Grave crisis policial en Mendoza

MENDOZA.- Más de mil suboficiales y agentes de policía iniciaron un cese de actividades para pedir mejores condiciones laborales y desataron una crisis institucional sin precedente en esta provincia, que derivó en la paralización de servicios bancarios, la suspensión de clases en escuelas y universidades, el cierre anticipado de comercios y la restricción del transporte de colectivos por falta de seguridad pública.

En lugar de elegir alguna dependencia policial para autoacuartelarse, los manifestantes se concentraron frente a la Legislatura, donde pasaron la noche, y desde allí elevaron un petitorio en el que solicitaron aumentos de sueldos, más inversión en equipamiento policial, incremento de personal y leyes más severas para combatir la delincuencia.

Anoche, comenzaron a llegar a la ciudad los primeros gendarmes provenientes de Córdoba, Rosario y Buenos Aires enviados por el gobierno nacional para hacerse cargo de las tareas de seguridad mientras dure el conflicto.

El detonante de esta insurrección fue la muerte del cabo Héctor Castillo, que el domingo último, a la noche, recibió una puñalada en el pecho cuando realizaba un procedimiento para recuperar un automóvil robado.

Después de asistir al sepelio de Castillo, suboficiales y agentes de distintas seccionales del Gran Mendoza marcharon por las calles de la ciudad y se concentraron anteanoche frente a la Legislatura.

Allí pidieron la reforma del Código Procesal Penal de Mendoza para dar mayores garantías a la policía en la lucha contra la delincuencia y a la vez limitar las excarcelaciones.

También solicitaron un aumento salarial que permita elevar el sueldo básico de 400 a 1000 pesos, incorporar más efectivos a las comisarías y eliminar los servicios especiales de los que se valen los policías para tener un ingreso extra.

Tras estudiar la situación durante toda la noche, el gobernador, Arturo Lafalla, firmó un decreto donde se dispone el pago en diez cuotas mensuales de una suma fija no remunerativa ni bonificable de mil pesos para todo el personal, con excepción de comisarios y oficiales superiores.

También dispuso invertir un millón de pesos para adquirir chalecos antibalas, el reconocimiento de adicionales al sueldo que hasta ahora no se liquidaban, la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas y la incorporación de más policías.

Le dieron la espalda

Los alcances del decreto fueron leídos ante los manifestantes por el jefe de la Unidad Regional Primera de Policía, comisario Pedro Sánchez, a quien interrumpieron con una aguda silbatina cuando leyó el artículo referido al aumento salarial.

En señal de rechazo, los policías dieron la espalda al jefe policial y éste no tuvo otro camino que dejar de leer el decreto y retirarse del lugar, lo que fue observado como un evidente deterioro de la cadena de mandos.

Al grito de "no nos vamos hasta que lleguen las soluciones", los policías ratificaron la medida de protesta y vieron fortalecida la insurrección cuando llegaron numerosos móviles policiales desde las zonas este y sur de Mendoza que transportaban efectivos dispuestos a adherir a la protesta.

También recibieron la solidaridad de la CGT Regional Mendoza, el Sindicato del Personal de Micros y Omnibus, que decidió paros progresivos, la filial Mendoza de la Asociación Trabajadores del Estado y los choferes de taxis de Mendoza.

La tensión en el seno del gobierno fue creciendo al ver cómo el paro policial cosechaba más adhesiones. Por eso el gobernador Lafalla solicitó al Ministerio del Interior que preparara el envío preventivo de mil gendarmes, para asegurar la custodia de servicios esenciales de la provincia.

A mediodía, por la Casa de Gobierno desfilaron legisladores, funcionarios, jueces y políticos que buscaban informarse sobre la magnitud de la crisis de la seguridad pública.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Pedro Llorente, se reunió con el gobernador para manifestar su preocupación, pero también le expresó su respaldo. Lo visitaron, además, legisladores de los bloques justicialista, demócrata, radical y frepasista de la Legislatura provincial.

"Los mendocinos se sienten indefensos ante esta situación", dijo el presidente del Comité Provincia de la UCR, Juan Carlos Jaliff, al término del encuentro con el gobernador, mientras que la presidenta del bloque de diputados del Partido Demócrata, Teresa Peltier, afirmó que "será muy difícil dar un aumento de salario a los policías, porque esto provocará una corrida de reclamos de los otros empleados públicos imposible de cumplir".

El gobernador Lafalla les dijo a todos que no cedería ante las presiones y afirmó que los manifestantes que desearan continuar con la medida deberían entregar sus armas, móviles y uniformes, "porque pertenecen al pueblo mendocino".

La protesta se vio agravada cuando se sumaron los guardias de la penitenciaría provincial, que presentaron un petitorio que procura reivindicaciones salariales. Fuentes empresariales dijeron que desconocidos habían saqueado, por lo menos, cinco grandes supermercados.

Sensación de inseguridad

MENDOZA.- A diferencia de anteriores autoacuartelamientos, la nueva modalidad de protesta de los policías mendocinos tuvo un sesgo gremial con un evidente impacto en el ánimo de la comunidad, que comenzó a sentirse insegura.

Por primera vez, los policías recurrieron a la explanada de la Legislatura mendocina, un escenario de protesta que parecía propiedad exclusiva de sindicatos y agrupaciones políticas. Allí se hicieron presentes con pancartas, banderas argentinas, bombos y altavoces, para difundir sus reclamos y hacer oír su voz cuantos lo pidieran.

Pero esta manifestación "gremial policial" tuvo un efecto preocupante que fue más allá de las formas. Despertó una generalizada sensación de inseguridad entre los mendocinos.

Su primera manifestación se vivió a primera hora de la mañana cuando la mayoría de los bancos decidió no abrir sus puertas porque no contaban con policías para la custodia. Sólo el Banco Nación, cuya seguridad la brinda la Policía Federal, y dos o tres bancos privados que contrataron servicios de custodia por su cuenta, atendieron a sus clientes con normalidad.

Con el correr de las horas la sensación de inseguridad se trasladó al ámbito educativo. La Dirección General de Escuelas suspendió las clases del turno tarde en colegios primarios y secundarios y las universidades privadas junto con la Universidad Nacional de Cuyo también decidieron no dictar clases.

Los empresarios del transporte de colectivos resolvieron disminuir las frecuencias a la tarde por falta de seguridad y otro tanto ocurrió con los taxis del Gran Mendoza.

Por Sergio Dimaría

---

Conforme a