Familiares de víctimas del fentanilo contaminado reclamaron justicia en Rosario 

ROSARIO.- En un lugar emblemático para la ciudad como el Monumento a la Bandera se realizó este jueves la primera marcha de familiares que son víctimas de personas fallecidas por el fentanilo contaminado que surgió de HLB Pharma, laboratorio ubicado en Ramallo, cuyos directivos están en prisión preventiva por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

En soledad, y muchas veces sin saber lo que había ocurrido con sus parientes que fallecieron mientras estaban internados, un grupo personas damnificadas por esta tragedia se reunieron frente al río Paraná para hacer catarsis, darse ánimo y exigir a las autoridades y a la justicia que la investigación avance para determinar quiénes fueron los responsables de este episodio que provocó la muerte a más de 100 personas. Con carteles con el rostro de los fallecidos, los familiares reclamaron justicia y expresaron el dolor que los atraviesa. También portaban carteles con fotos de Ariel García Furfaro, uno de los accionistas de HLB Pharma, el laboratorio de Ramallo, donde se produjo el fentanilo contaminado que después se distribuyó en droguerías y hospitales y sanatorios.

Esta convocatoria, bajo la consigna “encuentro nacional de familias víctimas de fentanilo contaminado”, fue impulsada por un grupo de mujeres que, según aclararon, es “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”. La idea “es visibilizar tragedia para tender puentes de ayuda para todas las familias que lo necesitan”.

Carla Maino, odontóloga cuyo padre falleció en el hospital Italiano de Rosario, luego de una cirugía programada fue quien organizó la marcha junto con Ivana Garcilazo. Estas dos mujeres se transformaron en referentes de los familiares al empezar a descubrir que todos habían pasado por la misma tragedia. Pacientes que habían ingresado al hospital y después de que pasaran por terapia habían contraído neumonía.

A Ana María Carranza y a Oscar Salazar les sucedió lo mismo. Su hija Ana Belén Salazar, de 38 años, ingresó a ese sanatorio el 2 de abril pasado por una convulsión. “Ella pasó por distintos tratamientos e internaciones, hasta que la llevaron a terapia intensiva, la intubaron y falleció el 27 de julio”, contó Ana María Carranza, con la foto de su hija.

“Nadie nos dijo nada en el sanatorio, y en la TV nos enteramos lo que empezaba a verse con el fentanilo. Cuando pedimos la historia clínica nos dimos cuenta que le habían dado esa droga”, Oscar Salazar.

Las historias, atravesadas por el dolor, se repiten. “Recién ahora la gente empezó a darse cuenta lo que pasó. Que nuestro familiares murieron por el fentanilo contaminado”, sostuvo Gisela Amín, hija de Elida Inés Ruiz, quien murió el 10 de mayo, también en el Hospital Italiano de Rosario. “Mi madre tenía 75 años y estaba en perfecto estado de salud. En febrero se había realizado un chequeo y le había dado todo perfecto”, apuntó.

Elida entró a la guardia del hospital Italiano Centro el 4 de abril por una dolencia en el oído. Sí hija señaló que los médicos le dijeron que tenía una infección. “Estuvo 48 horas internada en la guardia donde le dieron antibióticos, pero después la llevaron a terapia por una infección respiratoria. La intubaron y a los pocos días murió. Ella no tenía nada grave, pero después descubrimos que le habían dado fentanilo y eso fue lo que la mató”.

A Gisela nadie la llamó para avisarle por qué había muerto su madre. Al ver en las redes sociales lo que había pasado con el fentanilo contaminado decidió llamar al juzgado de La Plata. “Ahí me confirmaron que mi mamá estaba en una lista”, sostuvo la mujer, que junto a sus familiares se manifestó al monumento a la Bandera.

La investigación por la causa fentanilo avanza también en el Congreso de la Nación y la semana pasada se llevó a cabo la segunda reunión de la comisión especial que investiga al opioide contaminado. En esa oportunidad, directivos del hospital Italiano de La Plata y allegados de las víctimas, varios de ellos de Rosario, se hicieron presentes y dieron su testimonio. Además, se habilitó la posibilidad de que el grupo de diputados que investiga la causa llegue a la ciudad para escuchar a las familias de toda la provincia y la región.

“Esta comisión planteó la posibilidad de ir a Rosario, para escuchar a la gente de allá y de Santa Fe”, expresó Mónica Fein, quien estuvo en la marcha. Es la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y/o Adulterado de la Cámara de Diputados de la Nación. El grupo de familiares de víctimas en Rosario ya presentó el pedido formal para que en las próximas semanas la comisión arribe a la ciudad.

En la causa del fentanilo contaminado, a cargo del juez Kreplak, se investiga desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia, y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.

Según lo publicado por la Justicia de La Plata, donde se investiga esta causa, hay notificados 124 casos de pacientes víctimas del fentanilo contaminado: 59 en la provincia de Santa Fe, alrededor de 30 en Rosario, 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 caso en la ciudad de Buenos Aires.

Rosario es un lugar emblemático en la historia de esta tragedia, porque los directivos de HLB Pharma, entre ellos los hermanos Damián y Ariel García Furfaro, tuvieron antes de abrir la planta en Ramallo otro laboratorio en esta ciudad, que se llamó Apolo y que también está atravesado por una historia trágica. La planta de Apolo explotó en 2016 por razones que nunca se pudieron establecer.

El intendente de Rosario Pablo Javkin declaró en la causa que sigue el juez Kreplak y aportó documentación, con el foco puesto en los accionistas de este laboratorio. Entre los archivos que envió el intendente se encontraba la controvertida resolución que tomó en 2019 el juez rosarino Hernán Postma con los responsables del laboratorio Apolo, que explotó en 2016. LA NACION reveló en mayo pasado que este magistrado otorgó una probation a los accionistas de este laboratorio que funcionaba en el barrio La Tablada.

Los responsables de Apolo, que generaba sospechas en varios ámbitos, entre ellos el Concejo Municipal de Rosario, decidieron luego del siniestro abrir otra empresa, que se llama Ramallo SA, y funciona en la misma planta que HLB Pharma Group SA, en la provincia de Buenos Aires.

Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista, en San Nicolás, que manejaba el exdiputado provincial y actual concejal del peronismo Andrés Quinteros, que tenía vínculos con los accionistas de Apolo.

Los otros imputados, como Damián García, Ariel García Furfaro y Vozza fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Lo llamativo de la medida judicial era que uno de los imputados, como Furfaro, figuraba como abogado del Museo Justicialista de San Nicolás. La resolución de este caso no tuvo casi difusión. El tema es un escándalo, que increíblemente nunca tomó trascendencia pública hasta que fue publicado por Aire de Santa Fe.

Ante el magistrado, Javkin recordó que varias de las personas vinculadas a la causa que investiga Kreplak “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’”.

LA NACION

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