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A semanas de que se cumplan 15 años de la Ley de Salud Mental, familiares que deambulan a diario entre el sistema de salud y la Justicia en búsqueda de ayuda para seres queridos con problemas de salud mental –en muchos casos por adicciones– pidieron una vez más, esta tarde, por la adecuación de esa norma a las urgencias que enfrentan cotidianamente.
Vestidos de negro, a partir de las 16.30, en la Plaza Manuel Belgrano (avenida Juramento, entre Vuelta de Obligado y Cuba) se reunieron para “gritar lo que se calla” en una convocatoria que partió de las familias que cada jueves se encuentran en búsqueda de orientación y contención en el espacio cedido por el Museo Larreta a la Asociación Familia Esperanza (FE), que fundó Marina Charpentier, y recibe a diario pedidos de ayuda de todo el país.
“Miles de personas con padecimientos mentales y adicciones quedan fuera del sistema, sin acceder a tratamientos por una ley que necesita ser modificada. La ley N°26.657 debe ser revisada porque cada vida que se pierde es una urgencia ignorada”, plantearon al compartir por qué, hoy, cambiaron el lugar donde se reunieron. Mañana, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.
La propia Marina Charpentier invitó a través de un video para autoridades y legisladores a que “no se olviden de que hay una pandemia de salud mental” e instó a que atiendan el pedido de cambios a la ley para brindar mejores servicios especializados.
“Necesitamos una mejor salud mental, digna, con tratamientos que tengan sentido y ayuden de verdad a la gente que los necesita”, señaló la madre del cantante Chano que, en los últimos años, alzó la voz públicamente en nombre de los familiares que la contactan para pedir ayuda. “No faltes, acompañanos. No sabés si mañana te puede pasar a vos”, planteó para la convocatoria de esta tarde con el lema “la salud mental se viste de negro”.
Poco a poco, a partir de las 16.30, empezaron a llegar madres, padres, hijos, hermanos u otros familiares de chicos, adolescentes o adultos con problemas que no encuentran cómo sobrellevar. Pilar, de 75 años compartió su testimonio: uno de sus hijos consume, intentaron con él todos los tratamientos “a pulmón” en la familia, sin resultado. Vive en la calle hace tres años y su madre sigue pendiente a diario.
“Estoy acá, vestida de negro, para pedir por la ley de salud mental a quienes quieran escuchar porque nuestros familiares son invisibles”, dijo. “Nuestros hijos merecen vivir. Como familia, necesitamos que nos escuchen. ¡Queremos que nuestros hijos vivan! La salud mental es tan importante como la del cuerpo. No les den la espalda. No nos den la espalda -pidió-. Legisladores: no cierren la puerta en nuestras narices. Redacten una ley que respete la vida."
Charpentier reclamó una modificación de la norma que permita que la familia pueda participar de las decisiones sobre las internaciones, pedirlo en las guardias cada vez que llevan a un familiar en crisis.
“Para internar a un paciente por un problema del corazón no hay que pedirle permiso a un juez. ¿Por qué hay que hacerlo con una enfermedad mental? ¿Acaso el cerebro es menos que el corazón? -planteó la fundadora de Familia Esperanza-. Tampoco puede ser que en los hospitales respondan que no hay camas disponibles para los pacientes que llegan con una enfermedad mental o que en las guardias los mediquen hasta dejarlos estúpidos o los dejen unas horas hasta poder preguntarles si quieren o no quedarse internados porque así lo dice la ley de salud mental. Necesitamos que si necesitan que los mediquen, no sea con sedantes para calmarlos nada más, sino que sea con una evaluación adecuada y un diagnóstico."
Charpentier reclamó, además, un mayor trabajo en las escuelas con equipos profesionales y los padres para asistir a chicos y adolescentes que llegan con signos de alarma, como tristeza, sentimientos de soledad o que están deprimidos. “Al diputado Pablo Yedlin, que preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública, le pedimos que saquen los proyectos de modificación de la Ley de Salud Mental y trabajen”, agregó.
Son tres los artículos que piden modificar. Se refieren a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se le imponen a las familias -de difícil o imposible cumplimiento, como refirieron en esta quinta convocatoria-, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis.
Está, también, la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con falta de lugares especializados, además de que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma. Solo se asigna, desde que se sancionó la ley en 2010, no más de un 2% de los fondos nacionales destinados a salud.
Hace un año, para esta misma fecha, en la Plaza de Mayo, familiares pidieron a los legisladores “que trabajen” junto a psiquiatras y psicólogos que se sumaron a peticionar, una vez más, por la actualización de la norma. Desde entonces, no hubo avances en el Congreso.
La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica-ARI), integrante de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, promueve entre sus pares la modificación de la ley y, por el momento, logró consenso para avanzar, pero en la aprobación de una iniciativa que presentó para que se declare la emergencia en salud mental. La legisladora asistió, hoy, a la convocatoria en la Plaza Manuel Belgrano.
La resistencia a dar tratamiento al cambio legislativo que promueve Campagnoli entre sus pares tiene más que ver con la oportunidad que con la voluntad, ya que cada vez son más los integrantes de esa comisión que coinciden en que hay que mejorar una norma que falló en su implementación.
El Gobierno también sostiene que hay que modificarla y, de hecho, así lo hacía el proyecto ómnibus que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso en diciembre de 2023. Pero ese capítulo finalmente se retiró durante las negociaciones con otras fuerzas y se informó, en aquel momento, que se trataría por separado en sesiones ordinarias, lo que no sucedió. ¿Podría salir por decreto? Es lo que responden en el Gobierno ante la consulta, mientras familiares y profesionales se volverán a convocar hoy para reclamarlo. En la población, en tanto, crecen las señales de alerta.
Un relevamiento que dio a conocer más temprano la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a propósito de esa fecha revela que el 35% de los argentinos en edad productiva (18 a 65 años) tiene algún grado de malestar psicológico. El año pasado, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), que monitorea el mismo indicador desde 2010, había detectado un valor algo menor –el 28,1%–, pero que confirmaba una tendencia que no cede al aumento en los últimos cinco años, a diferencia de los anteriores, y fue similar al hallado específicamente en la población porteña, como se publicó también hoy.
En el trabajo del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, en alrededor de un 9% de los casos, ese nivel de malestar es tal que anticipa riesgo de trastorno mental. Síntomas ansiosos, alteraciones del sueño, agotamiento emocional y desánimo persistente son las señales de alerta más comunes.
“La investigación evidencia una regla epidemiológica constante: los niveles de malestar son mayores en mujeres, en jóvenes y en quienes cuentan con menos recursos económicos o sociales. También se observa que los centros urbanos más grandes, especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las capitales provinciales, registran los niveles más altos de malestar”, señalaron los investigadores de la Facultad de Psicología sobre la tendencia que, en su caso, relevan desde 2019. “Sin embargo -continuaron-, regiones con menor acceso a recursos de salud mental, como el noroeste y el noreste argentino también muestran altos niveles de ansiedad y estrés, vinculados a desigualdades estructurales y barreras de acceso a la atención.”
