso, ¿de quién es la responsabilidad del resultado de ese proceso, de la Justicia o del denunciante?

Estas son algunas de las preguntas que se abrieron en torno al debate que instaló el caso de los Ghisoni. Un debate que se da en la región junto con discursos reaccionarios a la avanzada feminista y que por estos días también ocurre en Uruguay. Aunque muchos suelen decir que no hay estadísticas, existen números que pueden ayudar a esclarecer las dimensiones de la situación.

Una en 1000

Una en 1000. Esa era la chance de obtener justicia que tenían los hijos de Eleonor, de tres, cinco y siete años, cuando contaron que su padre abusaba de ellos desde hacía ocho años. Pero no lo lograron: la justicia penal entendió que, pese a los informes del cuerpo médico forense que lo acreditaron, a los peritajes psicológicos y psiquiátricos y al relato que hicieron en cámara Gesell, no estaba probado el delito. Que se trataba de una pelea entre los padres después del divorcio y que la madre había implantado falsos recuerdos en la mente de sus hijos por revancha. Que, en definitiva, él era el padre y que con su exesposa debían ponerse de acuerdo y revincularse.

“Me encontré con dos monstruos: el padre abusador y el sistema judicial que todo este tiempo desprotegió a mis hijos. El día que mi hijo mayor me contó, fui a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte a denunciar. Me escucharon y me creyeron. Me recibieron en el paraíso y me depositaron en el infierno, que es el sistema judicial. Ahí, automáticamente te convertís en una desquiciada y los hijos, en mentirosos”, cuenta.

¿Qué dicen las estadísticas? En la Argentina, se estima que de cada 1000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres de ellas, son denuncias falsas, según las cifras del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses. Las cifras son de 2018, pero son las últimas disponibles. Fueron dadas a conocer en el Senado, cuando se impulsaba el debate en el proyecto de ley que modificó la definición del abuso sexual infantil como delito de acción pública de instancia privada. Ese año, se modificó y a partir de entonces, todo adulto que detecta algún indicio de abuso queda obligado por ley a denunciarlo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según datos de Unicef.

Las cifras del MPF indican que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba. Directamente no se investigan. La incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años.

Virginia Berlinerblau es psiquiatra infantil, médica forense y trabajó por 23 años como perito en casos de abuso en la Justicia, los últimos diez años en la Corte Suprema. Realizó una investigación sobre estadísticas judiciales que es el único trabajo de su tipo hecho en el país: analizó más de 120 expedientes judiciales que se tramitaron en el plazo de dos años.

“Hay una confusión entre denuncias falsas y denuncias que no pudieron ser fundadas, por la naturaleza misma de este delito, porque muchas veces no prosigue la investigación, la Justicia no la investiga o porque la persona o la familia se arrepiente, pero eso no es lo mismo que decir que ese abuso no existió”, dice Berlinerblau a LA NACIÓN.

En su investigación, la especialista diferencia aquellas denuncias que no prosperan por no poder ser probadas de aquellas que realmente fueron falsas, a los ojos de los peritos forenses. Mientras que cerca de la mitad no prosperan por no encontrar elementos de prueba, el 3,8% fueron denuncias deliberadamente falsas. Los resultados corroboraron que la estimación usada a nivel mundial también ocurría en la Argentina.

Aunque hay un dato que resulta relevante: la incidencia de las denuncias falsas casi se duplica y llega a ser de un 6% entre aquellas que llegan durante un proceso de divorcio conflictivo. Es decir que los efectores judiciales saben que ante una denuncia de abuso en el marco de un divorcio deben estar atentos a las intencionalidades de tales denuncias, pero, sin embargo, la incidencia de las falsas denuncias sigue siendo un porcentaje menor.

Juan Tesone es psiquiatra, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y dirigió por once años el Centro Pichon-Rivière, en Paris, especializado en psicoterapias ambulatorias con niños abusados. “Los estudios internacionales indican que las falsas denuncias llegan a ser de hasta el 8% en casos de divorcios conflictivos”, apunta.

“No es sencillo acreditar en una o tres entrevistas y menos en cámara Gesell, si un chico sufrió abuso. Son situaciones difíciles y ambiguas. Lo ideal sería que se hiciera un seguimiento transversal en el tiempo. Porque no existe el 100% en ninguna evaluación porque no se puede acceder a la verdad de lo que pasó si no a lo que muy probablemente ocurrió. Los resultados pueden ser más evidentes ante una denuncia falsa, pero la dificultad viene porque quizás no existió el abuso, pero sí hubo otra situación traumática de ser forzado a acusar a la madre o al padre ”, dice Tesone, que dicta capacitaciones en el Poder Judicial sobre la valoración de la prueba psicológica.

“Fenómeno” extendido

El crecimiento de los movimientos que impulsan el argumento de las falsas denuncias y lo describen como un “fenómeno que crece” no es exclusivo de la Argentina. En Uruguay adquirió especial relevancia durante el debate previo a la aprobación de tenencia compartida y también con los proyectos que buscaron modificar la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

En Chile, el libro Falsas Denuncias de Javier Rebolledo -éxito en ventas y a su vez foco de polémica y cuestionado por carecer de básicos conocimientos psicológicos del fenómeno- que aborda estos casos reactivó el debate. Allí también un grupo de diputadas impulsa un proyecto para endurecer las penas por denuncias falsas en casos de delitos sexuales.

“A Pablo Ghisoni lo conocí personalmente y su caso me parece dramático, horroroso, irreparable, pero lamentablemente no es una situación aislada. En España y Latinoamérica existe una enorme cantidad de casos, algunos de los cuales terminan con los padres presos y otros no, pero siempre con un daño irreparable a las hijas y los hijos víctimas de las peleas entre adultos donde se los elige para identificarse con uno de ellos y acusar al otro falsamente para ganar una disputa judicial. O por despecho”, dijo Rebolledo a LA NACION.

Y agrega: “Personalmente creo que es totalmente al revés: las falsas denuncias empañan y hacen que las verdaderas denuncias no sean investigadas debidamente. Es urgente una legislación ejemplificadora que termine con esta verdadera industria donde participan abogados y abogadas sin escrúpulos, asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras”.

Berlinerblau explica que a fines de los 90, a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos surgió un movimiento que se llamó backlash. “Ante el crecimiento de las denuncias, que ponían en jaque la visión tradicional y paternalista de familia creció un movimiento vinculado con grupos de derecha, que buscaron desacreditar las denuncias de abuso sexual infantil, poniendo el foco en los profesionales que investigaban la temática y se empezó a utilizar muy fuertemente el argumento de la falsa denuncia”, explica.

Entre los argumentos del backlash tenía matices: desde decir que los psicólogos y peritos confundían una caricia paternal con un acto de abuso, hasta comenzar a utilizar un supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), un concepto creado por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner. Gardner aseguraba que la pelea de la pareja durante el divorcio puede traducirse en que la madre “inocule” falsos recuerdos de abuso en los hijos.

Berlinerblau advierte que tal síndrome carece de consenso científico, que nunca fue investigado ni demostrado como tal y fue rechazado por la OMS y la Asociación Americana de Psicología. Se entendió que no sería posible implantar en un chico toda la sintomatología que produce un abuso y que esto debería ser claramente identificado por los profesionales.

Tesone confirma que esta figura no está validada científicamente ni tiene consenso de uso profesional. Sin embargo, es un argumento que suelen usar con frecuencia tanto los abogados que representan a padres o madres acusados de abuso, como incluso por los jueces en sus fallos.

Quien lo mencionó al opinar sobre el caso Ghisoni fue la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. “Que la madre —según los testimonios de Tomás, una protagonista clara de un caso de alienación parental— sea a la vez funcionaria pública y activista AntiSAP, muestra el enorme desafío que enfrentamos: desarticular un conjunto de relatos institucionalizados que, en nombre de las políticas de género, consagran una narrativa en la que las mujeres son siempre víctimas y los varones, victimarios, dejando de lado la verdad y comprometiendo la justicia”, opinó.

Cambios en el Código Penal

Al contar su caso, Ghisoni relata que los hombres “están en desventaja”. “Las cosas que tienen un origen en cuestiones de familia tienen que ser tratadas primero pidiendo una pericia médico forense legal a ambos progenitores y al grupo familiar, y después ver qué pasa con lo penal, porque acá el imputado fui yo, entonces a la madre se la corrió de todo tipo de pericia. A mí me pusieron prisión preventiva por riesgo de fuga cuando nunca en mi vida tuve una denuncia. La valoración de quién hace la denuncia es fundamental en esto. Acá, como no pasa absolutamente nada tras una falsa denuncia, es un recurso muy utilizado por las mujeres para privar a los padres de ver a sus hijos”, dijo.

“Esta situación y el impulso de estos proyectos de ley representan un enorme dilema, no solo ético, sino también jurídico. Y para miles de personas representa una encerrona trágica”, explica Paula Watcher, directora de la Red por la Infancia, una ONG que es referente a nivel nacional sobre el abordaje de casos de abuso sexual en la infancia.

Watcher fue una de las impulsoras de la modificación de la ley que entendía que el abuso sexual era un delito de instancia privada, hasta 2018. Hasta ese cambio, si un chico sufría abusos, y alguien en la escuela o en el sistema de salud, o algún vecino o familiar lo detectaba y denunciaba, solo podía seguir la investigación si el padre, madre o tutor ratificaba la denuncia. Un planteo absurdo, ya que dos de cada tres abusos sexuales contra la infancia ocurren en el seno familiar. A partir del cambio en la ley, toda persona adulta que advierte una posible situación de abuso, está obligada por ley a denunciar.

“El dilema es que, si prosperan estos proyectos de ley, la persona que está en esta situación no tiene opciones. Si no denuncia, resulta cómplice de la situación. Pero si denuncia esa sospecha, y resulta que la Justicia determina que no existió el abuso, o no puede probarlo, podría ser demandada. Entonces, claramente esto resultará en una forma de desalentar a la denuncia. Mejor no denuncies, a ver si después se te vuelve en contra. Y lo más cruel es que en el medio está la vida de un niño o una niña que queda completamente desamparado”, apunta Watcher.

“Cuando una persona denuncia lo hace sobre una sospecha. No se denuncian certezas, se denuncian posibles delitos. Es la Justicia quien tiene que investigar y determinar si el delito existió. De ninguna manera, el peso puede caer sobre el denunciante”, apunta Sebastián Quatrouomo, de la ONG Adultos por los derechos de las Infancias, que desde hace 15 años nuclea a sobrevivientes de abusos sexuales y familias que denunciaron abusos.

“El mensaje que se está dando es el de no denuncien. Es muy triste porque puede tener un efecto contrario muy negativo. Cuando vos sos chico, no hay nada más demoledor que sentir que en tu familia, en tu barrio, en tu escuela, en tu club nadie te cree, nadie te ve, o lo que te pasa simplemente no existe. Es un mensaje devastador, de una sociedad adultocéntrica, donde se está más preocupado por cómo una denuncia de este tipo afecta la vida del adulto, del padre o de la madre, que en atender la situación que vive un chico o una chica y poner fin a ese abuso”, dice.

En la Argentina, el Código Penal ya pena la falsa denuncia. Los proyectos presentados en el Congreso proponen modificarlo para aumentar las penas, pero solo en hechos de violencia género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. Es por eso que las organizaciones alertan que desalentarían la denuncia. Y los datos muestran que ya son pocos los casos que lo hacen. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec.

“De no ser escuchada pasamos a que la palabra de la mujer se tome como prueba. Hoy en día se toma como prueba el testimonio. Esto está afectando negativamente a las mujeres. Que una persona sea absuelta no implica una falsa denuncia, porque para que haya un juicio por falsa denuncia tiene que haber un nuevo juicio a la persona que denunció, en donde corre nuevamente el principio de inocencia. La mentira no tiene género y la falsa denuncia tampoco. Hay hombres y hay mujeres denunciadas falsamente. Estamos buscando es que los recursos de la Justicia vayan a las verdaderas víctimas”, dijo a LA NACIÓN Losada.

“La reforma desincentiva la denuncia y refuerza estigmas sobre las víctimas, equiparando la falta de prueba con falsedad. Genera temor a denunciar y refuerza estereotipos sobre las mujeres (como mentirosas o manipuladoras). Podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz”, alerta un documento del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Y concluye: “El proyecto no contribuye a resolver los problemas de funcionamiento del sistema judicial ni mejora la protección de las personas denunciadas injustamente. Por el contrario, agrava las barreras para denunciar, socava la confianza en la justicia y puede tener efectos adversos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

Por Evangelina Himitian y Lucila Marin

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